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Colegio de Abogados critica restricciones para operar con bitcoin en Argentina

 

El Banco Central de Argentina no permite a billeteras virtuales ofrecer compraventa de bitcoin.


Hechos clave:
Para el Colegio de Abogados, la decisión del BCRA va a contramano de la innovación.
Agrega que se vulneraría un derecho constitucional.
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, criticó las recientes medidas del Banco Central (BCRA) que afectan a billeteras virtuales.

Tal como lo reportó CriptoNoticias el pasado 4 de mayo, estos proveedores de servicios de pago ya no pueden ofrecer compraventa de bitcoin (BTC) y criptomonedas. Una de las billeteras virtuales afectadas es Ualá, que tuvo que cancelar ese servicio.

Para el Colegio de Abogados, tal prohibición «conlleva una grave limitación respecto de iniciativas legítimas que posibilitan innovación, inversión, inclusión financiera y empleo genuino en el país, al agregar nuevas restricciones a los canales de acceso para los usuarios de estas nuevas tecnologías disponibles».

Además, el Colegio de Abogados exhortó a las autoridades competentes a revisar esta medida:

«[Las restricciones del BCRA], a contramano de la innovación y el desarrollo, cercenan elementales garantías y libertades de los habitantes de la Nación y, a su vez, vulneran el derecho constitucional de múltiples compañías y emprendedores a trabajar, comerciar y ejercer una industria lícita».

Comunicado del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buernos Aires
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires es una institución profesional representativa de los abogados de la ciudad capital de Argentina. Su función principal es regular y supervisar la conducta profesional de sus miembros, garantizando la ética y la competencia en la práctica de la abogacía.

Además, el Colegio de Abogados desempeña un papel activo en la discusión de asuntos legales y políticos que afectan la profesión legal y, en general, el estado de derecho en Argentina. Por lo tanto, se preocupa por defender la independencia del poder judicial, los derechos y libertades civiles y, en casos como este, la adopción y el uso de tecnologías emergentes que tienen implicancias legales y sociales significativas.




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