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CAJA 2023 Economía define la letra chica para pisar gastos y mira fondos del PAMI y de la Corte Suprema

 

Un artículo del DNU 829 prohibió girar dinero a dependencias que tengan plata acumulada. Hacienda trabaja en la reglamentación. Apuntan a fideicomisos y al PAMI. Dudas técnicas y políticas: ¿Qué pasará con la millonaria caja de la Corte Suprema?



La Secretaría de Hacienda trabaja en la reglamentación de un artículo del DNU 829 que el Gobierno publicó a mediados de mes y que le permitirá al Ministerio de Economía pisar, desde enero, el envío de fondos a organismos, dependencias y empresas públicas que tengan plata o inversiones líquidas en sus cuentas. 

Con esa norma, el ministro Sergio Massa busca controlar el gasto en unos $ 500.000 millones el año que viene, según estimaciones que hicieron fuentes oficiales ante la consulta de El Cronista. La cifra equivale a entre 0,3 y 0,4 puntos del PBI, o la mitad del ajuste necesario para cumplir con la meta fiscal modelo 2023.

El Cronista contó este miércoles que el DNU 829 amplió el Presupuesto 2022 pero que, además, incluyó un artículo, el 15, que estableció que, desde enero, se prohibirá a todas las oficinas del Estado "realizar transferencias a fondos fiduciarios, empresas públicas y otros entes del Sector Público Nacional que cuenten con fondos de libre disponibilidad". Fuentes oficiales precisaron que, además del dinero en cajas de ahorro, se contemplarán plazos fijos y otras inversiones relativamente líquidas.

LAS CAJAS EN LA MIRA

El DNU apuntaba a una gran pluralidad de fondos fiduciarios que reciben recursos de manera automática por distintas afectaciones específicas. Por ejemplo, un porcentaje del impuesto PAIS a la compra de dólares va a la seguridad social y al PAMI. A noviembre inclusive, el PAMI acumulaba un superávit de más de $ 406.000 millones Hacienda calcula que la obra social tiene disponibles $ 200.000 millones, la mitad de ese dinero.

El financiamiento y la transparencia de esos fideicomisos son opacos. El Fondo Monetario Internacional pidió más claridad y celebró esta normativa.

La Secretaría de Hacienda de Raúl Rigo afina la reglamentación de la norma que tiene como objetivo pisar el gasto. Se juegan, en la letra chica, cuestiones técnicas y políticas.

Raúl Rigo, secretario de Hacienda, afina la reglamentación del artículo que pisa el envío de fondos a cajas con excedentes.

CUIDADO CON LA DEUDA

La sintonía fina técnica tiene que ver con el financiamiento del TesoroEs que buena parte de esos fondos que tienen los organismos descentralizados están invertidos en Letras y Títulos. 

El Gobierno viene valiéndose de un DNU de septiembre de 2019. En ese entonces, el expresidente Mauricio Macri y su exministro de Economía, Hernán Lacunza -a quien Rigo asesoró en provincia de Buenos Aires-, obligaron a todas las dependencias públicas a invertir sus excedentes de liquidez en bonos. Massa replicó esa estrategia desde septiembre de este año, para garantizarse el rollover de deuda en tiempos en que el sector privado mostraba cierto estrés.

Entonces, la reglamentación del artículo 15 del DNU 829 debe cuidar de no romper el mercado de deuda en pesos. No solo porque buena parte de esa liquidez que ahora Economía reclama a los organismos que usen está en títulos. Sino porque buena parte del excedente está depositado en el Banco Nación, que también invierte en deuda pública.

DEL PAMI A LA CORTE

Las cuestiones políticas son más delicadas. Por un lado, porque las dos principales cajas del Estado hoy son la Anses y el PAMI, en manos de La Cámpora. Entre ambas juntan casi $ 700.000 millones de excedente a noviembre, según la consultora Analytica. Por otro, porque el DNU involucra a todas entidades del artículo 8 de la Ley de Administración Financiera. Allí están comprendidos los tres poderes, en sus amplias ramificaciones. También, la cuantiosa caja del Poder Judicial.

La Corte Suprema administra un fondo desde hace años, donde se guardan y multiplican recursos que provienen, por ejemplo, de la no renovación de cargos. En el informe Cuenta de Inversión, que publica trimestralmente el tribunal, se detallan dinero a la vista por casi $ 1000 millones (con varias cuentas en dólares), casi 90 plazos fijos por un total superior a los $ 90.000 millones y 11 plazos fijos de la obra social por casi $ 51.000 millones, a septiembre.

Según fuentes oficiales, "técnicamente" ese dinero debería entrar en las generales del artículo 15 del DNU 829. Pero la reglamentación final dependerá de la política. Massa ya tuvo conversaciones con el Poder Judicial. El Ejecutivo quería que la Justicia pagara con esos fondos la última revisión paritaria, pero finalmente soltó los fondos del Presupuesto. Queda ver si la batalla recrudece después del fallo favorable a la Ciudad por la coparticipación.



cronista