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La trastienda de la declaración del Presidente en la causa contra Cristina: qué pasó en los pasillos de Comodoro Py

En medio de fuertes cruces con la fiscalía, negó direccionamiento de obras en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez; dijo no conocer al empresario; desligó a la expresidenta de las presuntas maniobras y defendió a la obra pública como dinamizador de la economía. "Es una decisión política no judiciable", afirmó sobre el reparto de las obras en todo el país.


Cara a cara con el Tribunal Oral Federal Número 2, el presidente Alberto Fernández declaró bajo juramento durante casi tres horas a pedido de la defensa de la vicepresidenta. Si bien podía comparecer en forma escrita por ser funcionario público, en un fuerte gesto político de respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, el Jefe de Estado eligió estar presente en Comodoro Py.

En medio de un fuerte operativo de seguridad que alteró el habitual funcionamiento de los tribunales federales de Retiro, el presidente ingresó por una de las puertas laterales ubicada en el subsuelo del edificio de Retiro e ingresó sin preludios a la sala de audiencias, ubicada en la planta baja.

Acompañado durante toda la jornada por el Secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; la portavoz presidencial, Gabriela Cerrutti y el diputado Eduardo Valdez -quienes lo aguardaron en el pasillo- Fernández ingresó sólo a la sala. Por protocolo sanitario allí estuvieron -además del presidente- los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y el secretario del Tribunal, mientras que el resto de las partes participaron vía zoom.

Judicialización de la política

“Me llama mucho la atención lo que estamos discutiendo en este juicio”, lanzó al inicio de su declaración. Fue a partir de la pregunta de la defensa de CFK sobre si existe algún tipo de limitación normativa para definir en la ley de Presupuesto los montos para la obra pública y cómo se distribuyen. “Definitivamente no existe una norma que diga cuánto se debe destinar a la obra pública”, afirmó Fernández, quien en numerosas oportunidades buscó dejar asentado que lo que hizo el juez de instrucción Julián Ercolini fue judicializar decisiones políticas. “No existe ninguna norma. A mi juicio, es una decisión política no judiciable”, afirmó.

“¿Había un reparto arbitrario de los montos?”, interrogó Carlos Beraldi. “No. En un presupuesto realmente es muy difícil distribuir en forma arbitraria. Porque todas las Provincias pelean por su parte. La ley más compleja de sacar es la ley de Presupuesto”, detalló el testigo. Y desligó una eventual responsabilidad de Cristina Kirchner en las presuntas maniobras: “La aprobación de un Presupuesto no es decisión de un presidente que decide cómo se gasta la plata”, aseguró. Al mismo tiempo reiteró lo que todos los testigos ya señalaron en este juicio sobre la complejidad y los numerosos controles internos y externos por los que atraviesa cada proyecto de ley de presupuesto. “Es un debate enorme dentro del Congreso. Es muy difícil que haya una distribución arbitraria. Se lo dice alguien que está gobernando sin presupuesto, porque el Congreso no le aprobó el presupuesto. Es una discusión muy difícil”, lanzó.

Ampliaciones presupuestarias

Luego, ante una de las preguntas de Beraldi, el Jefe de Estado desterró la hipótesis de la acusación sobre desvíos de partidas a través de las ampliaciones presupuestarias: “¿Por qué se dictan los DNU para ampliar las partidas presupuestarias? ¿Es usual?” “Tiene la misma jerarquía de la ley. Es algo que es usual, que pasa año a año, cada vez que los recursos fueron superiores a los previstos en los presupuestos. Es una regla habitual en la administración pública. No tiene nada de excepcional. El DNU reemplaza la ley”.

“¿Hubo un propósito de conferirle a Santa Cruz fondos en forma desproporcionada?” “No. definitivamente no”, afirmó.

También consultado por la defensa de Cristina Kirchner, Fernández explicó que las redistribuciones de partidas “son algo absolutamente habituales”. En ese sentido puso como ejemplo la inundación en Santa Fe del año 2003. “Tuve que sacar recursos de otras jurisdicciones para poder mandarlos a Santa Fe”, detalló. Y agregó que “nunca esas decisiones administrativas tuvieron el objetivo de beneficiar a alguien”.

“Recibió alguna instrucción para que girara fondos a Santa Cruz?” “Definitivamente no. Ni a Santa Cruz ni a ningún otro lado”. “Y que se giraran para beneficiar a algún empresario en particular?” “No. Definitivamente no”. “¿Tomó conocimiento de un acuerdo de voluntades para direccionar la obra pública y favorecer a un empresario en particular en Santa Cruz?” “Definitivamente no”.

Tensión

Momentos de tensión tuvieron lugar cuando fue el turno de las preguntas del Ministerio Público. El fiscal Diego Luciani buscó introducir declaraciones periodísticas de Alberto Fernández cuando estaba distanciado de CFK, sin embargo, esto no fue admitido por el Tribunal.

“¿Por qué renunció a su cargo?”, indagó Luciani. “Por diferencias por la resolución 125. Sentí que no iba a tener la misma fuerza que había tenido en la gestión de Néstor Kirchner y decidí dar un paso al costado”. “¿Cuándo tomó conocimiento de Lázaro Báez?” “No conozco al señor Lázaro Báez. Lo crucé una vez en Santa cruz. Le dije ‘buenos días’ y me dijo ‘mucho gusto’”. Y recordó que él estaba con Néstor Kirchner en su casa y Báez estaba allí haciendo una obra. “Se acercó a saludar y se dio este diálogo que le cuento”, agregó.

Luego, el fiscal le mostró una planilla de licitación de obras para interrogarlo y Alberto Fernández se mostró molesto: “Doctor, a mí me da la impresión que usted no me escuchó antes”. “Si, lo escuché”, respondió Luciani. “Entonces tiene un problema de comprensión”, lanzó el Jefe de Estado. Y manifestó su “desconocimiento absoluto” de ese listado, ya que, según explicó en reiteradas oportunidades, las licitaciones y adjudicaciones de obras no dependen del presidente o del jefe de gabinete de ministros. “El jefe de Gabinete nunca participa del trámite de licitaciones. Tampoco el presidente. Hay que entender cómo funciona el Presupuesto”, enfatizó.

“¿El presidente le indica a un ministro cómo asignar los recursos?”, insistió el fiscal. “Le reitero. Un presupuesto no es la decisión de un presidente”. “¿Usted tenía alguna interactuación particular con el ministerio de Planificación?” “Si, claro. Era el ministro de Planificación. Interactuaba como con todos los ministros”. La pregunta inquietó a Fernández, por lo que agregó con énfasis: “Siento que hay una suerte de fantasía de que acá se juntaban dos o tres personas y decían mandémosle plata a alguien. Y quiero decir que en los hechos eso es imposible que ocurra. Eso es lo que me llama poderosamente la atención de este juicio”.




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