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Los detalles del expediente “Vialidad” y el primer pedido de condena contra CFK

 

Doce años de prisión e inhabilitación perpetua. Esa fue la condena solicitada por el fiscal federal Diego Luciani al finalizar su alegato en el primer juicio por corrupción contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Cómo llegamos a esta instancia, de qué se la acusa a la ex presidenta de la Nación (2007-2015), qué puede pasar a partir de ahora y cómo puede influir esta novedad en el escenario electoral de 2023. Todo esto y mucho más lo respondemos en este newsletter.

El mismo día del pedido de condena efectuado por Luciani se publicó en el Boletín Oficial una decisión administrativa firmada por el ministro de Economía, Sergio Massa, que dispuso un fuerte ajuste presupuestario en 6 de los 18 ministerios. Lo analizamos y, además, chequeamos a la secretaria de Energía, Flavia Royón, que se refirió a la segmentación tarifaria. Y siguiendo con la agenda económica, ¿qué pasó con las metas asumidas con el Fondo Monetario Internacional?

Siguen los incendios en el Delta del Paraná y para hoy traemos un ranking de las provincias con mayor cantidad de superficie quemada en los últimos años. ¿Qué más? La implementación de la ley de etiquetado frontal, la protección del patrimonio cultural de la Ciudad y, como cada viernes, las desinformaciones de la semana. Pasen y lean:

Juicio, acusación y muchas preguntas en torno a la causa “Vialidad”

En su novena y última jornada de alegatos, el fiscal federal Diego Luciani solicitó 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa “Vialidad”. En este expediente se investiga el presunto direccionamiento de las obras viales en Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez. La ex presidenta de la Nación (2007-2015) está acusada de 2 delitos: asociación ilícita, en calidad de jefa, y administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

También los fiscales pidieron penas para Báez, y los ex funcionarios Julio De Vido, José López y Nelson Periotti, entre otros. La causa, iniciada en 2016 a partir de una denuncia del ex director Nacional de Vialidad, Javier Iguacel (Cambiemos), podría tener un veredicto a fin de año o a principios de 2023, pero a partir del 5 de septiembre será el tiempo de los alegatos de las defensas de los 13 acusados. 

Lo que resuelva el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 puede ser apelado ante la Cámara Federal de Casación Penal, donde interviene la Sala IV: Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Carlos Carbajo. Al final del camino está la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

La única vía para que este proceso afecte los derechos de la Vicepresidenta de presentarse a elecciones es que tenga una condena firme. Sólo se considera que una sentencia está firme cuando no hay recursos pendientes de resolución, por lo que a este expediente le queda mucho tiempo por delante. Sobre estos y otros temas, encontrá todos los detalles en esta nota. 

La acusación central consiste en haber direccionado desde el Gobierno nacional obras en favor de la empresa Austral Construcciones (de Báez) con licitaciones manipuladas, condiciones extraordinarias, sobreprecios y sin controles de incumplimientos. En esta nota, los detalles sobre las pruebas presentadas por el Ministerio Público. En esta nota, además, un repaso por el estado de cada una de las causas contra la Vicepresidenta. 

Ajustes ministeriales en la era Massa

El Gobierno nacional dispuso un recorte de $ 210 mil millones en 6 de los 18 ministerios, pero a la vez amplió los gastos en personal y en empresas públicas por $ 82 mil millones. Esto le representa un ahorro de $ 128 mil millones (0,17% del PBI). 

La mayoría de los ajustes se dieron en gastos de capital y recayeron principalmente sobre programas como el Procrear y el Conectar Igualdad y las transferencias a las provincias. El organismo que sufrió el mayor ajuste fue la Secretaría de Producción: perdió $ 70 mil millones, el 41% del presupuesto vigente.
  • Flavia Royón: “En 2019, sobre un salario promedio, el gasto en servicios energéticos representaba el 5,3%. Hoy, y con este ajuste, va a representar el 2,5%”

     Según datos de la Secretaría de Energía, el gasto de los servicios energéticos alcanzará este año su menor nivel desde 2015, previo al gobierno de Cambiemos. Especialistas indicaron que dicha incidencia sólo podrá calcularse una vez que se publiquen los nuevos cuadros tarifarios y la “letra chica” del nuevo esquema de subsidios. El peso de las tarifas de servicios sobre salario viene cayendo desde 2019, por el congelamiento de los últimos años.

