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Sería del 20% y regirá desde marzo hasta diciembre próximo cuando finaliza el período de transición tarifaria. Las empresas reclaman un incremento superior
Luego de haber concluido el proceso de aumento de las tarifas del gas, el Gobierno ahora apunta a resolver los valores de incremento que se aplicarán a las facturas de la luz en la zona del AMBA.
Como paso inicial, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), acaba de convocar a una audiencia pública virtual para el próximo 17 de febrero con el objeto de poner en conocimiento y escuchar opiniones respecto al tratamiento de la determinación de los precios de referencia estacionales de la potencia de energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), así como el precio del transporte (PET) y para la zona de Tierra del Fuego.
La convocatoria del organismo llega unas semanas después de los graves cortes de suministro que afectaron a miles de usuarios de Edesur y Edenor y que motivaron una nueva polémica entre las distribuidoras y las autoridades nacionales por la calidad del servicio; las inversiones necesarias para evitar este tipo de problemas y el valor lógico de la tarifa para permitir mejorar la ecuación financiera de las compañías.
Mediante un comunicado, el organismo junto a la Secretaria de Energía, informó sobre la puesta en marcha de esta instancia previa a la definición del aumento "con el objetivo de brindr una adecuada solución de coyuntura en beneficio de las personas usuarias, así como para las concesionarias, bajo la premisa de sostener la necesaria prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de electricidad, en condiciones de seguridad y garantizando el abastecimiento respectivo, así como la continuidad y accesibilidad de dichos servicios públicos esenciales".
No habrá otra suba durante este año
Del informe se desprende que no habrá otra suba durante este año ya que el nuevo proceso de renegociación de valores se comenzará a aplicar una vez que finalice el análisis de los contratos de renegociación que las distribuidoras firmaron en el 2018 durante el gobierno de Cambiemos y que el presidente Alberto Fernández puso bajo la lupa con la sanción de un decreto, en diciembre del 2021, para arribar a un nuevo acuerdo, con un plazo de negociaciones de dos años que, precisamente, vence en diciembre próximo.
"En cumplimiento de dicho decreto, los Regímenes de Transición que resulten de la realización de la Audiencia Pública en materia de transporte y distribución de energía eléctrica regirán hasta tanto se arribe a un Acuerdo Definitivo de Renegociación", aclara la resolución del ENRE publicada en el Boletín Oficial.
El organismo aclara que el proceso busca "revertir las consecuencias que los tarifazos de la gestión anterior y con el objetivo de continuar el camino de recuperación de la económica de los hogares, los comercios y las PyMEs".
Si bien el año pasado, se otorgó un incremento del 9% que comenzó a regir en abril, para el 2023 se espera que el retoque de los valores sea mayor, cercano a un 20% aunque las empresas seguramente reclamarán una cifra mayor, teniendo en cuenta la constante suba de costos que deben afrontar y el permanente aumento de la inflación.
Además de la necesidad de fondos, las distribuidoras también tendrán la obligación de presentar en la audiencia pública del próximo 17 de febrero el plan de inversiones necesarias para abastecer de manera normal la demanda eléctrica proyectada para este año, así como las pautas de calidad que el ENRE exige en cuanto a duración y frecuencia de lo cortes.
Transición
La anterior presentación de estos lineamientos por parte de las empresas fue en el 2018, cuando firmaron el nuevo marco contractual con el anterior gobierno de Mauricio Macri, con pautas de inversiones y marcos de calidad que vencieron el año pasado y que, por consiguiente, deben ser renovados.
La diferencia es que ahora, estas pautas forman parte del proceso de transición establecido por el presidente Alberto Fernández mediante un decreto firmado en diciembre del 2020 para encarar un nuevo proceso de revisión tarifaria que tiene dos años como plazo de duración.
Durante ese período, habrá incrementos de transición que hasta ahora se dan por única vez en cada año, tal como ya sucedió en el 2021 con la suba del 9% para los usuarios de Capital Federal y el Gran Buenos Aires que son atendidos por Edenor y Edesur.
Es decir, los aumentos de transición fueron previstos para sostener la prestación del servicio en condiciones de seguridad, sin inversiones obligatorias a cargo de las licenciatarias, y mitigar los efectos económicos y financieros de los mayores costos y gastos de las empresas de manera transitoria, mientras se lleva adelante el proceso de renegociación de la RTI que, conforme al decreto 2020/20, debe culminar con sus correspondientes Acuerdos Definitivos de Renegociación de la RTI en diciembre de 2022.
