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El régimen previsional actual se ha vuelto no solo insostenible sino también inequitativo
“…En torno al sistema jubilatorio existe una gran confusión. Se cree que funciona como un enorme fondo de pensión al que cada trabajador aporta a lo largo de los años activos, para recibir, llegada la edad jubilatoria, un pago mensual, relacionado con sus aportes y el rendimiento de las inversiones de dicho fondo. En la realidad, esto no es así. Los aportes jubilatorios constituyen un impuesto de asignación específica, como el impuesto a los combustibles para construir carreteras, cuya recaudación se destina al pago de las jubilaciones en función de algún cálculo arbitrario. En otras palabras, lejos de ser un fondo acumulado para cada jubilado, es un sistema que reparte la recaudación en cada momento entre los jubilados de cada momento…”.
El párrafo anterior es mi traducción libre correspondiente a un fragmento de un reciente artículo del amigo Paul Krugman, premio Nobel de Economía, publicado hace unos días por el New York Times, y referido, obviamente, al sistema de la seguridad social de Estados Unidos.
Lo cito, porque esa descripción bien podría aplicarse, con matices, a la situación argentina.
Efectivamente, en su íntima convicción, cada jubilado o jubilada de nuestro país (y me refiero al régimen general), creyó siempre que su aporte al sistema jubilatorio, sumado al que realiza su empleador, (si está en relación de dependencia formal, y que al final del día, es menor sueldo neto), le daba el derecho a cobrar una jubilación proporcional a la magnitud del aporte realizado.
Este malentendido se agravó con el ida y vuelta del sistema de capitalización.
Durante la vigencia de ese sistema cada trabajador tenía una cuenta de ahorro individual en dónde se acumulaban sus aportes y se los ajustaba con las inversiones correspondientes. Ahí sí, cada jubilado recibiría lo que había ahorrado, en la forma de una renta vitalicia.
Cuando el gobierno de CFK, acompañado por gran parte del Congreso, decidió terminar con este sistema, se creó la ficción de un gran fondo de inversión llamado FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad) que recibió los montos que habían acumulado las AFJP hasta ese momento, pero ya no a nombre de cada futuro jubilado, sino en un pozo común que serviría de “respaldo” a las jubilaciones futuras.
La verdad es que cada uno de nosotros fuimos “expropiados” del dinero que habíamos ahorrado, y de allí en más el aporte mensual se convirtió en un impuesto que pagan los trabajadores formales e independientes registrados y que se recauda para repartir entre los jubilados de cada momento, en base a una fórmula que establece la jubilación inicial con alguna relación respecto de los aportes que se hayan efectuado.
El problema se agravó a lo largo de los años con el incremento del número de trabajadores informales -es decir que no pagan el impuesto, ni ellos ni sus empleadores- haciendo que los fondos recaudados para atender el pago de jubilaciones, sea proporcionalmente menor. A esto se suma un esquema en la fórmula para establecer el monto inicial a cobrar y los ajustes posteriores, a recibir por los nuevos jubilados, calculados con escasa base actuarial, y “simulando” alguna relación técnica con lo aportado en la vida activa.
Dicho más sencillo, mientras los ingresos para el pago de la seguridad social, corresponden a un impuesto que cada vez pagan menos, las erogaciones por jubilaciones se calculan “suponiendo” de alguna manera un aporte individual capitalizado.
Además, para el cálculo del pago inicial, en un escenario de alta inflación, se utiliza un promedio de las remuneraciones que solo contempla la correspondiente a los últimos años trabajados. Un total divorcio entre la evolución de los ingresos del sistema, respecto de los pagos del sistema, que obligaron en distintos períodos a sumar la recaudación de otros impuestos para completar la caja.
El resultado de este modelo insostenible “cierra” con el agregado de parte de la recaudación del resto de los impuestos (más de la mitad de los ingresos corresponden a “desvíos” de otros impuestos) y con una redistribución interna entre jubilados.
Los jubilados que han pagado más impuesto a la jubilación (mal llamado impuesto al trabajo) en su vida activa, terminan licuados y subsidiando a los jubilados que han pagado menos impuestos. Y todo el sistema ajusta por algún tipo de trampa que termina en los tribunales, o en licuaciones transitorias, o en fórmulas de movilidad incumplibles.
