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El maridaje entre los narcopolicías y los traficantes salteños es de larga data y no sorprende a nadie. Envalentonados por la impunidad de la que gozan, ahora decidieron ampliar su negocio, incorporando la estafa y el fraude económico.
La operatoria de esta nueva rama de corrupción policial fue una financiera trucha, Ríos & Asociados, con un sistema similar al esquema piramidal Ponzi. Las víctimas de la estafa fueron alrededor de 4 mil personas, en muchos casos policías inducidos o presionados por sus jefes, quienes eran los principales beneficiarios, ya que en poco tiempo recuperaban más del 100 por ciento de lo invertido. El volumen de dinero que sumó la operatoria es tan elevado que permite sospechar que también incluye el lavado de activos.
La complicidad entre los poderes públicos en estos casos de corrupción es tal que el procurador de la provincia, Pedro García Castiella, denunció que se vieron obligados a precipitar los allanamientos porque hubo filtración de las actuaciones en el marco de la investigación. No solo los cómplices alertaron a los responsables de la organización para que se den a la fuga con la mayor parte del dinero, sino que uno de los investigadores y su familia empezaron a recibir amenazas. Incluso la presión fue más allá, ya que fue “escrachado” en cadenas de WhatsApp, en las que se publicó su teléfono y domicilio por medio de una captura de pantalla del sistema de Recursos Humanos de la policía provincial. Sólo las autoridades policiales tienen acceso a esa información protegida por una clave.
En virtud de las amenazas y acciones persecutorias, el procurador de la provincia y jefe de los fiscales debió pedir protección a la Policía Federal para los investigadores acechados por los narcopolicías salteños, y la fiscal de Delitos Económicos actuante aceleró la provisión del secreto de sumario.
Se realizaron quince allanamientos y se secuestró dinero y armas reglamentarias de un inmueble perteneciente a un oficial principal. Los dos prófugos desde la clandestinidad intimidan a las víctimas para que no denuncien y mienten afirmando que pronto les será devuelto su dinero. Es extraño que no puedan localizar de dónde provienen los mensajes, cuando hoy en día hasta pueden descubrir tuiteros con nombres de fantasía.
A pesar de las contundentes pruebas en su contra, el jefe de policía Miguel Ceballos declaró al periodismo que se trata de una maniobra para perjudicarlo, al tiempo que negaba que hubiera policías involucrados sino policías víctimas de la estafa. E incluso fue más allá, al disponer el apartamiento del comisario general Juan Miranda, quien estuvo al frente de los allanamientos y la investigación. Pero Miranda es comisionado coadyuvante delegado de la procuraduría provincial en el Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF), por lo que el jefe de policía no puede tomar medidas en su contra. Si tomó una determinación sin sustento fue por su desesperación para impedir que se siga con la investigación.
Ni bien comenzó la investigación, en la Regional Nro. 5 de Joaquín V. González, policías se enfrentaron a balazos dentro de la comisaría. Inmediatamente fue pasada a disponibilidad toda la cúpula y se apeló a un argumento absurdo, como lo es su calificación como “incidente en una actividad recreativa”. Pero la información que maneja la investigación permite comprobar que el incidente estuvo relacionado con las estafas.
A la luz de estos antecedentes, un oscuro personaje, el ministro de Seguridad, Abel Cornejo -quien como juez federal ordenó las represiones a las puebladas del norte en el 2001- salió en defensa del jefe de policía sindicado como el jefe de la organización, y prometió investigar las “inconductas”.
Pero la cuestión va mucho más allá de la existencia de una narcopolicía, y nos muestra la vitalidad de un negocio mafioso que extiende sus redes hasta la Justicia y el gabinete de Gustavo Sáenz. Por más buena fe o ingenuidad que se ponga, no puede explicarse cómo el ministro de Seguridad no colabora con el ministerio Publico en una investigación de semejante gravedad, y que, por el contrario, sale públicamente a defender a los policías señalados como responsables.
Para colmo de la sinrazón, el diputado olmedista Gustavo Orozco, expolicía y defensor de policías de gatillo fácil, que cuenta en su propio haber varias causas por torturas y apremios ilegales, acusó al ministro de Seguridad de ser cómplice del narcotráfico, ante su afirmación de que en Salta no hay carteles. No le falta razón, ya que Cornejo es nombrado en varias escuchas telefónicas en conversaciones de narcotraficantes. Claro está que, tras ser acusado judicialmente de haber aplicado la tortura a detenidos durante su desempeño policial, ahora se le hace cuesta arriba su campaña a gobernador, sobre todo cuando escogió el slogan “Terminemos con la corrupción”.
Imitando a Javier Milei, Orozco se presenta como alguien ajeno a las “casta” corrupta, y sortea una pequeña parte de su dieta entre agentes de la policía. Y si bien pretende aparecer como un cruzado contra el narcotráfico, uno de sus principales objetivos consiste en lograr la impunidad del aparato narcopolicial.
Pero las elevadísimas sumas que involucran las operaciones ilegales que maneja han instalado una interna dentro del aparato represivo policial por el reparto de las utilidades. Para tratar de avanzar sobre esta gravísima situación que existe en la provincia, el procurador ha propuesto crear por ley una policía de investigación independiente del aparato de la jefatura. Claro está que, pese a sus buenas intenciones, la cuestión de fondo reside en determinar quién lo nombra y quiénes lo controlan, y que efectivamente en ambos casos se trate de instancias que no estén involucradas con el narcotráfico, algo difícil de encontrar entre la dirigencia salteña.
Para colmo de males, el gobernador Sáenz ha evitado referirse a la espinosa cuestión, lo que motivó que las sospechas de su involucramiento personal crecen sin límite en la provincia.
La gravísima situación que hoy experimenta Salta no es ajena a otras provincias argentinas, donde la transparencia no es precisamente una cualidad que puedan exhibir las instancias estatales y de gobierno. Las propuestas para tratar de remediar este mal existen. El problema radica en quién le pone el cascabel al gato.
(www.REALPOLITIK.com.ar)
