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Distintos funcionarios han venido prometiendo desde hace tiempo el cobro de tarifas diferenciales de acuerdo al poder adquisitivo de la población. Hasta el presidente declaró que iban a avanzar en esa dirección, pero más allá de los discursos no ha habido ninguna definición sobre quienes deberían pagar más y cuál sería el porcentaje de la suba que deberían afrontar.
Durante el levantamiento carapintada que soportó el presidente Raúl Alfonsín en la Semana Santa de 1987, alcanzó notoriedad el general Ernesto Alais, quien partió desde Rosario en una lenta marcha al frente de “las fuerzas leales” para ir a reprimir a los rebeldes de Campo de Mayo, pero nunca llegó. Desde entonces, es común en la política decir que aquellas iniciativas que se demoran “vienen con el general Alais”. La segmentación de tarifas se ha ido consolidando dentro de ese listado de medidas que nunca llegan. Pese a las reiteradas promesas oficiales, que se renovaron en estas últimas dos semanas con anuncios y acciones de prensa que van en esa dirección, en lo concreto a dos años de la asunción de Alberto Fernández no hay precisiones sobre el tema y del lado empresario coinciden en que por ahora no hubo avances serios para poder implementar un esquema de segmentación de tarifas.
Las primeras promesas
Apenas asumió, el gobierno de Alberto Fernández evaluó abrir la negociación tarifaria con las empresas para avanzar con un aumento en marzo de 2020 que estuviera por debajo de la inflación. Sin embargo, el cristinismo se opuso a cualquier tipo de ajuste y finalmente la ley 27.541 que aprobó el Congreso el 23 de diciembre de 2019 habilitó al gobierno a iniciar una negociación con las empresas por el plazo de 180 días, dejando en claro, ya antes de la pandemia, que durante ese período no habría ningún tipo de ajuste. Luego llegó el coronavirus y el decreto 311 de marzo de 2020 que suspendió los cortes de los servicios públicos por falta de pago.
La idea de avanzar con la segmentación de tarifas cobró fuerza recién a mediados del año pasado, luego del desplazamiento del entonces secretario de Energía, Sergio Lanziani, concretado en agosto. Su sucesor, Darío Martínez, incluyó el tema dentro de sus prioridades y el 16 de octubre de 2020 declaró en el canal de noticias C5N que en 2021 se avanzaría con las tarifas diferenciadas por segmento socioeconómico. “Una de las cosas que nos va a dejar la pandemia es esta capacidad que ha tenido el Estado para individualizar mucho más a aquél que la está pasando mal”, enfatizó.
El 11 de noviembre de 2020 Martínez ofreció más precisiones en una entrevista con El Cronista. “Vamos hacia un esquema mucho más racional y eficiente de los subsidios porque tenemos herramientas que antes no estaban, ya que el Gobierno tiene mayor información”, sostuvo.
-¿Llegarán en el verano (de 2021)? –le preguntó El Cronista.
-Estamos trabajando con todos los organismos del Estado, como la ANSES y con las distribuidoras eléctricas para tener la mayor información posible de los usuarios en cada distrito, con un mapeo. Soy optimista de que llegaremos al verano con esto listo.
El freno cristinista
En aquella ocasión el freno provino del ala cristinista que logró imponer el decreto 1020, publicado el 17 de diciembre de 2020. Aquella norma fue presentada por el gobierno como el inicio de la renegociación tarifaria integral correspondiente a las prestadoras de transporte y distribución de luz y gas. No obstante, EconoJournal advirtió entonces que lo que en principio parecía darle vía libre al aumento de tarifas en realidad significaba un triunfo de los sectores que venían planteando la necesidad de postergar cualquier tipo de ajuste. Esto era así porque el DNU establecía en el artículo 2 un plazo de renegociación de hasta dos años, mientras que el artículo 3 le encargaba al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), dos organismos controlados por figuras que responden a Cristina Fernández de Kirchner, llevar adelante esa negociación.
Finalmente durante el verano de 2021 no hubo ningún avance y fue el propio presidente el que volvió a poner el tema tarifario en agenda en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo cuando anticipó el envío al Congreso de un proyecto para “desdolarizar las tarifas”. La iniciativa, sobre la que no dio mayores detalles y que finalmente quedó en la nada, contemplaba también el establecimiento de criterios metodológicos y regulatorios que se emplearían para segmentar las tarifas residenciales de gas y electricidad en función de la capacidad adquisitiva de cada usuario.
En esos primeros meses de 2021 hubo fuertes disputas internas entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y los delegados de Cristina Fernández de Kirchner. El jefe del Palacio de Hacienda buscaba que las tarifas al menos acompañen a la inflación, mientras que desde los entes reguladores frenaban cualquier tipo de avance. El subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, dejó en claro en una entrevista con EconoJournal publicada el 7 de abril que no había lugar para la suba que pretendía Guzmán y dejó una frase que retumbó fuerte puertas adentro. “A veces la gestión es frustrante en cuanto a lo que uno espera que suceda y no sucede. Habrá que superar esas frustraciones y seguir adelante”, sostuvo en lo que fue interpretado por muchos como un mensaje por elevación para el ministro de Economía.
