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El escándalo por corrupción en Uruguay obliga a ajustar cuentas

 La reputación de gobierno del país vecino está en peligro mientras sus dirigentes se enfrentan a múltiples acusaciones.

El escándalo de los pasaportes falsos en Uruguay derivó en acusaciones de espionaje político y corrupción que podrían amenazar la reputación del país como faro de estabilidad en América Latina.

Comenzó en septiembre de 2022, con la detención de un guardaespaldas personal del Presidente Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, acusado de dirigir una red delictiva que, a cambio de una comisión, expedía pasaportes uruguayos falsos a extranjeros.

Entre posibles clientes de esta asociación ilícita, posiblemente se encuentren rusos con dinero y contactos, que huían de su país tras la invasión de Ucrania.

Desde entonces, el escándalo se amplía día a día, en especial después de que un periódico editado en Montevideo (La Diaria), publicara chats de una aplicación, obtenidos del teléfono de Astesiano durante la investigación.

Uno de los intercambios sugería que Astesiano aprovechó sus contactos en el Gobierno para vender un programa informático desarrollado por el Ministerio del Interior a ricos empresarios incluso de otros países -como Argentina- , aunque la acusación más grave se refiere a que habrían utilizado estos recursos del Estado uruguayo para rastrear a senadores de la oposición de su propio país, acusación que el ex custodio niega.

Estas polémicas abren dudas acerca de si la corrupción en el sistema político uruguayo pasó en verdad inadvertida. Y, la atención se centra ahora en qué hará Lacalle Pou, para salvaguardar el Estado de derecho y exigir responsabilidades a los implicados.

Según los investigadores, Astesiano, un ex policía, utilizó su estrecha relación con el presidente para obtener certificados de nacimiento falsos, con falsos padres uruguayos, para habilitar al beneficiario a reclamar la ciudadanía.

Los fiscales creen que docenas, posiblemente cientos, de rusos han obtenido la ciudadanía uruguaya desde 2013, según una rueda de prensa de la fiscal jefe Gabriela Fossati.

El esquema llamó más la atención desde el inicio de la pandemia y el conflicto en Ucrania, al incrementarse la ola de emigración desde Rusia, en parte hacia América Latina.

Una de las principales líneas de investigación es si los pasaportes estaban destinados a ser utilizados para «obtener visados a Estados Unidos» o permitir a sus titulares circular libremente por Europa, donde los uruguayos pueden entrar sin visado hasta seis meses en la mayoría de los países, según dijeron los fiscales durante una vista judicial sobre el caso.

Sin embargo, La viceministra de Asuntos Exteriores, Carolina Ache Batlle, dimitió el 19 de diciembre, en medio de preguntas -aun sin respuestas- sobre cómo un hombre buscado por narcotráfico (este es otro caso relacionado), había obtenido documentos de viaje uruguayos, en un consulado de ese país en Emiratos Árabes.

Lacalle Pou

Lacalle Pou, de 49 años, niega tener conocimiento de que su jefe de seguridad utilizara su cargo para presuntamente vender documentos falsos por hasta 120.000 dólares cada pasaporte.

De hecho, el mandatario prometió su cooperación para una investigación completa: «Estamos tranquilos por lo actuado hasta el momento», dijo el presidente.

Pero los mensajes filtrados del teléfono de Astesiano complican más el caso para el gobierno, al poner en foco a miembros del gabinete de Lacalle, que podrían quedar implicados.

El ministro del Interior, Luis Alberto Héber, negó haber actuado mal durante una comparecencia ante el Senado en noviembre. Astesiano dijo en una comparecencia que no tenía acceso al software del Estado -que sólo deben utilizar los funcionarios autorizados- y que sólo estaba alardeando ante sus clientes.

La fiscalía dijo que «no hay certeza» de que Astesiano tuviera acceso a dicho software.

El Caso de Sebastián Marset

Al mismo tiempo que se desarrollaban estas polémicas, otros mensajes filtrados en otra investigación de la Fiscalía de Delitos Económicos parecían implicar a altos funcionarios de los Ministerios de Asuntos Exteriores y del Interior en la entrega de documentos de viaje a Sebastián Marset, acusado de narcotráfico en Sudamérica.

Marset, de 31 años, que al parecer lidera el Primer Cartel Uruguayo (PCU), está buscado por Interpol por el presunto transporte de 16 toneladas de cocaína entre Paraguay y Europa a través de Uruguay y sigue prófugo.

Fue detenido en Dubai en 2021 cuando viajaba con un pasaporte paraguayo falsificado. En 2021 se expidió rápidamente a Marset un nuevo pasaporte uruguayo que le permitió salir legalmente de Emiratos Árabes Unidos.

En mensajes difundidos en el marco de una solicitud de información pública realizada por la oposición uruguaya, funcionarios de Interior y Cancillería destacaron que era «muy peligroso» y cuestionaron la tramitación de su pasaporte, aunque finalmente fue aprobado.

Dirigentes de la oposición de izquierda uruguaya pidieron la dimisión de los ministros de Interior y de Asuntos Exteriores. «Si se sabe que [Marset] era un peligroso narcotraficante y aun así se hicieron las gestiones para que pudiera acceder a un pasaporte nacional, hay una negligencia increíble», dijo el 14 de diciembre Fernando Pereira, presidente del partido Frente Amplio.

Uruguay sigue siendo el país menos corrupto de América Latina, según Transparencia Internacional.

Las encuestas muestran sistemáticamente que la población, de unos 3,5 millones de habitantes, tiene una fe pública generalizada en el sistema judicial.

«Somos el mejor alumno de una clase de niños maleducados», dijo Ricardo Gil Iribarne, ex funcionario anticorrupción que encabezó la junta de transparencia y ética pública del país bajo la anterior administración de izquierda.

Gil Iribarne se comparaba con un aula de estudio para niños, a la región latinoamericana. Uruguay podría «caer a los niveles» de otros países donde crece la desconfianza en las instituciones del Estado, como Brasil y Colombia, si no se investigan adecuadamente estos casos y se tranquiliza a la opinión pública.

Los críticos afirman que Lacalle Pou por ahora minimiza la gravedad de las revelaciones «y se distancia de los implicados en un momento en el que debe mostrarse firme. El gobierno argumenta que está dejando que la justicia actúe y que se llegará a un veredicto.»

Con información de Financial Times