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Fuente: Derecha Diario
Congresistas electos del partido del exguerrillero comunista confirman que presentarán una solicitud de reunión con el PSUV de Maduro el 20 de julio, ni bien asuman el nuevo periodo legislativo.
Los congresistas electos del Pacto Histórico, el partido del presidente-electo Gustavo Petro, están negociando una reunión con la Asamblea chavista de Venezuela apenas el nuevo hemiciclo colombiano inicie sus funciones el próximo 20 de julio. Estas negocaciones estaban siendo llevadas a cabo en secreto, pero fueron reveladas por la senadora-electa Gloria Flórez.
Los comunistas colombianos no quieren perder un solo día y su objetivo es que Petro ya asuma con relaciones reestablecidas con la dictadura de Nicolás Maduro. Por eso, el 20 de julio presentarán ante la Cancillería de Petro una solicitud para el encuentro.
“Esperan conversar con representantes del Parlamento venezolano en un tiempo no mayor a 15 días a partir de que Petro se instale en la Presidencia“, aseguró.
Petro mencionó en su momento que con la apertura también se iba a “restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en la frontera”, en referencia a supuestos abusos del gobierno de Duque a los inmigrantes venezolanos. Es bastante lamentable esta frase, dado que nunca hizo mención alguna a los abusos de la dictadura castrochavista contra los ciudadanos venezolanos.
¿Quién es Gloria Flórez?
La senadora-electa por el Pacto Histórico fue secretaria de gobierno durante el mandato como alcalde de Gustavo Petro en Bogotá, y tiene una larga trayectoria de colaboración con el terrorismo y el comunismo en la región.
En diciembre del 2018, Colombia expulsó a su esposo, Carlos Pino, acusado de ser un agente diplomático de Maduro, representar un peligro para la seguridad nacional. El caso retumbó en el terreno diplomático y como respuesta Maduro expulsó de Caracas al cónsul Juan Carlos Villamizar.
Las actividades profesionales de Pino no eran del todo claras y no poseía acreditación como diplomático venezolano. Christian Krüger, el entonces director de Migración Colombia, explicó que la decisión se fundamentó en un informe recibido por el organismo que “trae consigo información en la que se puede constar que esta persona podía alterar el orden público, la seguridad nacional y la tranquilidad de todos y cada uno de los colombianos”.
Pero ese no fue el único precedente del actual esposo de la senadora electa. En 1999, fue capturado en un campamento de las FARC en el departamento de Vichada. Si bien negó vínculos con la agrupación, y dijo que estaba allí supuestamente para “ver oportunidades de desarrollo turístico”, el gobierno hace más de 20 años que lo tiene en el rádar por su colaboración con el terrorismo comunista.
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