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La medida, tomada por el ministerio de Gobierno, marca el fracaso de las políticas sanitarias de la gestión bonaerense ante el avance del coronavirus. A pesar de las restricciones, numerosas secciones del conurbano se encuentran al borde del colapso.
La provincia de Buenos Aires se encuentra en el foco de los contagios por la segunda ola de coronavirus. Junto a su jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y al viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, el gobernador Axel Kicillof presentó días atrás las nuevas medidas tendientes a atenuar el impacto del virus en la región. En la conferencia brindada, aseguró que la situación “es un verdadero tsunami en el que los contagios están creciendo a una velocidad que no habíamos visto anteriormente”.
A pesar de los vaticinios agoreros de su cartera de Salud y de las restricciones más severas, poco y nada pudo hacer el gobierno provincial para contener el avance de la pandemia, y en numerosos sectores del conurbano la capacidad de las unidades de terapia intensiva (UTI) se encuentra al borde del colapso.
Ante ésta situación, el gobernador apeló a una licitación privada, la 211-0061-LPR21, a través de la cual buscará comprar certificados de defunción. El presupuesto asignado es de unos 17.422.050 pesos e incluirá también libretas de familia y certificados de constatación de parto.
La medida fue asignada al ministerio de Gobierno bonaerense, que deberá pagar la millonaria suma en un producto que simboliza, de algún modo, el fracaso de las políticas sanitarias de la gestión de Kicillof frente al avance del COVID-19.
En efecto, a pesar que numerosos sectores del conurbano restringieron notablemente la movilidad durante amplias franjas horarias, el colapso de numerosos comercios que debieron cerrar sus puertas ante el derrumbe de la facturación y niveles de pobreza y desempleo pocas veces visto, no se han visto reflejados resultados alentadores en el sistema sanitario.
