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La megacausa de la La Salada salpica a Ritondo y barras de Boca Juniors

 La megacausa de La Salada, iniciada durante el gobierno de María Eugenia Vidal, salpica al ex ministro de Seguridad Cristian Ritondo y a su jefe de la Policía, Fabián Perroni. Sus vínculos con el fiscal Scalera, hoy enjuiciado, y la barrabrava de Boca Juniors.


El fiscal de la Unidad de Delitos Complejos de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, de extrema confianza del procurador Julio Conte Grand, saltó a la escena nacional al llevar adelante la investigación de la causa de La Salada, en la que se investigó a comerciantes, barras de fútbol y policías, por su posible participación en el mercado ilegal del complejo. Dicha investigación cobró notoriedad por determinar la detención de Jorge Castillo, más conocido como “El Rey de la Salada”, de quien la vedette Marixa Balli sostuvo: “No es un mafioso, es una excelente persona”.

Hoy, Scalera se encuentra entre la espada y la pared ante una comisión que lo investiga por mal desempeño e irregularidades en su actividad judicial, al tiempo que uno de los policías detenidos en un llamativo procedimiento lo acusa de haberle armado una causa en su contra para amedrentarlo.

Se trata del policía Carlos Daniel Gómez, quien en 2016 fue reconocido por el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, como el “mejor policía del año”, y luego sufriera un allanamiento en su propia casa con notorias “irregularidades”, según se desprende de la presentación que realizó el pasado 18 de noviembre de 2022. El allanamiento, que terminó con su detención en el marco de una causa en la que fueron detenidos una decena de oficiales de policía, hoy se encuentran a la espera de una sentencia, en un proceso que pareciera estar flojo de papeles y en donde, una vez más, la política habría metido la mano.

Gómez fue acusado, junto a otros miembros de la fuerza, de recibir coimas para permitir el funcionamiento de La Salada y detenido a partir de una investigación que realizó la fiscalía de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Scalera, con quien, según contó a REALPOLITIK, llegó a tener un vínculo cercano y a trabajar en conjunto en Delitos Complejos.

Un año después de este hecho trágico, Carlos “Dibu” Gómez, fue increpado en su propia vivienda acusado de recibir dinero por parte de la organización de la feria La Salada, mientras se encontraba junto a su esposa e hijos, quienes fueron encerrados durante el procedimiento en una habitación siendo interrogados por la Marcela Cabas, quien junto al fiscal Scalera y Pablo D'Onofrio, participaron del mismo. Por orden de Cabas la declaración de los hijos de Gómez no fue incluida en el expediente del allanamiento. Luego del mismo, fue apartado de su familia y trasladado a la fiscalía al grito de “delincuente”, por parte del D´Onofrio, donde se le habría exigido que declare en contra de los generales Mazi y García a cambio de recuperar su libertad. En ese marco, Gómez dijo que “los conocía laboralmente”, que “no tenía ningún trato con ellos que no sea por cuestiones estrictamente de servicio” y que “nada sabía de recaudación y/o plata negra”. En ese momento, el fiscal General Adjunto envió un mensaje: “No sea tonto ‘Dibu’, piense en su hijo”.

Los medios de comunicación nacionales ya habían sido avisados antes de todos estos procedimientos, según relata Gómez: “No solo el fiscal Scalera brindó una conferencia con funcionarios políticos del gobierno de turno, sino que ya con anterioridad a la definición de la investigación les había avisado y habían programado dicha ‘conferencia de prensa’ con al menos un día de anticipación”.

Luego de la negativa, “Dibu” comprendió la llamativa frase “Piense en su hijo”, al filtrarse tres audios de WhatsApp entre él y su esposa en el que se hacía referencia a una práctica que, según sostiene, presuntamente había sido recomendada por una médica. Gómez debía asistir a su hijo de siete años en su zona íntima a fin de que el problema que padecía no requiriese intervención quirúrgica más adelante. Rápidamente fue acusado del delito de abuso sexual hacia su propio hijo, filtrando el hecho y fotos con su cara para amedrentarlo y obligarlo a declarar en contra de estos generales.

Cinco años después logró que el pequeño fuese llevado a una Cámara Gesell, en la que fue interrogado por profesionales no encontrado indicios de abuso sexual. Hoy Gómez vive junto a su hijo nuevamente y padece el estigma y el temor de que estos hechos puedan repetirse, mientras espera la sentencia de los mismos magistrados del Tribunal Nro. 7 de Lomas de Zamora, que declararon culpable a Marcos Bazán por la muerte de la joven Anahí Benítez y que fueron repudiados por la propia familia de la víctima asegurando que se trataba de un “perejil” y que existían otros involucrados que no habían sido investigados. Bazán recuperó su libertad al poco tiempo por un recurso de Casación que determinó que la causa “estaba mal hecha”.

Al mismo tiempo, sostiene que la connivencia que existió en la causa de La Salada entre políticos de turno, la fiscalía de Lomas de Zamora y barras del club Boca Juniors, es muy grande. Estas irregularidades le valieron al fiscal Sebastián Scalera el inicio de un jury de enjuiciamiento en el que podría ser apartado de sus funciones, algo que nunca ocurrió con Gómez, quien pese a todas las acusaciones no fue apartado de la fuerza policial, en otro hecho llamativo.

Según asegura Gómez, “la necesidad política de mostrar acción habría terminado en una falsa lucha contra las mafias, el armado de un relato de cajas negras de la policía y el descontrol de La Salada. Y lo peor, también creó un supuesto abuso sexual contra mi propio hijo para extorsionarme, para torturarme y tenerme atado psicológicamente y así declarar en su puesta en escena aseverando sobre una inexistente recaudación ilegal de la policía, que si la hubiera, yo no tengo participación ni conocimiento”. 


(www.REALPOLITIK.com.ar)