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El Gobierno confirmó que las sesiones extraordinarias del Congreso serán convocadas para la segunda mitad de enero. Entre tanto, La Casa Rosada debe terminar de definir un temario encabezado por el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema, pero que también incluirá proyectos impulsados por Economía. Todo indica que semejante listado de iniciativas -remitidas por el Ejecutivo- estará condicionado por un creciente clima de conflicto político entre el oficialismo y la oposición.
Alberto Fernández ya entregó al bloque del Frente de Todos el texto que promueve el enjuiciamiento de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Logró el respaldo de once gobernadores -un poco menos de lo esperado- y hay gestiones para tratar de sumar más firmas de jefes provinciales.
En cambio, desde las cercanías del Presidente se buscó tomar distancia sobre los dichos del ministro de Justicia, Martín Soria, que advirtió sobre la posibilidad de modificar por decreto la integración del Consejo de la Magistratura.
El oficialismo redobló sus cargas sobre la Justicia. Además de los duros discursos de Alberto Fernández y los mensajes públicos de Cristina Fernández de Kirchner, se sucedieron declaraciones de gobernadores peronistas o aliados del oficialismo.
Dos de los gobernadores decidieron presentar denuncias, ante el fuero federal pero en sus provincias, contra Silvio Robles, vocero de Rosatti, y el ministro porteño -con licencia- Marcelo D’Alessandro por los mensajes que se le atribuyen en chats filtrados hace una semana.
En esa línea se movieron el santiagueño Gerardo Zamora y el riojano Ricardo Quintela. En el caso de Santiago del Estero, el juez Guillermo Molinari actuó de inmediato pero luego decidió declararse incompetente.
Con ese telón de fondo, el oficialismo legislativo ya comenzó a moverse para motorizar el juicio político a la Corte apenas sea realizada la convocatoria a extraordinarias. Tiene número para tratarlo en Comisión y no cuenta con chances de avanzar en el recinto, donde necesitaría mayoría especial de dos tercios de los integrantes de la Cámara.
Juntos por el Cambio y otros espacios opositores ya expresaron el rechazo a la jugada del Gobierno. Y ese clima amenaza con complicar seriamente el tratamiento de los otros proyectos que sean incluidos en el temario. Sólo pueden ser consideradas las iniciativas que disponga el Ejecutivo.
Los trascendidos indican que el ministro Sergio Massa impulsa especialmente varios proyectos, entre ellos uno de impulso a la agroindustria, un nuevo blanqueo, otra moratoria previsional y aumentos de uno o dos impuestos para el giro de fondos que ratificaría la Corte en el caso del reclamo hecho por la Ciudad de Buenos Aires.
