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En el 2011, el gobierno kirchnerista firmó un acuerdo con una empresa de Qatar, en el que comprometió a Argentina a pagar durante veinte años más de 40.000 millones de dólares, a un valor 53 por ciento más caro que en el mercado. Además de CFK, lo acordaron Julio De Vido y Roberto Baratta.
En los primeros días del año 2011, durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner, el por entonces ministro de Obras Públicas, Julio De Vido, firmó un acuerdo con la empresa Qatargas, que obligó a la Argentina a pagar un promedio de 8 millones de dólares diarios durante un lapso de veinte años por la importación de gas natural licuado (GNL).
En aquel entonces, los que negociaron el acuerdo fueron los representantes de Cometrans Qatar, una empresa del Grupo Cirigliano, propietaria de los colectivos Plaza y los trenes TBA. Sería el propio Claudio Cirigliano, años después, quien quedaría en la mira de la Justicia por numerosos negociados con el gobierno kirchnerista.
Las pruebas parecieran ser contundentes. El GNL fue comprado en forma directa y sin licitación por la administración de CFK a la empresa qatarí. A través del documento se filtró que Argentina se comprometía a comprar unos 5 millones de toneladas anuales del combustible, comprometiendo a las siguientes cinco administraciones.
No sólo ello, sino que lo haría con un grosero sobreprecio.
En efecto, sujetó las subas en los costos a la misma fórmula establecida para definir el valor de venta del gas al valor del petróleo Brent. En este sentido, la fórmula arrojó un valor de GNL qatarí de 16.8 dólares por millón de BTU, o sea, un 52.7 por ciento más caro que el promedio que Enarsa abonó aquel año por el mismo producto.
A pesar de las abrumantes pruebas en su contra, de lo irregular de las negociaciones y del hecho de que los involucrados tuvieran probadas muestras del poco interés en ajustarse a las leyes, el juez Ercolini decidió en las últimas jornadas sobreseer parcialmente a la actual vicepresidente, a De Vido y a Baratta.
En consecuencia, Juan Ricardo Mussa, presidente de la Cámara de Consorcistas y Propietarios de Inmuebles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en representación de los propietarios de inmuebles de la Capital Federal, junto a su abogado, Alejandro Sánchez Kalbermatten, interpuso un recurso de nulidad contra la resolución de Ercolini, que apunta a volver a sentar a CFK en el banquillo de los acusados.
De acuerdo a Mussa, además de los delitos enunciados, estarían involucrados los supuestos delitos de lavado de dinero, encubrimiento y asociación ilícita. Hasta el momento, lo único que pareciera haberse logrado, lejos de la Justicia que los jueces debieran garantizar, es la palabra de Ercolini, asegurando que “seguirá investigando a la vicepresidente por una posible asociación ilícita vinculada con los Cuadernos de la Corrupción”, cuya causa actualmente está en el Tribunal Oral Federal Nro. 7, aún sin fecha de juicio.
