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Morosos del IPV: 64% de los incumplidores deberían pagar cuotas menores a 500 pesos

 Están en mora más de 29 mil de los casi 48 mil créditos activos del instituto. Unos 13 mil morosos deberían pagar menos de 100 pesos por mes. Hay quitas vigentes para cancelar la deuda.


Cualquiera podría suponer que la cancelación de deudas por viviendas entregadas por el IPV se vería fuertemente afectada por la sucesión de crisis. Hablando de la actual gestión, la caída de la economía por la cuarentena decretada por el Covid-19 y la actual agudización producto de la inflación, deberían ser los grandes motivos para que los adjudicatarios entren en mora.

Sin embargo, en el intrincado mundo de la vivienda estatal parece haber otras causas menos detectables. Así llama la atención un dato: de 48.047 créditos activos en la administración del Instituto Provincial de la Vivienda, 29.039 están en mora, que representa el 60%. De esos créditos atrasados, 18.498 tienen cuotas menores a 500 pesos por mes (64% del total de morosos). La mayoría se trata de operatorias concretadas entre 1980 y 1994.

Más aún: 13.216 no pagan cuotas de menos de 100 pesos, que representan 46% del total de morosos. Un detalle desolador: en total hay activos 16.535 de estos créditos históricos con cuota bajísima, que representan 34% de la cartera activa. De ellos están al día apenas 3.319.

Los adjudicatarios con cuotas entre 100 y 500 pesos con créditos vigentes a octubre son 8.697; de los cuáles 5.282 son morosos, que representan el 18% del total de los que no pagan regularmente.

De estos números surge una pregunta: por qué esos créditos no se actualizan al ritmo de la galopante y sostenida inflación que padece la Argentina desde hace años. La titular del IPV, María Martha Ontanilla explica que esos contratos se elaboraron y firmaron sin método de actualización. “No podemos actualizar esos montos, sin conformidad del adjudicatario, porque los contratos ya se firmaron así, en cuotas fijas”.

Los que conocen las distintas administraciones del Instituto saben que esos créditos históricos son la queja permanente, porque conforman un nucleo duro de morosos que nunca se pudo eliminar, a pesar de las innumerables moratorias, planes de pago y quitas ofrecidas para cancelar.

Maria Marta Ontanilla es la presidente del directorio del IPV.
Maria Marta Ontanilla es la presidente del directorio del IPV.

Es decir, la mayor parte de los deudores del IPV son crónicos y no suben o bajan significativamente por las crisis.

LA HERENCIA UVA

Hay morosos con cuotas más altas, de distintas operatorias del Instituto. Hay 6.799 morosos que deberían pagar cuotas entre 500 y 5.000 pesos (23% del total de malos pagadores) y 3.555 que tienen planes mayores a 5.000 pesos por mes (12% del total de incumplidores).

Hay otros planes en los que la inflación hace subir la mora. El ejemplo más conocido son los créditos actualizados por la Unidad de Valor Adquisitivo, mas conocidos como UVA, que van ajustados por inflación.

“Cuando empezó la gestión, en 2019 había 6.000 créditos UVA. Cuando incluimos los créditos actualizados por Coeficiente de Variación Salarial (CVS) hubo cambios masivos. Hoy quedan en UVA poco más que 2.000. De los 4.000 que se pasaron a CVS, el 75% está al día” dice Ontanilla.

En total hay 4.035 créditos CVS. De ellos, 3.020 están al día y 1.015 en mora. De los que incumplen, 46 tiene cuotas menores a 4.000 pesos; 607 entre 4.000 y 8.000 pesos y 361 mayores a 8.000 pesos. Las acreencias de los incumplidores suman 112 millones de pesos.

Actualmente, en el IPV hay 2.395 créditos UVA activos y el 80% está en mora; en números brutos son 1.910 acreencias. De los morosos UVA, 120 deberían pagar cuotas menores a 4.000 pesos; 177 entre 4.000 y 8.000 pesos y 1.899 tiene cuotas mayores a 8.000 pesos. Todos los UVA morosos suman una deuda de 1.050 millones de pesos.

“Los adjudicatarios UVA pueden pasarse a CVS y pueden aplicar a beneficios de la ley 9398, para cancelar sus cuotas con hasta 60% de quita, dependiendo de cada caso particular”, asegura la titular del IPV.

La ley 9.398 establece quitas de 60% para familias con ingresos de hasta dos salarios mínimo, vital y móvil; 50% para los que debían empezar a pagar el 31 de diciembre de 2005 y tienen ingresos superiores a dos salarios mínimo, vital y móvil (SMVM); y 40% para los que debían iniciar el pago de cuotas entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2015 y tienen ingresos mayores a dos SMVM.

ALGUNAS BUENAS NOTICIAS

“Arrancamos la gestión con 62 mil créditos activos. Mucha gente ha cancelado su vivienda”, dice Ontanilla. Según la cuenta de la presidenta del Instituto, ha habido 14.000 cancelaciones desde 2019. “En octubre de 2021 había 58 mil créditos activos. Hoy hay 48 mil, casi 10.000 cancelaciones en un año, más de la mitad desde marzo con la nueva ley”, asegura.

Hablando de la ley 9398, de regularización dominial, fue sancionada por la Legislatura en octubre del año pasado y se puso en funcionamiento en marzo de este año. Esa norma tiene muchos beneficios para cancelar las deudas e incluso el crédito completo.

Desde octubre de 2021 a octubre de este año, se han producido 10 mil cancelaciones de créditos, de los cuáles, 5.200 se produjeron desde la plena vigencia de la ley.

Desde la vigencia de la ley, el Instituto emite tandas de boletas hacia los domicilios, para que las familias sepan que tienen la posibilidad de cancelar con descuentos. La semana pasada se imprimieron 3000 boletas, particularmente de los morosos históricos que pagan.

“La ley se hizo apuntando a ese sector. Es el grupo que nos cuesta. En números de recaudación no son relevantes. Hubo personas que vinieron a cancelar el crédito y tenían que pagar 3.500 pesos, que no es nada, pero en relación a las cuotas de 100 pesos, hace años que no pagan y tienen quita por cancelación gracias la ley. Por eso hay cancelaciones, pero el monto recaudado no resulta relevante”.

Tener esa cartera “activa” que no paga desde hace años es un problema de administración, la hace más dificultosa y también cara. Por eso Ontanilla dice que “no nos interesa la recaudación. El objetivo de la ley es achicar la cartera crediticia del IPV, para ocuparnos de los créditos activos, que tienen actualización. En los históricos es más caro imprimir la boleta que cobrar. Además, el beneficio que tiene cancelar la vivienda, es la escrituración. Las viviendas que no se cancelen no pueden tener escritura. Queremos romper la habitualidad del no pago, poniendo en valor el beneficio que tiene cancelar la vivienda, que es la escrituración”.

Otra buena noticia, entre tanta deuda incumplida: “en octubre de 2019, 50% de la mora eran los créditos de cuotas menores a 100 pesos. En estos años hubo cancelaciones, por eso se achicó el porcentaje a 46%”.



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