Entradas
Surge de las estadísticas que maneja el ministerio de Desarrollo Social. El presidente y los candidatos del Frente de Todos habían insistido en que fomentarían la conversión de la asistencia en puestos de empleo formales. Adjudican el crecimiento a la crisis acentuada por la pandemia.
En lo que va del año, el programa nacional de inclusión socio productiva y desarrollo local "Potenciar Trabajo", la principal herramienta de transferencia de ingresos que ejecuta el Gobierno nacional incorporó 455.615 beneficiarios, y pasó de contar con alrededor de 700.000 inscriptos en 2020 a más de 1,1 millón.
Los receptores de la asistencia social cuyo grifo abre o cierra el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, reciben cada mes el equivalente a medio salario mínimo, vital y móvil, que en diciembre representa unos $32.000.
A esos $18.000 mensuales -que llegan a cambio de una contraprestación laboral, o la asistencia a clases para finalizar estudios- la cartera social sumará otros $8.000 en concepto de "aguinaldo", y los depositará el lunes 20 de diciembre, cuando se cumplan dos décadas del estallido social de 2001. Una forma de tranquilizar ánimos en una semana que promete efervescencia en las calles.
Los datos consignados fueron elevados al Senado de la Nación en el primer informe sobre la marcha del Gobierno nacional enviado por el actual jefe de Gabinete, Juan Manzur, a pedido del legislador salteño Juan Carlos Romero. En esta ocasión, sin embargo, Manzur eligió no acudir al parlamento para defender y ahondar las explicaciones, como mandata el artículo 101 de la Constitución Nacional.
En el citado informe también se desgrana el crecimiento de los planes sociales en la última década. Según el cuadro adjunto, en 2009 había 48.945 beneficiarios del programa “Argentina Trabaja”. Al cierre del primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner, dicho programa contaba con 141.645. Cuando dejó la Casa Rosada, Cristina dejó 106.131 inscriptos y 81.157 beneficiarias de otra iniciativa, “Ellas Hacen”.
Con el gobierno de Macri, dichos programas fueron subsumidos en uno conocido como “Hacemos Futuro”, que en diciembre de 2019 contaba con 236.325 receptores, que estaban en condiciones similares a los titulares de asignaciones giradas a través de “Proyectos Productivos Comunitarios”, que eran 320.581.
Cristina Kirchner dejó el poder con 187.288 “planeros”. Macri abandonó la Casa Rosada con 556.906 asistidos. Pandemia mediante, Alberto acumula 1.131.977.
Las razones del abrupto crecimiento
Oficialmente, MDZ consultó al ministerio de Desarrollo Social para conocer las razones que justificaron el abrupto salto. Fuentes de esta repartición del Gobierno atribuyeron el crecimiento de la inscripción a las secuelas de la pandemia de coronavirus, el freno sobre la demanda agregada y la destrucción de los puestos de trabajo más frágiles.
Otros funcionarios de la cartera, vinculados a movimientos populares, reconocieron el crecimiento y relativizaron las cifras, comparándolas con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) establecido en abril de 2020, cuando regía un confinamiento total.
“Efectivamente se incorporaron a 455.000 personas, y se dio de baja a 9 millones de perceptores del IFE”, reconoció una fuente. “Estos números responden a la crisis social terrible que estamos atravesando”, ahondó el consultado.
Sin aportar datos, la cartera a cargo de “Juanchi” Zabaleta asegura que la inscripción al “Potenciar Trabajo” alcanzó un “pico” en julio y que, desde entonces, se está trabajando para reconvertir los planes en puestos formales de empleo.
Para transformar la asistencia estatal en una verdadera inclusión en el mercado laboral, Alberto Fernández rubricó en agosto un decreto que permite que los titulares del programa Potenciar Trabajo que sean contratados bajo las modalidades de trabajo temporario o trabajo permanente discontinuo puedan seguir percibiendo la prestación prevista por la normativa vigente, de manera que no se desincentive su ingreso al mercado de trabajo por el miedo a perder luego el salario y no contar ya con un colchón de asistencia.
Más tarde, el presidente selló con diferentes gremios y cámaras empresarias acuerdos para que incentiven la contratación de beneficiarios de la ayuda social. El primero de ellos supuso un acuerdo con la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) y las patronales agrarias, de modo de asegurar mano de obra para la cosecha. Acuerdos similares se suscribieron con los trabajadores de la construcción y la gastronomía.
Hacia agosto de este año, el Gobierno tenía detectados cerca de 2,8 millones de trabajadores informales, parte de ellos asistidos por el “Potenciar Trabajo”, y otra parte fuera de todo alcance del Estado. Sobre este universo más amplio que el de la ayuda estatal urgen políticas que los incorporen al mercado laboral y formalicen sus derechos.
Ezequiel Chabay