Las desinformaciones de la semana

  • Circula en redes sociales un video que muestra los resultados de un allanamiento realizado por la Prefectura en donde se exhiben autos de lujo y otros bienes, y se afirma que se trata de elementos embargados a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

     El video original fue grabado en junio de 2019 en la localidad de Barranqueras (Chaco), en el marco de una causa por lavado de dinero que investigaba a un sindicalista de la UOCRA.
     
  • Circuló en redes sociales un video en el que el periodista Hugo Alconada Mon afirma: “Hasta ahora no hay un solo papel que sostenga, que pruebe que Lázaro Báez y la familia Kirchner son socios en el sentido estricto de la palabra”.

     El periodista dijo eso, pero los posteos recortaron la parte en la que Alconada Mon agrega: “Si podés sostener en el sentido amplio de la sociedad, como si fuera una suerte de sociedad de hecho, lo son. Es el empresario argentino con mayor cantidad de vínculos con la familia Kirchner”.

Incendios: las provincias más afectadas por este fenómeno

En las últimas semanas, la Argentina volvió a estar afectada por los incendios de pastizales. La zona fue el Delta del Paraná, en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. Pero, a principios de 2022, Corrientes también fue azotada por el fuego, lo que causó un grave daño ambiental y ecológico.

En lo que va de 2022, se contabilizaron al menos 1.128 incendios en el país que afectaron a 375 mil hectáreas. Sin contar a 2022, de los 3 años anteriores, 2020 fue el año con mayor cantidad de hectáreas afectadas. La Pampa, Córdoba y Corrientes son las provincias con más superficie dañada por el fuego, si se mira el ranking anual desde 2019 hasta la fecha.
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Las metas con el FMI, la ley de etiquetado y la protección del patrimonio cultural de CABA

FMI: ¿cómo nos fue con las metas del segundo trimestre? Sergio Massa se reunirá a principios de septiembre con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, para analizar el avance de las metas pactadas en el Programa de Facilidades Extendidas. En el segundo trimestre, la Argentina cumplió las metas de déficit fiscal y anticipos transitorios del Tesoro. Para la meta de acumulación de reservas del Banco Central habrá que esperar a la revisión del organismo, ya que el FMI considera en su medición las reservas netas y el Banco Central informa oficialmente la cifra de reservas brutas.

Ley de etiquetado frontal, en acción. El fin de semana último comenzaron a aparecer en las góndolas los primeros alimentos y bebidas con octógonos negros al frente de los envases. Estos sellos nutricionales advierten al consumidor sobre el contenido en exceso de azúcares, grasas saturadas, grasas totales, calorías y sodio. Es porque se venció el primer plazo de adecuación a la norma para las grandes empresas. Sin embargo, hubo 2.658 solicitudes de prórroga para la implementación de los sellos de advertencias y fueron aprobados el 35% de los pedidos.

¿Cómo está regulada la protección de edificios en la CABA? Las demoliciones y las nuevas construcciones en la Ciudad avanzan a paso firme y surgen denuncias en torno a la destrucción del patrimonio arquitectónico porteño. A la fecha, solo 3.195 inmuebles forman parte del catálogo definitivo de edificios protegidos. Otros 3.875 integran un catálogo “preventivo”, lo cual permite retirarlos de esa condición a partir de reconsideraciones. La falta de voluntad política para proteger con ley firme el patrimonio deja a muchos inmuebles desprotegidos o en un limbo legal, lo que a su vez impulsa a los grupos de vecinos, que terminan recurriendo a la Justicia para frenar demoliciones. ¿Qué hicieron otras ciudades argentinas? 





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