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Justo el mismo día en que Alberto Fernández advirtió desde Europa que "desplazará a los funcionarios que obstruyan la gestión", el secretario de Energía, Darío Martínez, y el subsecretario Federico Basualdo, principal emergente de La Cámpora en el área, visitaron una central térmica en Ezeiza y vaciaron de contenido la audiencia pública en la que se presentó cómo evolucionará el precio de la electricidad a partir de junio.
A diferencia de lo ocurrido en las audiencias públicas anteriores, ni el secretario de Energía, Darío Martínez, ni el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, participaron de la convocatoria para discutir los aumentos de las tarifas de electricidad previstos para junio. Ambos funcionarios decidieron, en cambio, ir a recorrer una central termoeléctrica en Ezeiza en abierto desafío al presidente Alberto Fernández, quien más temprano desde Europa había mandado a decir a través de los medios que cubren su gira que «la suba de tarifas es una decisión política y quien no puede tomar esa decisión no puede seguir en el gobierno«, como publicó el diario Clarín.
«Esta mañana, junto al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, y el intendente Gastón Granados estuvimos en la Central Termoeléctrica Ezeiza. Seguimos trabajando por más energía, para que el país siga creciendo con igualdad de oportunidades para todos y todas”, aseguró Martínez en su perfil de Instagram sin hacer ninguna referencia a la audiencia pública.
Al mismo tiempo, voceros de YPF que responden a la La Cámpora difundieron imágenes y dos videos de la recorrida de Martínez y Basualdo por la usina ubicada en el sur del conurbano. Por si quedaban dudas sobre la intencionalidad de esa recorrida, cuando el diario La Nación consultó a fuentes cercanas a Martínez sobre la decisión de mostrarse en Ezeiza mientras se desarrollaba la audiencia la respuesta fue contundente: “Mientras otros aumentan, nosotros estamos tratando de mejorarle la vida a la gente”.
La audiencia
El subsecretario de Coordinación Institucional de Energía, Guillermo Usandivaras, que responde políticamente al jefe de Gabinete, Juan Manzur, fue quien dio inicio a la audiencia pública y presentó un informe basado en datos de la Subsecretaría de Planeamiento Energético, en donde se exhibió un incremento del 6,88% para los usuarios con tarifa social y un 16,52% dirigido al resto de los usuarios residenciales para junio.
Con esta suba, las facturas pasarán de $843 a $901 para los usuarios más vulnerables y de $1610 a $1876 para el resto de los consumidores. En el informe se detalló que los aumentos corresponden a la categoría R2, la cual representa un consumo de 300 kWh mensual.
Mediante el informe se mostró que los parámetros tomados en cuenta para efectuar los aumentos tomaron como referencia el coeficiente de variación salarial (CVS) correspondiente a 2021, tal como se fijó en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cuyo valor fue de 53,4%.
En base a esto, se señaló que los aumentos durante 2022 para los beneficiarios de la tarifa social no podrán excederse más allá del 40% del CVS, lo que representa un 21,27%, mientras que, para el resto de los usuarios, la suba no tendrá que ser mayor al 80% del CVS, por lo tanto, se estima que será de un 42,72%.
A su vez, se informó que el Estado afrontará en este trimestre subsidios en el orden del 81,85% del costo total de la electricidad para abastecer a la demanda residencial conforme al PEST vigente.
Oradores
La mayoría de los participantes, que representan a las distintas defensorías del Pueblo y a entidades de defensa de los consumidores, remarcaron que para determinar el valor de la tarifa es necesario analizar los costos de producción y generación de la energía.
En este sentido, la diputada Jimena Latorre apuntó contra el manejo de las audiencias y la ausencia de funcionarios del sector. Además, se refirió al impacto que tendrán los aumentos aseverando que “el precio estacional no afecta solamente al AMBA, sino que va a afectar a todo el país” y que “los funcionarios contienen las tarifas con subsidios sólo en el ámbito de su competencia”.
Por su parte, Mariana Grosso en representación de la Defensoría del Pueblo de la Nación argumentó que en cuanto a la quita de subsidios debe evaluarse “cuál será el impacto y la capacidad económica de los usuarios” puesto que consideró que “hay una crisis en el sector de los asalariados y para imponer un aumento debe analizarse si los usuarios están en condiciones de pagar las facturas y asi no restringir el acceso a otros servicios”.
Asimismo, El gerente de Planificación y Control de Edenor, Federico Mendéz, manifestó que “desde el año 2002 las tarifas son en pesos y siempre son fijadas por el Gobierno, en cambio otros sectores de la industria reciben tarifas dolarizadas y actualizadas, como por ejemplo los productores de gas, petróleo y generación eléctrica”.
Además, agregó que “en los últimos tres años los ingresos de Edenor se incrementaron un 31%, mientras que el resto de las variables- dólar, salarios, entre otros- subieron entre el 194% y el 287% y la factura aumentó un 30% para los usuarios residenciales, pero en comparación con otros servicios es un importe bajo”. Por último, indicó que “cualquier incremento que tenga impacto en la factura final del usuario debe considerar un justo y equilibrado reconocimiento de los ingresos de Edenor ya que la inversión en redes debe ser constante en el tiempo”.
Claudio Bulacio, el gerente de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA), opinó que “para bajar el precio estacional es preciso contar con un plan a largo plazo, con un proceso gradual ya que una falta de previsibilidad encarece todos los costos del servicio”. Por esto, sumó que “en los cuadros tarifarios de todas las distribuidoras se deben reconocer los verdaderos costos del servicio para que este sea sustentable”.
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