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La receta del Instituto Patria para bajar la inflación en los alimentos (y no perder las elecciones)

 Un trabajo al que accedió elDiarioAr dice que será una variable clave en los comicios de 2023. Admite que el déficit fiscal y la emisión son algunas de las causas de la inflación, pero propone que su reducción se complemente con medidas que mejoren la producción y la comercialización. Además, recomienda aplicar las leyes de abastecimiento y de góndolas, inspecciones, retenciones y fideicomisos. 

El Instituto Patria, cuya presidenta honoraria es Cristina Fernández de Kirchner, terminó esta semana un informe llamado “Precio de los Alimentos e Intervención Directa del Estado Nacional. Análisis y recomendaciones preliminares”, que contiene una receta para resolver la inflación de la comida antes de las elecciones presidenciales de 2023, en tiempos en que Alberto Fernández plantea su guerra contra las subas. El informe desestima la idea de una empresa nacional de alimentos, que propuso el director nacional de Políticas Integradoras, Rafael Klejzer, del Movimiento Popular La Dignidad, por considerar que se trata de un proyecto poco efectivo y muy costoso. El reporte sorprende al admitir que el déficit fiscal y la emisión monetaria contribuyen a la inflación y concluye que su reducción debe complementarse con la aplicación de las leyes de abastecimiento, de defensa de la competencia y de góndolas -por ahora incumplida-, las retenciones y los fideicomisos, pero también con ayuda a pequeños productores de alimentos y expansión de mercados barriales. 

El reporte, coordinado por José María Fumagalli, que comanda la Comisión de Desarrollo Productivo del Patria después de dirigir durante 23 años la Cámara de la Industria Química, comienza reconociendo que “a las múltiples causas que dan origen al proceso inflacionario para el conjunto de los bienes transables (déficit fiscal, emisión monetaria, cotización del dólar, expectativas económicas, entre las principales), en el caso de los alimentos se agregan otras causas específicas que interactúan entre sí reforzando la inflación”. “La primera es la existencia de mercados internacionales de futuro para todos y cada uno de los commodities de origen agropecuario; la segunda es la estructura monopólica que caracteriza tanto a los exportadores de esos commodities, como a los productores de alimentos. Esa interacción tiene como principal resultado que los precios que se aplican en el mercado doméstico no sólo están ligados a los precios de exportación, sino que además suben ante expectativas de aumento de los precios internacionales y, acción monopólica mediante, nunca reflejan las reducciones que periódicamente se producen en el mercado mundial. A estas dos primeras se agregan otras, también realidades específicas de algunos alimentos: tal el caso de la estacionalidad que caracteriza a frutas y hortalizas, producto del desajuste entre las variaciones entre oferta y demanda en algunas ocasiones. Otro motivo adicional son los imprevistos climáticos, tales como sequías e inundaciones”, continúa analizando el Patria las causas. Entre los autores figuran también Vilma Cabrera, José Luis García Palazón, Julio Rojas, Sandra Nicolás, Juan Luis Vendrell Alda, Milagros Barbieri, Lucas Antonietti, Angelina Antico Zalazar, Lucas Gallo Mendoza, Marcelo Seijas, Raúl Sánchez, Marcelo Yaquet, Ignacio Pasmanter, Guillermo Urdínez y Braian Gómez.

El reporte reconoce, por un lado, la motivación social de la lucha contra la inflación, pero tampoco esconde el objetivo electoral“Consideramos que el control de la inflación de los alimentos y otros productos que integran la canasta básica será una de las variables principales que definirá el resultado de las elecciones 2023”. Más adelante sostiene: “Parece conveniente que la implementación de la IDE (intervención directa del Estado) se realice mediante un esquema modular y progresivo que permita obtener resultados concretos y demostrables a más tardar en mayo/junio de 2023”.

“La IDE cuenta como antecedente con la existencia del programa Acercar Alimentos (canales cortos de comercialización) y la existencia de Mercados de Cercanías, que podrían acoplarse fácilmente al proyecto”, ejemplifica los tipos de acciones recomendados. El instituto que encabeza la vicepresidenta de la Nación también aboga por replicar la experiencia de pequeñas empresas estatales provinciales que producen o comercializan alimentos“Asimismo cuenta con la posibilidad de integrar experiencias provinciales existentes (Sol Puntano en San Luis, Agroandina de La Rioja, AICAT de Catamarca, CERET de La Pampa), así como proyectos ya elaborados con finalidades similares (TRIS y ARA)”. TRIS fue un proyecto nacional de 2004 que proviene de la sigla Trabajo Rural para la Inclusión Social y ARA fue otra iniciativa de Almacenes Regionales Argentinos. El Patria analizó además los ejemplos de Mercasa, una sociedad anónima pública española que dispone de 23 mercados, y la estatal boliviana Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA).

