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Blanqueo: el FMI mira de reojo la marcha del acuerdo en el Congreso

 El Fondo Monetario Internacional (FMI) aceptó la propuesta del ministerio de Economía de dejarse ayudar con el blanqueo de capitales para cumplir con la meta de aumento en las reservas en el Banco Central para este año; las que deberían incrementarse en unos u$s5.200 millones en este ejercicio. Si bien el organismo que dirige Kristalina Georgieva históricamente no cree en este tipo de llamados, en el caso argentino el análisis es más flexible e incluye la alternativa de avalarlo para que el país llegue aliviado al proceso electoral.


Por ahora el FMI no pone en ponderación la alternativa, bastante posible y realista, que el proyecto se demore o eventualmente no se trate en el Congreso debido a los conflictos políticos en los que están enfrascados el gobierno y la oposición. Y, por lo que parece en los primeros contactos entre las partes, se toma la idea como una fuente de ingresos potable para el 2023; considerándola una de las alternativas más importantes planteadas desde Buenos Aires a consideración del organismo.

El Fondo le había dado el aval al ministerio de Economía para que se avanzara en el blanqueo, durante la primera semana de diciembre; contemporáneamente al anuncio oficial del acuerdo sobre exteriorización impositiva y de capitales que Sergio Massa anunció al presentar el acuerdo de intercambio de información entre la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Internal Revenue Service (IRS) norteamericano.

El FMI siempre había sido enemigo de los planes de moratorias y perdones impositivos, especialmente en Argentina, donde históricamente las misiones que fiscalizan las cuentas criollas cuestionan a los funcionarios locales que avanzan en este tipo de decisiones. Se lo dejaron en su momento en claro a Domingo Cavallo, Roque Fernández, José Luis Machinea y Roberto Lavagna, entre otros. Sin embargo, la misión que a comienzos del último mes del 2022 terminaba su fiscalización virtual entre Washington y Buenos Aires para cerrar el examen del tercer trimestre (algo que el 22 de diciembre avalaría definitivamente el board del FMI), había recibido un guiño especial para que Argentina aplicara una normalización de cuentas de argentinos residentes en Estados Unidos. Y, de paso, con el resto que tiene dólares fuera del sistema formal.

La coincidencia tanto del equipo económico presente en la sede del FMI como de los técnicos que controlan las cuentas locales es que un blanqueo en las actuales circunstancias ayudará al país a cumplir la meta que más cuesta lograr de las tres pactadas en el Facilidades Extendidas. Y, además, en el largo plazo, conseguir una mejora en la recaudación impositiva, otra de las variables que más sigue el Fondo cuando analiza la evolución de los números locales.

En el primer caso, el Palacio de Hacienda le aseguró al FMI que, aun con un resultado poco favorable, las arcas públicas podrían sumar no menos de u$s3.000 millones a las reservas del Banco Central con el blanqueo. La promesa local fue que ese dinero iría directamente al ahorro y al cumplimiento de la meta global de un superávit de reservas de no menos de u$s5.000 millones para todo 2023. Sabe el Fondo que la salida de divisas fue el principal problema que tuvieron tanto Martín Guzmán como Sergio Massa para cumplir con las metas pactadas, dado que, finalmente, el déficit fiscal de 2,5% del PBI y la emisión monetaria de menos de 0,9% del PBI pudieron garantizarse ya en el tercer trimestre del 2022. No sin esfuerzo, pero tampoco con ajustes imposibles. No fue el caso de las reservas, que sólo pudieron ser positivas ante el FMI con la aplicación del Plan Soja II de diciembre pasado y sus aportes extraordinarios.

Las dos partes coincidieron en Washington en que estos ingresos son circunstanciales, y que se necesitará en 2023 algo más que medidas no convencionales para cumplir con la meta de reservas. Por esto, cualquier idea que apunta a aumentar los ingresos de divisas debe ser bienvenida.

El segundo argumento para avalar un blanqueo por parte del FMI es la potencial mejora en la recaudación impositiva que un reconocimiento de activos financieros en el exterior o fuera del sistema legal, tendría para el país en cuanto a la evolución de Bienes Personales.






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