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El Gobierno no atiende los reclamos de quienes deben producir y pagar impuestos todos los días. Berni se "agranda" con quienes solo quieren trabajar. La presión sindical no cesa y Cristina viene con otro misil contra Martín Guzmán. La AFIP no se apiada de contribuyentes.
Una encuesta cerrada hace dos semanas por la consultora D’Alessio-IROL arrojó un resultado estremecedor: el 64% de los argentinos cree que ya se perdió la “guerra contra inflación”. Es decir, ya no se puede hacer nada. La estrategia que bajo ese mismo nombre lanzó Alberto Fernández el pasado 18 de marzo pasó a la historia sin dejar huella alguna. Ese día no se anunciaron medidas antiinflacionarias, solo hubo fotos y declaraciones. Tampoco pareció levantar el ánimo general el último paquete de medidas anunciado por el Gobierno; inconexo y con medidas que aún nadie sabe cómo se implementarán.
El ejemplo más claro es la promocionada segmentación de tarifas: anoche reinaba la desesperación en algunos gobernadores por saber cómo se llevará adelante, habida cuenta que pasó una semana y el registro de beneficiarios de los subsidios aun no vio la luz. Temen una crisis por delante si no se actúa rápido. En Argentina, solo avanza el pesimismo y no hay encuesta que diga lo contrario.
Ese pesimismo no solo está basado en la ineficacia del Gobierno, sino en la inequidad del esfuerzo y la carga que se le exige a cada sector de la sociedad. Las bases de la tributación son la equidad y la igualdad ante la ley, principios que se cumplen en casi todo el mundo pero no en Argentina. La bronca crece y el Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner elige no verlo.
El universo económico argentino está formado por unos 6,3 millones de trabajadores registrados que soportan sobre sus hombros la carga del sistema previsional, por ejemplo, y que ven como el Estado distribuye los impuestos y cargas que pagan por otros canales que no los contemplan. Lo mismo sienten los jubilados que hicieron sus más de 30 años de aportes y esperaron pacientemente la edad para pasar al retiro, para ahora ver que sus ingresos se aplanan al mismo ritmo que el Gobierno amplía planes sociales que no tienen contraprestación alguna por parte del beneficiario.
Se debería sumar a esta lista también a empresas de todos los tamaños que deben enfrentar el pago de unos 167 impuestos para después soportar la presión del Estado que le bloquea la importación de insumos por falta de dólares. Esa “revolución” de quienes pagan impuestos explica en buena medida la bronca de cada uno de esos sectores.
Esta semana hubo sobradas pruebas de la irritación que provoca el Gobierno de los Fernández. En Argentina las empresas antes que pensar en cómo sortear las trabas que les pone el Estado para poder producir, deben protegerse de los bloqueos que le imponen sindicatos como Camioneros, siempre por caprichos gremiales. No resulta extraño, entonces, que el Movimiento Empresarial Anti Bloqueo que organizó Florencia Arietto tenga más demanda que otras organizaciones industriales. Es lógico, la extorsión sindical con vista gorda del Gobierno trepó al tope de la lista de problemas.
Sergio Berni no dio ningún buen ejemplo el miércoles sobre el mismo tema. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires se presentó en el corte de la autopista Buenos Aires-La Plata y amenazó con llevarse los camiones que protestaban con grúas de la policía si no levantaban inmediatamente. La puesta en escena de Berni resultó y el corte se levantó.
El ministro llegó al corte en helicóptero, acompañado de su perra Bona, y en un rato liquidó el tema. El chiste es que lo hizo con facilidad porque Berni sabía que esta vez no se estaba enfrentando a piqueteros duros o extorsionadores del Estado, como sucede en estos cortes, sino a transportistas como los que protestan por el todo el país porque solo quieren gasoil para poder trabajar.
Son dueños de camiones que pagan impuestos y que, Berni sabe, no son profesionales del apriete. Buscan que el Gobierno libere de alguna forma la venta de gasoil ante una crisis que ya está haciendo perder parte de la cosecha y que ayer hasta mantuvo el puerto de Rosario casi paralizado. El problema es simple: el gasoil se vende a un precio oficial de alrededor de $185. En el mercado blue se lo consigue entre $245 y $300. Si el Gobierno obliga a las empresas a importarlo por debajo del precio real, lo lógico es que no lo hagan ante semejante pérdida. El resto de las explicaciones agravan la situación, pero el centro del problema es, de nuevo, la miopía oficial ante la realidad.
Mientras tanto la política no ayuda. Al alejamiento de Cristina Fernández de Kirchner de su Gobierno y el de Axel Kicillof, se suma el tembladeral que comenzó a generar Sergio Massa ante la posibilidad de también abandonar a Alberto Fernández a la suerte que la historia, sus aliados y el mismo se construyó. Cristina prometió el lunes pasado no romper la unidad del Frente de Todos; los pasos que da y las críticas que lanza cada día dicen todo lo contrario.
Las malas noticias no terminan ahí. Cristina Fernández de Kirchner le declaró, supuestamente, la guerra a las organizaciones sociales por los planes. El impacto en los piqueteros aliados a Alberto Fernández fue inmediato. La vicepresidenta proclamó la necesidad de convertir los planes sociales en puestos de trabajo y poner a los intendentes a la cabeza de ese proceso. Logró inmediatamente que comenzará el desfile de caciques municipales por su oficina proclamándole lealtad.
La realidad es que todo ese proceso no avanzaría exactamente de esa forma. Cristina no quiere realmente terminar con los planes sociales sino modificar el sistema, el control y sumar otro. Ella no elegiría ninguno de los proyectos de reforma que le acercaron hasta ahora. La vicepresidenta tiene en la mira el proyecto del diputado por Frente Patria Grande, Itai Hagman. Esa idea del aliado del kirchnerismo establece la creación de un Salario Básico Universal.
El SBU sería similar al costo de la Canasta Básica Alimentaria, que desde esta semana es de $14.401 por persona adulta. Ese proyecto establece que lo cobrarían desocupados, informales, monotributistas sociales y categoría A, trabajadores agrarios y de casas particulares. El universo es enorme ya que aunque los beneficiarios pueden seguir cobrándolo aunque consigan trabajo. En Juntos por el Cambio temen que si la izquierda se suma podrían conseguir los votos para aprobarlo en Diputados y en el Senado sería solo un trámite.
El costo de ese proyecto que Cristina bendice es de 2,1 puntos del PBI. En otras palabras: un misil directo e impagable para Martín Guzmán y una herida mortal para el ya maltrecho acuerdo con el FMI, sin contar el humor de quienes siguen pagando impuestos y manteniendo el sistema funcionando.
mdz