“La implementación de la IDE mediante una empresa estatal ad hoc generará enormes expectativas, pero no garantiza en modo alguno el control de los precios al consumidor final de sus productos. YPF es un ejemplo, tanto de eficiencia empresaria, como de la inutilidad de ese objetivo”, concluye el informe. Apunta que generaría “una enorme burocracia”, requeriría una inversión difícil de financiar y no llegaría a materializarse para 2023.

Antes de desplegar sus recomendaciones, el Patria hace una aclaración: “La problemática inflacionaria de los alimentos reconoce múltiples causas, por lo cual la solución a ese flagelo también hace necesaria la combinación simultánea de diferentes políticas y herramientas que complementen a los mecanismos indirectos con que ya actúa el Estado Nacional, tales como el control de la aplicación de la legislación sobre abastecimiento, defensa de la competencia, la aplicación de retenciones, creación de fondos fiduciarios, medidas de promoción, etc.”. “Una de las alternativas posibles es la urgente puesta en marcha de un conjunto de mecanismos estatales para intervenir directamente en el mercado de alimentos y eventualmente de otros productos que integran la canasta básica. Estos mecanismos pueden adoptar diversas estructuras previstas para el funcionamiento de la administración del gobierno, tales como una empresa estatal, agencia del estado nacional, ente autárquico, entre otras.”

El think tank cristinista fija tres objetivos:

  1. “El primer objetivo es el aumento de la oferta de alimentos, que se lograría mediante la incorporación de nuevos productores, en especial pymes; uno de los instrumentos que parece apropiado es la fijación de precios sostén acompañada por una garantía de compra por parte de la estructura que resulte de la IDE cuando no se presente una demanda suficiente por parte de la estructura comercial tradicional; estas medidas serían efectivas según lo muestran las experiencias de AICAT, Sol Puntano, Agroandina y CERET. Otros instrumentos posibles para aumentar la oferta incluyen el financiamiento, el soporte y la asistencia técnica para facilitar el inicio de actividades por nuevos productores, así como para la conformación de cooperativas que agrupen a los actores de la economía popular.
  2. El segundo objetivo, la reducción de los costos de logística e intermediación puede ser alcanzado mediante la reducción de la cantidad de intermediarios y el acortamiento de las distancias que median entre productores y consumidores. Este objetivo puede ser alcanzado mediante una muy importante ampliación de la cantidad de mercados concentradores regionales mediante los canales cortos de comercialización del programa Acercar Alimentos, así como el proyecto de Almacenes Regionales Argentinos.
  3. El tercer objetivo, lograr que la mayor oferta y los menores costos de intermediación tengan impacto sobre la actual estructura monopólica, es el de mayor complejidad y posiblemente requiera de distintas herramientas. Las herramientas de intervención indirecta están fuera del alcance de la mecánica de la IDE, tal es el caso de las retenciones, fondos fiduciarios y de los controles en la aplicación de las leyes de abastecimiento, defensa de la competencia, ley de góndolas y del programa Precios Cuidados. Las herramientas de intervención directa podrían complementar esas medidas gubernamentales; por ejemplo, mediante la oferta de los alimentos comprados para sostener los precios a los productores, así como el financiamiento a pequeños productores y sus cooperativas para cubrir los plazos de pago exigidos por los supermercados. En última instancia, la IDE podrían recurrir a la importación de alimentos, tal como hacen Mercasa y EMAPA en España y Bolivia, respectivamente”.

Para apoyar a los pequeños productores, se recomienda un blanqueo tributario“Se puede recurrir a medidas tales como una desgravación de impuestos, tal como se aplica a las empresas en el Régimen de Promoción a la Economía del Conocimiento”. Para apuntalar la distribución propone usar la empresa estatal Comercialización y Logística Central SE, que da servicios de almacenaje, transporte y logística, o el Mercado Central. Por último, sugiere “una enérgica campaña de inspección y verificación del cumplimiento de precios acordados en los programas vigentes por parte de la Secretaría de Comercio Interior”.

Alejandro Rebossio 
Twitter: @ale_rebossio