Sin embargo, las subas que el Gobierno analiza permitir para el 2022 quedarán lejos de los reclamos que las distribuidoras hicieron durante las audiencias públicas y que, en promedio, se ubicaron en torno al 35% y 60% según la categoría de los clientes.
Planes de inversiones
En cuanto al plan de inversiones y de la proyección financiera, el ENRE obliga a las empresas a aplicar premisas macroeconómicas como una inflación anual del 33% y un dólar al cierre del año de $131,1.
Para los rubros más relevantes, deberá adjuntarse explicación y soporte de las variables cuantitativas y premisas cualitativas consideradas para su proyección como dotación de personal, pauta de aumento salarial, incorporación de personal, equipamiento, mantenimiento.
En relación a las Inversiones también tendrán que presentar el detalle de las obras coherentes con la nueva proyección financiera, con la misma apertura e información de detalle de los planes de inversión informados anteriormente.
El pedido oficial suma explicar las modificaciones efectuadas respecto de la versión anterior del plan, teniendo en cuanta que el objetivo es no afectar la calidad de servicio en este período.
En las empresas ya saben que sus pedidos nuevamente quedarán en el olvido y se preparan para resignarse otra vez a aceptar retoques tarifarios muy inferiores y que el Gobierno entiende que son los adecuados para evitar que los usuarios no puedan abonar o deban elegir entre cancelar las facturas de luz y gas o ir al supermercado.
Esta postura es la que el presidente Alberto Fernández ya dejó establecida cuando asumió en diciembre del 2019 y cuando cuestionó la política tarifaria de Macri que, según las autoridades actuales, sumió a millones de argentinos en la pobreza energética debido a los fuertes incrementos que se aplicaron entre el 2016 y el 2018 y que estuvieron también atados a la evolución del dólar.
Para los funcionarios del ENRE las tarifas deben ser "justas y lógicas" para que puedan pagar los usuarios y para que las empresas tengan la posibilidad de recuperar sus índices de rentabilidad y mantener sus planes de inversiones.
Se espera que para este 2022 el Gobierno también aplique un solo aumento debido a que se encuentra trabajando en un esquema de segmentación del precio de la electricidad que podría comenzar a aplicarse hacia mitad de año para diferenciar las tarifas de los servicios públicos de acuerdo a los niveles de ingreso de los consumidores, tanto de gas como de electricidad.
Un plan que implicaría cobrar un cargo diferencial de acuerdo a una segmentación de usuarios entre sectores de altos ingresos; clase medida y consumidores de bajos recursos.
El objetivo es que cada usuario pase a pagar según sus ingresos a modo de reemplazo del congelamiento y de los aumentos generalizados.
Sin embargo, la complejidad de implementar este esquema demora su implementación. Uno de los problemas que mayor ruido hacen se vincula con la determinación de los reales habitantes de cada hogar que utiliza electricidad y gas por redes ya que muchas veces el propietario del inmueble no es su ocupante, teniendo en cuenta los millones de inquilinos que hay en el país o la cantidad de domicilios propiedad de jubilados, entre otras razones.
Para poder despejar las dudas y blanquear el mecanismo, desde la Secretaría de Energía se le empezó a reclamar a las distribuidoras de luz y gas que lleven a cabo campañas de re empadronamiento de clientes como las que vienen llevando a cabo Metrogas, Edesur y Edenor, por citar a las mayores distribuidoras de estos servicios.
En concreto, el procedimiento serviría como paso previo a la segmentación tarifaria ya que permitiría mejorar la información sobre quienes deberían recibir o no los subsidios de acuerdo a sus niveles de ingresos.
Un mecanimo similar se intentó poner en marcha durante el gobierno de Cristina Kirchner, a fines del 2011 cuando los clientes de los barrios más caros de la Ciudad de Buenos Aires y de barrios privados y countries dejaron de recibir facturas subsidiadas de gas, electricidad y agua.
Se abrió además un registro voluntario para los usuarios que quisieran renunciar al beneficio, aunque todo el programa terminó en un rotundo fracaso por una gran cantidad de inconsistencias técnicas.
Para evitar otro fracaso, se tomarían la mayor cantidad de datos que el Estado tiene disponible a través del llamado Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social; de la Anses, AFIP y el Banco Central, pero con l promesa de no violar los secretos fiscal y bancario.
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