https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=3ab76eea9c&view=att&th=1648a6d4d6c2fa40&attid=0.1&disp=safe&zw

Nuevas batallas políticas, agenda judicial y foco en Washington, con el telón de fondo del ataque a CFK

 Después de un fin de semana tenso y con declaraciones en aumento, el impacto por el ataque contra Cristina Fernández de Kirchner seguirá dominando el panorama. La investigación abierta por la justicia federal ya genera cruces y no sólo a partir de la información sobre el celular del detenido. Desde el oficialismo se carga sobre la jueza y el fiscal intervinientes. Y desde la oposición rechazan el mensaje oficial, que busca responsabilizar a espacios opositores, jueces y medios. En ese contexto, Economía intenta marcar su agenda y Sergio Massa inicia su primer viaje como ministro a Washington.

La jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo estuvieron centrados el domingo en el extraño episodio sobre el celular de Fernando Sabag Montiel. Analizaron ese tema, aportes de cámara de vigilancia y otros datos. Después, decretaron el secreto de sumario bajo la sospecha de que el agresor podría no haber actuado solo, según difundieron fuentes judiciales.

La jueza y el fiscal tomaron declaración a integrantes de la Policía Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, luego de que se comprobara que el celular del detenido presentaba la leyenda “reseteado de fábrica”, lo cual podría significar la pérdida de datos importantes para la investigación. Quedan abiertos interrogantes sobre la manipulación del aparato.

La primera respuesta desde el círculo de la ex presidente fue dada por Gregorio Dalbón, que cargó contra el juzgado por el “tremendo ´error´ judicial”. No mencionó a la Policía Federal, en foco además junto a la custodia por las fallas en la protección de Cristina Kirchner.

En paralelo, desde el kirchnerismo duro habían salido con fuertes mensajes a la Justicia. Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos, sostuvo que se trata de un cuadro generado por el “partido judicial”. Y el diputado Rodolfo Tailhade dijo que estarían “trabajando para encubrir el atentado”.

La señal más llamativa partió del jefe del interbloque oficialista en el Senado, José Mayans. “¿Queremos paz social? Bueno, comencemos por parar este juicio vergonzoso”, dijo en referencia a la causa Vialidad, que hoy mismo retoma los alegatos. Y agregó que en ese caso “también se gestó el germen de la violencia extrema”. El senador Oscar Parrilli buscó después despegar a la ex presidente de esa declaración.

Desde Juntos por el Cambio comenzaron a producirse respuestas al mensaje que adjudica el “discurso del odio” a expresiones de espacios opositores, jueces y medios. La señal más concreta fue una declaración de diputados de JxC reclamando la renuncia de la titular del INADI, Victoria Donda, quien había sostenido que “las armas de los odiadores las cargan los Macri, las Bullrich, los Milei, las Granata y los López Murphy”.

Este lunes, además, volverá a reunirse la CGT para resolver si decide algún cese de actividades en solidaridad con la ex presidente. El llamado moyanismo y el sector más cercano al kirchnerismo duro planteó realizar un paro y marchar contra la Corte Suprema. Por ahora, la idea no fue aceptada por los dirigentes de los sectores “gordos” e “independientes”.

En ese contexto, Massa busca avanzar con su agenda. Formalizó ayer mismo, domingo, el anuncio sobre la creación de un “dólar soja” para apurar la liquidación de exportaciones y fortalecer las reservas del Banco Central.

El ministro viajará el martes a Washington. Buscará reafirmar allí el acuerdo con el FMI, encaminar préstamos de organismos multilaterales y, en términos políticos, lograr oxígeno de la administración de Joe Biden. Esos contactos repondrían preguntas sobre un plan económico y acerca de la centralidad política.