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Juzgar al poder cuando es poder, el inicio de un camino que ya no se puede detener

 La vicepresidenta Cristina Kirchner apostó como estrategia a la demolición ya no sólo de quienes la condenaron sino a todo el Poder Judicial, pero, jamás revirtió los hechos que se le imputaron 

La Argentina tiene, al menos, 200 lugares públicos bautizados Néstor Kirchner y actualmente, las dos obras públicas más importantes, el gasoducto desde Vaca Muerta y una de las represas que se construyen en Santa Cruz, llevarán su nombre. Pues si el expresidente estuviera vivo y no se hubiera extinguido la acción penal, hoy hubiese sido condenado con su esposa, Cristina Fernández de Kirchner. Los dos máximos dirigentes políticos del oficialismo, que gobierna el país y que lo hizo 15 de los últimos 19 años, terminaron el día con una pena de prisión e inhabilitación a ocupar cargos públicos. Esa es la dimensión política de lo que sucedió. 

Pero más allá de lo que significa esta sentencia -de primera instancia y plausible de enorme cantidad de recursos que harán del proceso una línea al infinito-, hay varias aristas como para entender la significación de la decisión Judicial.

La primera, la implicancia institucional. Por primera vez, la Justicia juzga al poder cuando es poder. Aquel manejo de los tiempos electorales, que siempre se le atribuyó a los magistrados federales, es desmentido por esta sentencia. Un pilar del estado de derecho, diseñado desde su origen para controlar a los otros, hace valer su contrapeso.

Pero hay más de lo que deja el proceso para analizar. El fallo, no importa en este caso si fue condenatorio o absolutorio, se dictó en medio de todo un arsenal de estrategias que hicieron todo lo posible para que la sentencia no llegue nunca. Claro que es legal utilizar apelaciones, nulidades, pedidos de incompetencia, intentos de correr jueces, entre otros muchos recursos procesales que se interpusieron. Pero que quede claro, fueron intentos válidos de las defensas para que el juicio oral no empiece jamás. Cada uno de estos instrumentos que se interpusieron fueron tratados por decenas de jueces, entre los de primera instancia, los de cámara, los de Casación y finalmente, los integrantes de la Corte Suprema.

Este sistema de defensa, una vez más hay que decirlo que es válido y legal, esconde otro paradigma: no discutir hechos o difuminarlos de tal manera que el gran público pierda referencia de los sucesos que se juzgan. Todo pasa a ser un enorme laberinto procesal donde el avance siempre se detiene por alguna argucia más, y en el que el desenlace se parece más una manifestación de un deseo que una circunstancia posible.

Ese paradigma de entelequia procesal favorece al culpable. Siempre hay algo que hablar o que decir antes de referirse a los hechos que lo llevaron al banquillo. Sólo para recordar qué es lo que aquí se juzga. Según el fiscal Diego Luciani, se trata de “una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país ordenadas y organizadas tanto por Néstor Kirchner como por Cristina Fernández”.

A la dilación como estrategia, en este caso, se sumó otro elemento. El peso del Estado y de sus protagonistas como mascarón de proa para dirigir los embates no ya contra un magistrado o un fiscal, sino contra el Poder Judicial. La desmesura llegó a un punto cúlmine cuando Cristina Kirchner trazó una analogía al sostener que el tribunal que la juzga es un pelotón de fusilamiento. Solo un país desencajado donde las palabras valen poco y solo apuntan a los fanáticos puede tolerar semejante desproporción.

Con el fallo se empieza a descongelar un paradigma: el de los sospechosos. La Argentina ha construido una Justicia que avanza con pereza en los procesos por corrupción. Esta particularidad, claro, genera una sociedad política que no tiene condenados. Eso es un problema, pero el peor es, quizá, que no tiene inocentes. En ese mundo sin inocentes vale todo, total, da lo mismo.

Sin embargo, ahora Cristina Kirchner y todos los procesados en esta causa, ya no están parados en el mismo escalón que otros. Unos son condenados; otros sospechosos, y algunos, como Julio De Vido, inocentes de haber cometido delitos en este proceso. Siempre es más fácil acudir a una supuesta persecución en vez de revertir centenares de fojas donde se compilan pruebas y conductas antijurídicas.

El camino de Cristina Kirchner durante todo el proceso también debe mirarse con atención a la hora de imaginar lo que vendrá. Tan viejo como la Justicia misma es la demolición del juzgador. Esa estrategia es una de las que intentó la vicepresidenta desde que se empezó a ver cercada por las pruebas. Cualquier abogado que transite por los pasillos de las cárceles podrá contar lo que la mayoría de los presos opina respecto de su caso. A una enorme proporción de los reclusos se les escuchará decir que son inocentes y que un juez, un fiscal o una cámara se ensañó con ellos.

Esa forma de internalizar una condena, en gran medida, tiene su motivación en la necesidad de mantener la esperanza ante una vida de encierro. La apropiación de esta argumentación carcelaria por parte de la vicepresidenta tiene otro peso institucional. Cristina Kirchner y sus seguidores intentaron desvirtuar al juzgador y al acusador. Juez y fiscal fueron apuntados por espionajes, fotos, descalificaciones y acusaciones. No sirvió nada. Entonces la tropa pasó a otra dimensión: destruir los cimientos de la institución. Por eso ahora se escuchará todo lo peor que se pueda imaginar sobre Poder Judicial. No alcanzó con un individuo, hay que ir por más.

Mucho se escribió en la ciencia jurídica sobre esta forma de pararse frente a un fallo adverso. La persecución como estrategia de victimización es francamente repetida en la América Latina del siglo XXI. Lo que aún no se despejó todavía es saber si esa postura desafiante terminará, además, con una desobediencia al fallo.

Tom Tyler, un profesor de la Universidad de Yale, escribió una obra llamada “La obediencia del derecho”. Parte sustancial de su trabajo trata sobre que el cumplimiento de las normas viene determinado por su aceptación social: si la población percibe a los tribunales como legítimos, tenderá a obedecer sus decisiones y a cooperar de este modo con la Justicia.

“La ley y las decisiones de las distintas autoridades jamás van a llegar a ser útiles si la gente las ignora. Una de las claves para la eficacia de la política criminal es que se cumplan las normas, por eso es importante y necesario que exista una confianza pública en el sistema, y que los ciudadanos acepten que las instituciones legales tienen un derecho legítimo a ejercer su autoridad”, escribió Tyler hace 30 años. Se entiende por qué Cristina Kirchner siempre apostó por el camino de restar legitimidad a la Justicia.

Los referentes políticos democráticos tienen algunas responsabilidades que no son las mismas que las de cualquier otro ciudadano. De las instituciones y del respeto a ellas surge la legitimidad de aquellos. No es posible soportar la demolición institucional cuando el proceso tuvo todas las instancias y las garantías. Lo que sucedió es que nunca se discutieron los hechos ni se desvirtuaron las acusaciones. El agobio no llegó por una persecución sino por una sedimentación de pruebas que abrieron el camino a una condena.

Pero eso importa poco para el kirchnerismo que sigue los dichos y las acciones de Cristina Kirchner como un dogma. Empezará ahora a correr el tiempo de las apelaciones constantes para llevar la condena firme, como se dijo, a la línea del infinito. Sólo que, para defenderse, la vicepresidenta, deberá transitar esos años eternos parada en el lugar de los condenados, y como hizo inmediatamente después del fallo, usando palabras ya gastadas, remanidas y oxidadas. Eso es pararse varios escalones por debajo de lo que requiere una república moderna.

Diego Cabot