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El Banco Central (BCRA) trabaja en una nueva norma (se aprobaría este jueves en su reunión de directorio) que ampliará a las deudas que provincias y municipios hayan tomado en dólares y enfrenten próximos pagos de ellas los criterios restrictivos de pago que ya rigen para la cancelación de las emitidas vía Obligaciones Negociables (ON) por parte de las empresas.
Básicamente, les comunicará a esas administraciones que tendrán acceso al mercado cambiario oficial para comprar con pesos hasta el 40 por ciento de los dólares que necesiten para hacer frente a esas obligaciones lo que, en los hechos, supone disponer que deberán cancelar el 60 por ciento restante al menos en lo que resta del presente año con tenencias propias, financiamiento al que accedan o renegociando plazos con sus acreedores, si no quieren incurrir en algún tipo de incumplimiento.
La determinación llega cuando la entidad a cargo de Miguel Pesce se apresta a atravesar un nuevo desierto cambiario, el que amenaza volverse más árido a medida que se acerquen las elecciones.
Esto es teniendo en cuenta el final del dólar soja III que, aunque le permitió recomprar unos 1400 millones de dólares para su muy exigua tenencia, no logró rescatarla del terreno negativo, en términos netos, en el que se encuentra desde hace más de dos meses.
Las cifras oficiales muestran que, en el primer trimestre del año, las empresas públicas (básicamente Aysa e YPF) y las provincias (Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza, básicamente) le demandaron al BCRA 1120 millones de dólares para pagar deudas, cifra equivalente al 37 por ciento de las ventas netas de dólares que realizó la autoridad monetaria en ese período.
El objetivo del BCRA ahora es reducir ese drenaje aplicándole a las provincias la misma normativa que, desde hace casi dos años, obliga al sector privado a refinanciar el 60 por ciento de sus compromisos en moneda dura, lo que disparó múltiples reestructuraciones de esos pasivos -ampliando en al menos dos años los plazos de pago- desde finales de 2020 y hasta hace algunos meses.
Según estimaciones de mercado hay comprometidos en la segunda parte del año pagos por unos 1400 millones de dólares relacionados con vencimientos de capital e intereses de deuda tomada en moneda extranjera mediante bonos emitidos por Chaco, Tierra del Fuego, Chubut, Córdoba y Neuquén.
De ser correcta esa cifra, la nueva norma dejaría habilitado el acceso al mercado por unos 560 millones de dólares en lo que resta del año, y obligaría a los subsoberanos (provincias) afectados a poner de sus propios bolsillos -o refinanciar- los 940 millones de dólares restantes.
Un dato que demuestra la situación actual de las reservas es que las obligaciones totales que las provincias tenían comprometidas este año son 22 por ciento inferiores al calendario de vencimientos por 2100 millones de dólares que enfrentan para el año siguiente y muchos menores a los 2650 millones de dólares que tienen comprometidos en pagos por año en promedio para el bienio 2025/26. Eso deja a la vista la dimensión que tomó la falta de reservas.
Según cifras oficiales, hay depósitos por 2500 millones de dólares en poder de distintos organismos, empresas públicas o estados subsoberanos. La mitad de ellos corresponderían precisamente a provincias.
La intención del BCRA es que recurran a parte de esos recursos en medio de esta emergencia.
agencia nova
