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Por el periodista Miguel Ángel Caminos
A través de su abogada, Liliana Borsiuk, Valentin Kazantsev hizo una presentación ante la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) que permitiría bloquear su expulsión del país. El ciudadano ruso que es buscado por Interpol y fue retenido en Ezeiza por las autoridades de Migraciones decidió pedir asilo político ante la posibilidad que sea rechazado un habeas corpus.
Kazantsev llegó a la Argentina el viernes en un vuelo de Ethiopian Airlines. Al hacer los trámites migratorios, las autoridades se dieron cuenta que pesaba sobre él una alerta naranja de Interpol.
El juez federal Luis Armella, que está subrogando el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, resolvió el sábado a última hora que el ciudadano ruso debía abandonar el país de manera inmediata y le ordenó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que lo subiera a un avión de regreso a Moscú, pero luego Kazantsev presentó un habeas corpus. “El planteo es que no quiere ir a la guerra y ya presentó todos los argumentos correspondientes para que sean analizados y tenidos en cuenta”, dijo una fuente judicial.
La audiencia por ese habeas corpus se realizó esta mañana y ahora se aguarda la decisión de la Justicia.
No obstante, ante la posibilidad que el habeas corpus sea rechazado, la abogada de Kazantsev fue ante la CONARE a través de un escrito de apenas una carilla. Según pudo saber este medio, el sábado mandó un mail ante ese organismo y este lunes hizo la presentación formal y se la comunicó al juez Armella en la audiencia.
La solicitud de refugiado tramita por fuera de la Justicia y debe pasar por el Ministerio de Justicia, Cancillería, INADI, y el Ministerio del Interior, por lo que puede demorar hasta un año, dijeron fuentes oficiales.
Kazantsev tiene un alerta naranja de Interpol por un pasaporte robado. Pero los abogados que lo representan aseguran que hay un mal entendido. “Aparentemente Kazantsev perdió el pasaporte y luego lo volvió a encontrar, por eso su nombre quedó con el alerta naranja de Interpol. Hay que entender que uno al escapar de un país en guerra escapa con lo que tiene. En la situación en la que está podría viajar con un papel de apatriado. El Tratado de Palermo establece que no puede ser perseguido penalmente una víctima y el artículo 32 del Tratado de Refugiados establece que no puede ser devuelto”, explicó el abogado Rubilar Pansiuk.
Y agregó: “Tiene a su familia acá en la Argentina. Acá está su mujer embarazada y su hijito. Apenas la retuvieron en Ezeiza se contactó con su familia en Rusia, que le envió inmediatamente toda la documentación para acreditar que el pasaporte presentado ante Migraciones es de él. Las autoridades no pueden bajo ningún punto de vista mandarlo de nuevo a Moscú, incluso teniendo dudas de la autenticidad de su pasaporte. En esos casos, a las personas se las detiene, no se las deporta”.
Kazantsev sostiene que no quiere ir a la guerra y que están convocando programadores informáticos, esa es su profesión, para sumarse a las filas del Ejército.
El juez que rechazó el ingreso de Kazantsev es el mismo que el viernes habilitó el ingreso provisorio al país de cuatro de las mujeres rusas embarazadas que había sido retenidas en Ezeiza
El arribo de este hombre de 38 años ocurre en medio de un fenómeno denunciado por el periódico inglés The Guardian, que puso la lupa sobre una tendencia que se disparó como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania y las sanciones a las que están sujetos los ciudadanos del país agresor, aunque por el momento Kazantsev no estaría vinculado con las organizaciones ilegales que les cobran 35 mil dólares a las embarazadas para que puedan parir en la Argentina y conseguirle documentación falsa para lograr la doble ciudadanía.
En 2022 ingresaron a la Argentina 10.500 embarazadas rusas, de las cuales 5.800 lo hicieron en los últimos tres meses, informaron desde la dirección nacional de Migraciones. En los últimos días la situación volvió a resonar dado que algunas mujeres quedaron retenidas en Ezeiza. Tras conseguir el ingreso provisorio, el juez Armella planteó que fue decidido “dado el estado de avanzada gravidez, y por razones humanitarias”.
La directora de Migraciones, Florencia Carignano, aseguró que se inició una investigación judicial para acabar con lo que calificó como “un negocio lucrativo que promete pasaportes argentinos para los padres rusos”.
agencia nova
