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Desde este martes (28/12) se terminó el secreto fiscal impuesto en la gestión de Mauricio Macri y ahora los bancos –entre otros- podrán pedir declaraciones juradas (DDJJ) de impuestos a las personas que quieran abrir cuentas bancarias.
El secreto fiscal fue una de las medidas de Macri para darle impulso a su blanqueo de capitales y para eso buscaba agilizar la apertura de cuentas bancarias.
Resolución 5125
Mediante la Resolución General 5125/2021 publicada este martes (28/12) en el Boletín Oficial, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) decidió suspender el secreto fiscal que alcanzaba a todas las entidades obligadas a emitir Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la Unidad de Información Financiera (UIF).
Además de los bancos, la medida del gobierno de Macri alcanzaba a operadores de tarjetas de crédito, escribanos públicos, agentes y sociedades de bolsa, registros públicos de propiedad e inmueble y quienes se dedicaban a la compraventa de vehículos.
Tampoco podían solicitar las declaraciones juradas a sus clientes las aseguradoras, transportadoras de caudales, correos privados, operadores de compraventa de objetos de arte, despachantes de Aduana y organismos de la Administración Pública.
La Ley N° 25.246
La AFIP, al argumentar su decisión de terminar con el secreto fiscal, apeló a la Ley N° 25.246 que en su artículo 20 enumera “los sujetos que se encuentran obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) las conductas o actividades de las personas humanas o jurídicas, a través de las cuales pudiere inferirse la existencia de una situación atípica que fuera susceptible de configurar un hecho u operación sospechosa de lavado de activos o financiación de terrorismo”.
“Que mediante la Resolución General N° 3.952, se estableció que los sujetos indicados en el mencionado artículo 20, -excepto profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los consejos profesionales de ciencias económicas-, deberán abstenerse de requerir a sus clientes las declaraciones juradas de impuestos nacionales que presenten ante esta Administración Federal, a efectos de asegurar la correcta aplicación del instituto del secreto fiscal”, se mencionó.
Y agrega que “el secreto fiscal es un derecho que se le acuerda al contribuyente o responsable y, como tal, es en principio renunciable y no se le puede impedir que haga uso de esa renuncia en defensa de sus propios derechos”.
Además, se añadió que en la Ley de Procedimiento Fiscal “quedó plasmada la posibilidad de que los contribuyentes y responsables compartan sus declaraciones juradas y documentación con terceros por su voluntad y en su propio beneficio”.
La palabra de la AFIP
“Desde esa perspectiva, los eventuales requerimientos de información que formulen los sujetos enunciados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificaciones a sus clientes, quedarán supeditados a la decisión que adopte el contribuyente -en el marco de su relación contractual- de aceptar la solicitud y aportar, en ese marco, sus declaraciones juradas impositivas ”, aclaró la resolución de la AFIP.
De esta forma la Administración Federal concluyó que la medida ejecutada durante el gobierno de Cambiemos, “en cuanto ordena a las entidades enunciadas en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificaciones abstenerse de requerir a sus clientes dichas declaraciones juradas impositivas, contrasta con el precitado temperamento ”.
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