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La Cámara Federal de Casación Penal podría analizar si corresponde el pedido de la vicepresidenta Cristina Kirchner para apartar a la jueza María Eugenia Capuchetti del expediente que investiga su intento de homicidio. Es que la Cámara Federal, con la firma del juez Leopoldo Bruglia, le concedió a la querella la apelación a la decisión de esa instancia, que había confirmado a la jueza al frente de la investigación. De todas maneras, la habilitación de ese paso no garantiza que el máximo tribunal opine sobre la cuestión, indicaron fuentes judiciales.
No obstante, el dato no es menor si se tiene en cuenta que, con esta presentación, se sorteará una sala del máximo tribunal para que sea el revisor de esta causa, en la que están presos los atacantes Fernando Sabag Montiel, su novia Brenda Uliarte y el jefe de ambos, Gabriel Carrizo. Hasta ahora, en una causa tan nueva, que nació el 1 de septiembre cuando ocurrió el intento de homicidio, ningún recurso había llegado a esta instancia.
Su radicación en Casación no solo permitirá analizar si corresponde o no habilitar la puerta para apartar a Capuchetti sino también sella quiénes serán los jueces que entenderán en futuras apelaciones durante la instrucción y en un futuro juicio oral. Ya se había instruido a la magistrada a avanzar rápidamente hacia el juicio oral, algo que no convence a la querella de la vicepresidenta.
En paralelo, la Cámara Federal ratificó que Carrizo permanecerá arrestado en la cárcel de Marcos Paz. La defensa había pedido la prisión domiciliaria, en base a un fallo de la propia Cámara Federal cuando le confirmó el procesamiento como partícipe secundario del intento de homicidio agravado. En aquel momento, el fallo instó a buscar medidas alternativas de detención. Pero los estudios ambientales le dieron mal y la jueza Capuchetti rechazó el pedido. Eso fue apelado y ahora lo analizaron los jueces Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.
“Si bien en su momento se encomendó a la jueza de grado sustanciar el pedido de morigeración y la posible instalación de un dispositivo de vigilancia electrónica requerido por la defensa, lo cierto es que, hasta tanto se determinen los nuevos alcances promovidos en aquella incidencia, no podemos descartar la posibilidad de que el establecimiento de una medida de coerción distinta a la que se viene ejerciendo, obstaculice el debido desarrollo y continuidad de la actividad probatoria en esta encuesta”, escribieron Bruglia y Bertuzzi en la resolución. “Por lo tanto y orden a estas premisas, se impone la confirmación de la resolución puesta en crisis”, añadieron.
A su turno, el juez Llorens afirmó: “A los fines de determinar si resulta viable la modalidad de detención domiciliaria entiendo que a la luz de lo preceptuado en el Código Procesal Penal de la Nación y a los supuestos previstos en la ley 24.660, el caso venido en estudio supera los parámetros normativos. Esto es así, en razón de que no se comprueba en autos ninguna de las exigencias legales para proceder al otorgamiento del beneficio previsto en el instituto en cuestión, por lo que corresponde confirmar el temperamento adoptado por la a quo, lo que así voto”.
La causa hoy está siendo investigada por el fiscal Carlos Rívolo, en quien la jueza delegó la causa el pasado 24 de noviembre. Era precisamente después de una serie de tuits de la vicepresidenta avisando que recusaría a la magistrada acusándola de paralizar la investigación. El capítulo en donde más se profundizó en críticas contra la jueza fue cuando se sostuvo que no se había avanzando con la línea que involucra al líder de Nueva Centro Derecha Hernán Carroll y la pista Casablanca en donde se apunta al diputado del PRO Gerardo Milman, en base a lo que un asesor legislativo dijo haberlo escuchado decir en un bar del Congreso 48 horas antes del atentado: “Cuando esté muerta, yo voy a estar en la costa”.
Ese día la querella tuvo una audiencia en la Cámara Federal en donde incluso llegó a responsabilizar a la jueza por si le pasaba algo a la vicepresidenta o sus hijos, algo que generó el llamado de atención de Bruglia en el fallo que rechazó el apartamiento.
La querella insiste en su idea de recusar a la jueza y por eso quiere llegar a Casación. Ese es el recurso que le concedió hoy la Cámara Federal para que se abra camino en esa instancia. “El decisorio cuestionado no constituye sentencia definitiva ni auto equiparable a ese género, por lo que la vía casatoria intentada no sería en principio admisible frente a las previsiones del artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación”, escribió Bruglia.
“Sin embargo -aclaró- cabe señalar que, sin perjuicio del carácter excepcional del recurso intentado, así como de su calidad eminentemente técnica, circunstancias éstas que, desde la entrada en vigencia del actual sistema adjetivo fue motivo de innumerables rechazos a presentaciones de esta índole, advierto que esa interpretación ha sufrido gradualmente, modificaciones jurisprudenciales, permitiendo ello un acceso más fluido a la instancia superior. En esta inteligencia y teniendo en cuenta lo expuesto, se advierte que las características del resolutorio puesto en crisis, colocan al proceso en un estado que, si bien no torna imposible la continuación de su trámite, por la entidad que reviste, podría generar un “gravamen irreparable” para la parte en los términos del artículo 449 del Código Procesal Penal de la Nación, tratándose de una cuestión que hace a la posible vulneración de la garantía al debido proceso penal contenida en el artículo 18 de la Constitución Nacional, y está sola circunstancia es motivo suficiente para ameritar que el caso sea debatido y resuelto por la Alzada”, agregó.
Cuando el caso sea sorteado en Casación, los jueces de esa instancia podrían entender que el planteo elevado no corresponde a esa instancia. O abrir el recurso y analizar la cuestión.
agencia nova
