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La titular del PRO, Patricia Bullrich, aseguró que el entonces ministro de Salud, Ginés González García, le había pedido a Pfizer “un retorno” de dinero para cerrar el acuerdo por las vacunas, y que el Presidente estaba al tanto de esa maniobra. El laboratorio desmintió de manera “categórica” esta versión, a la que consideró de “gravedad institucional”.
El laboratorio farmacéutico Pfizer desmintió de manera “categórica” la versión que lanzó la titular del PRO, Patricia Bullrich, quien había acusado al entonces ministro de Salud Ginés González García de pedirle coimas al laboratorio como condición insoslayable para adquirir millones de vacunas contra el Covid-19 y de exigirle colocar al empresario Hugo Sigman como intermediario de la operación.
Desde Pfizer rechazaron las acusaciones de Bullrich y negaron que desde el Gobierno nacional les hayan exigido colocar a Sigman como supuesto intermediario o socio local, como así también rechazaron que se hubieran registrado otros requerimientos indebidos. “Es falso”, indicaron, según publica el diario La Nación.
Desde Buenos Aires, Pfizer redactó un comunicado oficial para salir al cruce de los dichos de Bullrich, quien también involucró a Alberto Fernández en el supuesto requerimiento delictivo. “La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el presidente no lo ignoraba”, había dicho la exfuncionaria de Mauricio Macri en diálogo con Luis Majul por LN+
Ante esas declaraciones, que Pfizer consideró de “gravedad institucional”, la cúpula local del laboratorio preparó un comunicado que se remitió a Nueva York para su revisión y aprobación final por las máximas autoridades del gigante multinacional, según informa el citado medio.
La empresa se encuentra sujeta a las leyes estadounidenses; entre ellas, la llamada “ley de Prácticas Corruptas Cometidas en el Extranjero” (FCPA, por sus siglas en inglés) que la obliga a reportar ante las autoridades de ese país cualquier pago o intento de pago indebido, como así también abordaje de un funcionario con esos fines.
En ese sentido, la normativa estadounidense establece sanciones tanto para las empresas involucradas en el pago de sobornos, como así también para aquellas empresas –sean estadounidenses o de un tercer país, pero que cotizan en alguna bolsa de Estados Unidos– que omitieron reportar un intento de sobornos.
En ese contexto, Pfizer decidió cortar con las versiones “incorrectas”, tanto sobre las negociaciones que encaró con González García, como así también sobre la supuesta sugerencia de incluir a Sigman en la operatoria. “Eso no pasó”, indicaron a La Nación desde el laboratorio.
Asimismo, tanto desde la empresa como desde la Casa Rosada coincidieron en que las negociaciones para acceder a las vacunas “siguen abiertas” y que el escollo es, hoy, legal. En particular, por la sanción de una ley que, con el voto oficialista y opositor, determinó que el Estado podía acordar condiciones de indemnidad patrimonial para los laboratorios, salvo “aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia”.
“Hoy ese escollo jurídico es insalvable”, indicaron desde la Casa Rosada a este diario, “pero estamos trabajando para superar ese problema, firmar con Pfizer y acceder a las vacunas”, indicaron.
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