A los pocos días se produjo el intento frustrado de Guzmán para reemplazar a Basualdo, que dejó expuesta toda su debilidad. Pese a ello, el 7 de mayo el ministro insistió públicamente con la necesidad de recortar los subsidios en un acto del Consejo Federal Argentina contra el Hambre encabezado por el presidente Alberto Fernández. “Debemos ser autocríticos. Hoy tenemos un sistema de subsidios energéticos que es pro-rico. En un país con 57% de pobreza infantil estamos gastando en subsidiar el consumo de luz y de gas de una parte de la población que hoy no es prioritario que reciba esos subsidios”, aseguró.
La palabra del presidente
El 22 de mayo de este año el propio Alberto Fernández se refirió a la segmentación tarifaria en una entrevista con CNN en Español. “Nosotros vamos, como bien dice Martín (Guzmán) a trabajar en la segmentación porque si nosotros no segmentamos todos terminamos beneficiados con subsidios que paga el Estado”, aseguró.
-Guzmán dijo algo más fuerte. Dijo que son subsidios pro-rico”. –le retrucaron.
-Es verdad. Yo en el departamento que siempre ocupé en Puerto Madero tengo la tarifa subsidiada.
-¿Y por qué seguimos con eso?
-Porque hay que segmentar y la segmentación no es un tema fácil. Recién ahora siento que podemos segmentar.
-¿Ese segundo aumento, segmentado, a los que lo puedan pagar, va a ser este año?
-No lo sé, cuando terminemos la segmentación.
El 4 de junio el interventor de Enargas, Federico Bernal, aseguró a Diario.Ar que «estamos trabajando fuertemente para la segmentación (…) De parte del Enargas presentaremos al Presidente en breve algunas propuestas». «Es posible segmentar los subsidios de acuerdo con criterios de inclusión y exclusión. Se hará un uso dirigido de subsidios a quienes más los necesiten», completó.
Amenaza de cortes
La última novedad medianamente concreta sobre el tema se conoció el 10 de noviembre cuando el ENRE distribuyó un comunicado donde se informó que le pidieron a Edenor y Edesur que “adecuen sus mecanismos de gestión a fin de promover el reempadronamiento de más de 1.500.000 personas usuarias de categoría residencial”. “Los suministros eléctricos a regularizar son un 37% del total de las personas usuarias residenciales del área de concesión. Este universo comprende domicilios de suministro en los que se registran como titulares personas fallecidas y que poseen inconsistencias en los datos registrados, tales como omisiones o errores en los números de DNI. Asimismo, se incluye el caso de personas que se declaran como titulares de una pluralidad de domicilios”, precisó el organismo.
En el comunicado se aclara que las empresas tienen hasta diciembre de este año para notificar a las personas comprendidas en ese universo para que en el plazo de 10 días hábiles realicen el reempadronamiento. “De conformidad con lo que establece el Reglamento de Suministro, los domicilios cuya titularidad continúe con inconsistencias serán susceptibles de cortes”, agregó el texto. La amenaza sorprendió porque este mismo gobierno fue el que le prohibió a las empresas en 2020 cortarles el servicio a aquellos usuarios que no pagan. Bernal aseguró incluso que la energía es un derecho social, equiparable a la salud y la educación.
Sin avances concretos
Al mismo tiempo que se filtran estos supuestos avances a través de los medios, en las empresas aseguran que en estos dos años el gobierno no las convocó para realizar un análisis preciso sobre cómo concretar la segmentación y cuál sería su impacto en los distintos hogares. Esto último es clave porque si la intención, por ejemplo, es mantener estables los subsidios a la energía durante 2022 con relación al PBI, pero a una porción significativa de los hogares, qué no se sabe cuál sería, se le mantienen las tarifas sin cambios, al resto se les debería aumentar muy por encima de la inflación. Algunas consultoras advierten incluso que ese aumento podría llegar a superar el 100 por ciento. Lo impactante es que luego de casi dos años de prometer la segmentación tarifaria no hay nadie del gobierno que haya dejado en claro que esa segmentación supondrá indefectiblemente un fuerte aumento para una porción elevada de la población.
Eso no significa que no haya nadie en el gobierno trabajando la segmentación tarifaria. Dentro de la secretaría de Energía los que se ocupan del tema son el subsecretario de Planeamiento Estratégico, Santiago López Osornio, designado por Guzmán en reemplazo de Javier Papa; el subsecretario de Coordinación Institucional, Guillermo Usandivaras; y Santiago Yanotti, vicepresidente de Cammesa. Ellos tres son los que articulan con la Anses y el Sintys para tratar de definir un instrumento. Además, en los entes reguladores también se analiza el tema de modo paralelo, lo que demuestra, una vez más, la falta de coordinación interna entre los sectores que responden a Alberto Fernández y los que se encolumnan detrás de Cristina Fernández de Kirchner. No obstante, más allá de lo que hagan los distintos funcionarios, lo que falta es la decisión política que avanzar y para eso se tienen que poner de acuerdo el presidente de la nación y su vice.
Hasta ahora nadie tomó la decisión de poner en marcha la segmentación, pues todos saben que tendrá un costo político alto. Podrán decir que no es una suba de tarifas sino una quita de subsidios, pero lo que no podrán ocultar es que la segmentación supondrá un aumento en el pago mensual de los servicios por parte de decenas de miles de hogares y ese ajuste recaerá sobre muchos usuarios de clase media que van a protestar con fuerza y suelen tener en los medios de comunicación un amplificador de sus reclamos. La propia experiencia de quita de subsidios que llevó adelante el kirchnerismo en 2011 deja en evidencia que no es un camino fácil de recorrer y mucho menos para un gobierno atravesado por las internas.
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