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RE/MAX: más de 70 municipios de la Provincia prohíben su actividad y Comercio prepara inspecciones

 En provincia de Buenos Aires, el modelo de franquicias se encuentra vetado en más de la mitad de los distritos. Comercio pone en marcha su plan de lucha


El rechazo a la actividad que desempeñan las franquicias inmobiliarias no deja de intensificarse en el interior de la Argentina. Con RE/MAX como principal compañía apuntada, los municipios siguen promoviendo ordenanzas que directamente prohíben el funcionamiento de estos negocios y procuran defender la supervivencia de los comercializadores tradicionales. En el primer tramo de mayo, y tras la decisión de Mercedes y Navarro de declarar ilegal la propuesta de este tipo de firmas, suman más de 70 –sobre un total de 135– los distritos que sólo en la provincia de Buenos Aires vetan a las franquicias.

En las últimas semanas, también Marcos Paz y Luján pusieron en vigencia distintas ordenanzas que bloquean la proliferación de puntos de ventas ligados a RE/MAX.

"La ordenanza es producto de un trabajo conjunto del Colegio y los concejales, y vuelve a poner en blanco sobre negro la actividad ilegal de las franquicias comerciales, que venimos denunciando desde el Colegio de Martilleros de la provincia de Buenos Aires", se indicó desde la entidad que integra a los martilleros en Mercedes.

"Toda publicidad que hagan las franquicias es ilegal. La aprobación de la ordenanza fue un trabajo arduo, no exento de discusiones acaloradas", declaró Luis Colao, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Mercedes.

Según pudo saber iProfesional, en próximos días los municipios de 9 de Julio, Bragado y Carmen de Areco imitarían a Mercedes y activarían ordenanzas para trabar cualquier potencial desembarco de RE/MAX.

La actividad de las franquicias acumula el rechazo de las entidades inmobiliarias.
La actividad de las franquicias acumula el rechazo de las entidades inmobiliarias.

RE/MAX: municipios prohíben su actividad y habrá inspecciones

Esto ocurre mientras, en paralelo, la situación de la red de franquicias no deja de complicarse en el ámbito de la regulación laboral. En marzo pasado, el Sindicato de Comercio denunció a la empresa por presunto fraude laboral y el movimiento generó la intervención del Ministerio de Trabajo.

Se sucedieron las audiencias pero, al no llegarse a un acuerdo entre las partes, Comercio notificó su decisión de activar un plan de lucha contra la red por aparentes irregularidades en la contratación de personal. RE/MAX es acusada por el gremio de mantener en situación de irregularidad a unos 5.000 trabajadores.

Desde CUCICBA, la entidad que integra a los corredores porteños, indicaron a iProfesional que lo que viene por el lado del sindicato es una batería de inspecciones con el fin de comprobar cómo es la situación laboral de las personas ligadas a la red de franquicias.

"El Sindicato de Comercio iniciará visitas a las oficinas de la compañía. En esas acciones solicitarán la documentación pertinente sobre el estado de situación de cada uno de los trabajadores. Las inspecciones seguramente comenzarán a hacerse visibles en breve", indicaron directivos de la organización.

"Mientras tanto, seguimos a la espera de lo que decida la Corte Suprema de Justicia. El funcionamiento de las franquicias será evaluado en el marco de las audiencias públicas establecidas para lo que queda del año. RE/MAX apeló la decisión de la Inspección General de Justicia (IGJ), pero entendemos que habrá novedades sobre la prohibición de funcionamiento en el segundo semestre", añadieron.

RE/MAX y la batalla con el gremio de Comercio

Según pudo saber iProfesional, la compañía no movió un centímetro su posición ante el reclamo del gremio. RE/MAX alegó no tener responsabilidades en las contrataciones que llevan a cabo los comercializadores que adhieren a la marca. En una de las últimas reuniones celebradas con Comercio, los abogados de la compañía sostuvieron que los conflictos por las contrataciones son sólo potestad de quienes efectúan la compraventa de inmuebles bajo el cartel de la red pero no de la franquiciante.

Desde CUCICBA indicaron a este medio que la empresa insistió en que "si hay un conflicto laboral, ese es tema de los franquiciados y sus agentes".

"El apoderado de la red cargó las tintas sobre los franquiciados. RE/MAX SRL dice tener menos de 40 empleados y que a todos ellos los tiene en blanco. Su abogado remarcó que el personal de cada sucursal depende siempre de quien opera bajo la marca", añadieron fuentes de esa entidad.

Tras la falta de acuerdo, la secretaría de Asuntos Gremiales del Sindicato de Comercio emitió un documento dejando en clara la postura de la organización. Y, en el mismo escrito, se declaró en estado de alerta y movilización.

RE/MAX es acusada por el gremio de mantener en situación de irregularidad a unos 5.000 trabajadores.
RE/MAX es acusada por el gremio de mantener en situación de irregularidad a 5.000 trabajadores.

La denuncia contra RE/MAX

A principios de febrero, Comercio elevó ante la cartera de Trabajo un pedido citación para que la empresa brinde explicaciones sobre el status laboral de los agentes inmobiliarios que responden a la red. La secretaría de Asuntos Gremiales de la organización acercó al Ministerio en cuestión una "denuncia de conflicto colectivo" con pedido de audiencia.

Entre sus argumentos, el sindicato alegó que "REMAX ARGENTINA S.R.L., empleador de más de 5.000 trabajadores dependientes, mantiene las relaciones laborales contraídas al margen de toda registración, en franco fraude a la ley laboral, sindical, de obra social y de la seguridad social, enmascarando las mismas bajo la figura comercial del ‘monotributo’".

"La empresa denunciada, valiéndose de su marca internacional, ha armado una extensa red interempresarial utilizando los contratos de franquicia para desplegar un marco contractual de cobertura, con el único objeto de mantener al margen de toda registración a sus dependientes; en franca violación a la normativa vigente de colegiación de la actividad martillera", detalló Comercio en su denuncia.Añadió el sindicato: "De esta forma, la empresa, en un ingenio al servicio de la ilicitud laboral, utiliza la pantalla del ‘agente inmobiliario’, como una pseudo categoría en contra de la normativa que rige la colegiación de los martilleros, con el único fin de evitar registrar el vínculo laboral dependiente".



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