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La Comisión Nacional de Valores mantiene reuniones con exchanges y expertos para darle forma a una regulación de los activos digitales
El mercado cripto local viene dialogando con la Comisión Nacional de Valores (CNV) que avanza en una regulación para los activos digitales, incluida dentro de la reforma de la Ley de Lavado que analiza la Cámara de Senadores.
Tal como adelantó iProUP, la semana pasada hubo una reunión de las autoridades del organismo con los principales referentes del sector. Por el momento, en la industria prevalece la cautela y aseguran a micrófono abierto que "los están escuchando".
Ley Cripto: ¿cómo afecta a los usuarios?
La CNV será la autoridad de aplicación dentro de las monedas digitales y utilizará para los exchanges mecanismos de supervisión, al estilo de lo que efectúa sobre sociedades de Bolsa.
Nicolás Verderosa, abogado y especialista en criptomonedas, asegura a iProUP que la regulación propiamente dicha no es un aspecto negativo y, en cierto modo, necesaria.
"Veo beneficioso que se brinde un marco legal al mercado de criptomonedas, le otorgue legitimidad y lo coloque en el centro de la escena, favoreciendo la discusión, intercambio de ideas y adopción por parte de quienes no se animan por falta de conocimiento", destaca el experto.
En particular, la protección al consumidor, la prevención de actividades delictivas (estafas, lavado y financiamiento del terrorismo), la promoción de la competencia privada y la innovación. "La CNV no es el organismo más 'invasivo' para la regulación cripto: controla los activos financieros o securities para brindar transparencia a los inversores", señala el especialista.
En su visión, "el aspecto en el que habrá mayor controversia, y los gobiernos apunten sus cañones, será el impositivo".
"La IRS, en EEUU, y la AFIP, en nuestro país, serán más invasivos: pedirán a los contribuyentes que declaren sus billeteras y aplicarán más impuestos a la compra y tenencia a través de exchanges centralizados locales o con sede en países con convenio con Argentina", añade. De hecho, se espera que la normativa tenga una fuerte intención recaudatoria:
- 10 millones de personas tienen criptomonedas en el país, según cálculos de la CNV
- El "colchón cripto" es de u$s93.000 millones, señalan desde Chainalisys
Es decir, los argentinos poseen en divisa digital el equivalente a un tercio de la deuda externa argentina (u$s270.000 millones) y el doble de las obligaciones con el FMI.
Ley Cripto: ¿qué pasará con las operaciones?
Iñaki Apezteguia, cofundador de Crossing Capital, afirma a iProUP que ya existe cierta regulación en el país: la tenencia cripto está gravada por Bienes Personales y la renta financiera por Ganancias cuando se venden criptomonedas.
"El proyecto de ley que avanza en el Senado busca equiparar al mercado cripto con el de activos tradicionales que caen bajo el paraguas de la CNV", señala el experto.
Advierte que "esto puede ser bastante negativo, porque restringe muchísimo la generación de nuevas empresas y las operatorias. En vez de facilitarlas bajo una regulación flexible, puede traer más 'dolores de cabeza', entorpeciendo el crecimiento del ecosistema".
Apezteguia recalca que muchas empresas, ante un aumento irracional de requisitos y la imposibildiad de conflictos, buscarán la "alternativa". "Eso afectará muchísimo el volumen de operaciones en Argentina, por lo que impulsará a que el circuito cripto se maneje por la vía informal, como sucede en otros aspectos", advierte el especialista.
Para Apezteguia, "la normativa debe favorecer el desarrollo del ecosistema con beneficios fiscales, facilitación de programas de educación y capacitación, y reglas claras que promuevan el mercado en lugar de entorpecerlo o castigarlo".
Federico Ast, docente cripto y director ejecutivo de Kleros, sostiene a iProUP que antes de hablar de regulación se deben distinguir las diferentes actividades del mundo cripto. En este sentido, "los exchanges ya están regulados de una forma similar a los bancos".
"La normativa remarca que la custodia de los activos sea realizada de forma correcta y que haya recaudos para evitar maniobras como el lavado de dinero", señala. Respecto al desarrollo tecnológico y descentralización, como los proyectos enfocados en la web3, cree que no sería conveniente, ya que "estamos en una etapa demasiado temprana para regular".
"Hay cosas que todavía no se sabe cómo van a terminar funcionando, por lo que termina teniendo efectos negativos. Por ejemplo, que los talentos que desarrollan tecnología se vayan a países con regulaciones más adecuadas", asegura.
En este sentido, Ast remarca que "Argentina tiene un ecosistema cripto bastante desarrollado: hay personas que ingresaron por los problemas con el peso, aprendieron a programar y crearon proyectos interesantes. Si el país regula demasiado sin considerar el avance tecnológico, puede ocasionar que se terminen yendo".
Ley Cripto: cuál sería la regulación ideal
Para Ast, el objetivo de una regulación debe considerar que la industria avance lo máximo posible, ofrezca libertad para operar, asegure el desarrollo tecnológico y, principalmente, evite la fuga de talento. "Es importante entender que para estas personas es muy fácil irse a trabajar a otro país, sobre todo para los que son programadores. Sería una pena para la Argentina", lamenta.
En tanto, Verderosa recomienda a los Estados no centrarse solo en la recaudación. "La SEC argumenta que la mayoría de los tokens no son de utilidad sino securities. Tiene algo de razón en lo conceptual, ya que la mayoría promete distribución de ganancias", señala el experto.
En su visión, "está a la vista que se ha 'ensañado' con dos grandes exchanges que mueven mucho volumen por fuera del mercado regulado y que el Estado quiere un pedazo de la torta".
En el caso concreto de Argentina, Verderosa señala que es muy probable que hagan una versión sui generis de legislación, ya que se centrará principalmente en la recaudación impositiva y no en abrirle las puertas al pequeño inversor.
"Ya vimos como el BCRA rápidamente cortó la posibilidad de que bancos tradicionales permitan acceder a criptomonedas, dando a entender que al Estado argentino no le interesa el libre acceso a estos activos", concluye.
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