Por si esto fuera poco, para el bolsillo del caballero y la cartera de la dama, los gobiernos kirchneristas, siempre apoyados por gran parte de la política, frente al crecimiento de trabajadores que no han pagado el impuesto, los informales, en lugar de establecer un subsidio a la vejez para éstos, inventaron moratorias para otorgar el beneficio pleno de la jubilación a toda esa población agravando el déficit financiero.
Ese subsidio a la vejez que se llama PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor) equivalente al 80% de la jubilación mínima, se creó luego en el 2016. Sin embargo, este subsidio tiene una falla, porque no discrimina entre quienes nunca pagaron nada y aquéllos que hicieron pagos parciales, pero no completaron los 30 años de aporte requeridos. Es decir, se trata de la misma manera a quienes, por ejemplo, pagaron 20 años de impuesto y quienes no pagaron nada.
Ahora, en lugar de solucionar este problema de inequidad otorgándole la PUAM a quienes no pagaron nada, y un mix proporcional entre PUAM y jubilación a quienes sí aportaron algo, el kirchnerismo, apoyado por una parte del resto del peronismo y otros sectores, acaban de votar…otra moratoria.
Se sigue cavando el pozo.
Finalmente, el sistema jubilatorio que acabo tediosamente de detallar (disculpas) abarca a menos de un tercio de todo el sistema jubilatorio argentino. Existen regímenes especiales y regímenes provinciales, sumados a pensiones de distinto tipo, incluyendo el récord de pensiones por invalidez.
Sumando a todo esto, la ficción de un Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que no garantiza nada, ni vuelve sustentable nada.
La confusión en torno a este tema, es tan grande, que se da la paradoja, que mientras los dirigentes sindicales y los trabajadores de ingresos altos protestan contra el impuesto a las ganancias, no se reclama contra el más injusto y regresivo impuesto a la jubilación que pagan los trabajadores formales de bajos ingresos durante 30 años, solo para tener el derecho de recibir un 20% más de jubilación, que aquéllos que nunca pagaron el impuesto, o para recibir lo mismo que los que acceden a la moratoria, después del descuento que le hacen durante un tiempo.
En síntesis, este sistema se ha vuelto no solo insostenible sino también inequitativo.
Un diseño absurdo.
La recaudación pura no alcanza para repartir una jubilación digna para todos los que se jubilan. La gente de bajos ingresos tiene todos los incentivos para evadir el impuesto, y quienes tienen altos ingresos, pagan impuesto a la jubilación e impuesto a las ganancias, pero con un tope a la jubilación máxima que pueden recibir, y sin instrumentos fiscales para el ahorro individual de largo plazo complementario.
Simultáneamente, se mantienen regímenes especiales y cajas provinciales con beneficios distintos a los del régimen general, pero financiados, en muchos casos, por el presupuesto nacional.
Un par de cuestiones adicionales para completar este descalabro.
Por un lado, como volvió a explicitarse estos días por un fallo de la Corte Suprema de Justicia, las jubilaciones, a partir de cierto monto pagan impuesto a las ganancias. Es decir, los jubilados financian parte de sus propias jubilaciones. Por otro lado, el Estado, como empleador, debe pagar también la “contribución patronal”. Saca del bolsillo izquierdo y lo deposita en el bolsillo derecho. Pero como ese “movimiento” es parte del déficit fiscal, para ahorrase esos fondos, el Estado establece contratos, en lugar de empleo formal, o paga bonos o montos “no remunerativos” que están excluidos de dichas cargas. En otras palabras, el Estado es uno de los principales empleadores “en negro” del país.
En el resto del mundo el sistema de reparto tiene graves problemas por la demografía, dado el aumento de la cantidad de gente que vive más años retirada (por eso se está discutiendo elevar la edad de dicho retiro).
En nuestro país, a ese bienvenido problema “natural”, se le agrega el hecho de que, en lugar de hacer una revisión de toda esta sumatoria de desatinos, y proceder a un cambio de régimen integral, que podría incluir la eliminación del impuesto a la jubilación, con una reforma del impuesto a los ingresos, (mal llamado “ganancias”), inventamos malos parches, y preferimos seguir engañándonos y haciéndonos trampa en el solitario.
Dicho sea de paso, como en casi todos los temas.
Enrique Szewach
