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Acorralados por los ciberataques, el Estado ¿reaccionó?

 

Ante el aumento de los ciberataques, el Gobierno acelera la renovación de la ley de Protección de Datos Personales. Los hackers no dan respiro.

Los ciberataques están a la orden del día y el Estado sabe que debe hacer algo urgente. El más reciente fue el hackeo que sufrió la Legislatura Porteña, que es solo una pequeña muestra de la de larga cadena de hackeos a organismos públicos en Argentina. Ante esta situación, el Gobierno impulsa la renovación de la ley de Protección de Datos Personales.

Recordemos que la semana pasada la Legislatura Porteña sufrió un ciberataque y afectó todo el sistema parlamentario de la Ciudad.

El ciberataque ocurrió el 11 de septiembre según informó la Legislatura en un comunicado, en el que detallaron que se trabajará en la detección de "la vulnerabilidad en la infraestructura para poder mitigarla", además de que se "redactará un informe para evaluar el estado de situación que abarca, por ejemplo, qué sistemas están encriptados, qué servidores, qué usuarios y qué máquinas".

De todos modos, y aunque en los últimos días se trabajó con computadoras externas a la Legislatura y sin poder conectarse a la red Wifi del parlamento porteño, desde la Ciudad aseguraron que "están recuperando" del hackeo, aunque no detallan aún que información es la que está comprometida.

Tampoco se sabe que tipo de ataque fue y la Legislatura Porteña no ha dado más detalles sobre este hecho, aunque si radicaron una denuncia ante la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas.

De todos modos, lo de la Legislatura Porteña es solo un caso de la larga lista de ciberataques que sufrieron organismos del Estado, entre ellos, un ataque al sistema de la Dirección Nacional de Migraciones, a la página Argentina.gob.ar y al sistema del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y hasta la Policía Federal.

 

Además de la Legislatura Porteña y otros organismos, en los últimos meses también sufrieron hackeos algunos organismos y empresas de la provincia de Córdoba, entre ellos el Poder Judicial. El ciberataque al Poder Judicial cordobés fue a mediados de agosto, y según información que trascendió, a la fecha no se ha logrado solucionar completamente.

 

Además de la Justicia, también sufrieron hackeos algunas empresas en la provincia de Córdoba, como la Aceitera General Deheza, a quienes le pidieron “una cifra importante en criptomonedas” por el "rescate" de sus datos, extorsión que obviamente se negaron a pagar.

 

También hubo un ciberataque muy mediático: el que sufrió el Senado de la Nación a principios de este año, en el que la Cámara Alta fue blanco de un ataque con la modalidad ransomware. Pero el Senado no fue el único, ya que antes de ese, específicamente el 7 de enero, el Poder Judicial de Chaco sufrió también un golpe informático del mismo tipo: ransomware.

La reacción del Estado

Acorralados por los ciberataques, el Estado parece reaccionar y agiliza por estas horas la renovación de la ley de Protección de Datos Personales.

 

"Comenzó la consulta pública sobre la propuesta de anteproyecto de Ley de Protección de Datos Personales", anuncia la página oficial del Gobierno respecto al tema.

 

En concreto, se buscará modificar la Ley 25.326, de Protección de Datos Personales, normativa que en su momento fue pionera en la región pero que ahora parece obsoleta.

 

Así las cosas, la Agencia de Acceso a la Información Pública publicó en el Boletín Oficial del lunes 12 de septiembre, la Resolución AAIP 119 con la que da inicio a la consulta pública sobre la propuesta de actualización de Ley 25.326 de Protección de Datos Personales.

 

"El objetivo es garantizar la efectiva participación de la ciudadanía de acuerdo a lo establecido en el Reglamento General para la Elaboración Participativa de Normas, establecido en el Anexo V del Decreto 1172/03", explican desde el Gobierno.

 

El Gobierno reaccionó porque los datos respecto a hackeos ya son insostenibles. Según la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), los casos asociados a la cibercriminalidad aumentaron cerca de 465% respecto al año pasado.

 

La consulta para que la ciudadanía participe en este proceso de modificación de la ley, estará disponible del 12 al 30 de septiembre inclusive. Se pueden enviar aportes y opiniones en el sitio web de la Agencia.

 

Además, también se pueden presentar en la Mesa de Entradas, Av. Pte. Julio A. Roca 710 piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 9 a 16 hs.

La propuesta completa a continuación: