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La reforma del Consejo de la Magistratura empezó a generar tensiones a nivel institucional que involucran a la Corte, al oficialismo y a la oposición
Al filo del vencimiento del plazo para modificar el Consejo de la Magistratura la Corte Suprema mantiene un deliberado silencio sobre la negativa del oficialismo a designar nuevos representantes en ese órgano clave para el Poder Judicial, pero se prepara para asumir la presidencia del cuerpo en medio de advertencias sobre un conflicto institucional grave.
El viernes 15 de abril, en medio del fin de semana largo, se termina el plazo dispuesto por el máximo tribunal para que el Congreso sancione una nueva ley que reordene al organismo encargado de seleccionar y remover jueces o, en su defecto, que regrese a su composición original de 20 miembros encabezados por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti.
El Frente de Todos, y en particular el kirchnerismo, rechazan de plano que el máximo tribunal vuelva a hacerse cargo del órgano judicial y, en ese conexto, el Senado que preside Cristina Kirchner (y que aprobó un proyecto de reforma que no se llegó a tratar en la Cámara de Diputados) confirmó que no designará un representante para la nueva composición de 20 miembros como manda el fallo de la Corte que ordenó modificar el Consejo.
Frente a este escenario, los miembros de la Corte Suprema mantienen el hermetismo respecto de los pasos que seguirá. "Se sabrá el lunes 18, pero se aplicará lo que ya dijo el fallo", indicaron fuentes del máximo tribunal a iProfesional. Por otro lado, negaron que vayan a enviar "alguna comunicación al Congreso en caso de que no elija representantes" y señalaron que "la sentencia contempla qué pasaría si se cumple el plazo sin que esté la nueva composición".
El fallo emitido en diciembre pasado señala que en ese caso "los actos dictados por el Consejo de la Magistratura serán nulos". Por ese motivo, fuentes del organismo consultadas por iProfesional indicaron que "la posibilidad más fuerte hasta ahora es que Rosatti asumiría sin los nuevos representantes del Congreso".
¿Por qué hay riesgos de conflicto institucional en torno al Consejo de la Magistratura?
El problema que surgió en las últimas horas es que tanto en el Frente de Todos como en Juntos por el Cambio advierten que la situación planteada es la de un "conflicto institucional grave", aunque ambos esgrimen razones distintas y responsables distintos.
El senador Oscar Parrilli, estrecho colaborador de Cristina Kirchner, sostuvo en declaraciones periodísticas que "es una locura total volver a la integración de 1997" como ordenó el fallo de la Corte Suprema y sostuvo que "hay que esperar a que se sancione la ley" nueva, que ya está en la Cámara de Diputados. De esta manera confirmó que el Senado no designará a un nuevo representante para el Consejo.
El jefe del bloque de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri, fue quien le salió al cruce al advertir que "si desde el oficialismo no cumplen con el fallo de la Corte Suprema se van a estar alzando contra el máximo tribunal", tras lo cual agregó: "Estamos presenciando un deterioro institucional brutal".
La tensión siguió subiendo cuando horas después, Parrilli insistió en que el kirchnerismo no quiere convalidar el fallo de la Corte que considera ilegítimo por haber restablecido una ley ya derogada y advirtió que si Rosatti asumiera el lunes al frente del Consejo estaría "consumando un golpe institucional". Y es que, para el kirchnerismo, la sentencia del máximo tribunal es eso.
Y si algo faltaba para terminar de enturbiar el clima, el martes por la tarde un juez federal de Paraná, Entre Ríos, hizo lugar a una medida cautelar que había solicitado el diputado del Frente de Todos Marcelo Cassaretto contra el fallo de la Corte y directamente prohibió al Congreso enviar a sus nuevos representantes al Consejo de la Magistratura.
Nuevamente, Negri salió con los tapones de punta y sostuvo que "el kirchnerismo busca cualquier artilugio para incumplir un fallo de la Corte Suprema de Justicia". El clima quedó caldeado y el futuro del Consejo de la Magistratura, en una nebulosa.
Los pasos a seguir que se evalúan en el Congreso
Según supo iProfesional, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, intentará resolver a partir del lunes con todos los jefes de bloque los pasos a seguir para aprobar la nueva ley. La esperanza en el sector más dialoguista del Frente de Todos es que la Corte Suprema no asuma el control del organismo y le otorgue al Congreso una prórroga para poder tratar la reforma que llegó desde el Senado.
En ese sector se ubica también el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, ya había advertido las enormes dificultades para que la Cámara de Diputados tratara el proyecto esta semana, antes del 15 de abril, cuando el Senado recién logró aprobarlo el jueves anterior.
Martínez sostuvo que "es un disparate pedirle a la Cámara de Diputados que aborde un tema de esta trascendencia en tan pocos días, cuando la Corte Suprema de Justicia tardó 1.577 días en emitir un fallo" y agregó: "Es insólito que ningún dirigente opositor haya salido a respaldar esta posición".
Mientras tanto, el Consejo de la Magistratura apuró las elecciones de los estamentos de los abogados y de los jueces para tratar de cumplir con el fallo de la Corte en ausencia de la nueva ley. Los abogados eligieron a sus dos nuevas consejeras Jimena de la Torre -apoyada por la oposición- y María Fernanda Vázquez -apoyada por el oficialismo-, mientras que los jueces hicieron lo propio con Agustina Díaz Cordero.
La situación del organismo es por demás compleja. El lunes pasado sus miembros no lograron ponerse de acuerdo para aprobar los concursos destinados a cubrir vacantes de jueces federales en Comodoro Py. Volverán a reunirse este miércoles pero la tensión en torno al futuro del organismo, que se debate entre la parálisis y el escándalo, complica el trámite.
El Consejo de la Magistratura actual y su futuro
Desde 2006, el Consejo de la está integrado por tres jueces del Poder Judicial de la Nación; seis legisladores (tres senadores y tres diputados, correspondiendo dos a la mayoría y uno a la primera minoría); dos representantes de los abogados; un representante del Poder Ejecutivo y un representante del ámbito académico y científico.
Para volver a la integración de 20 miembros, además de sumarse dos nuevas consejeras por los abogados y una por los jueces, el Congreso debería sumar dos nuevos representantes: uno por la Cámara de Diputados y uno por el Senado. A través de Parrilli, Cristina Kirchner adelantó que ella no lo hará y, como se necesita una resolución conjunta, Massa tampoco podría nombrar a un diputado, además de que no hay acuerdo entre oficialismo y oposición respecto de a qué fuerza le correspondería el lugar.
La iniciativa del Poder Ejecutivo que el oficialismo logró aprobar en el Senado la semana pasada amplía de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo, al sumar un juez, dos abogados y un representante académico. Contempla también la cuestión de género, de modo tal que al menos la mitad de los cargos deberán ser ocupados por mujeres.
El oficialismo logró aprobar el proyecto tras conceder modificaciones y obtuvo 37 votos a favor y 33 en contra.
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