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Alberto F. y su realidad paralela

 Entre enero y agosto de 2020 fueron asesinadas más de 2 mil personas en Venezuela en “operativos de seguridad”.

Alguna vez fueron las filminas. Esas con las que, intentando exhibir lo bien que manejaba la pandemia Argentina en comparación con otros países, Alberto Fernández exhibió cifras y curvas prolijamente desmentidas a su turno por Chile, Suecia, Paraguay y España, entre otros. Por no hablar de las promesas sobre la llegada de vacunas, la fase 1 de la cuarentena a la que no se volvería y tantas otras aseveraciones fallidas, la última semana, después de anunciar el cepo a la exportación de carnes- el mismo que alguna vez repudió- el Presidente incurrió en un error inaceptable.

Después de afirmar que en el año 45/46 el país “tenía dos millones de cabezas de ganado” y que el peronismo al irse había dejado tres millones, le preguntan cuántas había en la actualidad. “Tres millones”, fue su respuesta. Según marcó CRA (Confederaciones Rurales Argentinas), que no dejó pasar semejante errata presidencial, las cabezas de ganado eran 54.460.799 en 2020. “No tiene no sólo la información sobre lo que habla. Tampoco la perspectiva lógica de lo que está diciendo”, agregaron.

No fue la única deriva presidencial de los últimos días. “Poco a poco el problema de los derechos humanos en Venezuela fue desapareciendo”, soltó Fernández. Que parece estar mirando un canal muy diferente al de Naciones Unidas y Michelle Bachelet, Human Rights Watch, Amnesty International, la Corte Penal Internacional y decenas de organizaciones que observan con espanto lo que perpetra día a día el régimen de Maduro.

El líder opositor Juan Guaidó, presidente encargado reconocido por varios países, dijo ayer en Clarín sobre las declaraciones de Fernández: “No se puede relativizar la violación de los derechos humanos en Venezuela, en medio de una brutal dictadura, y mucho menos los delitos de lesa humanidad”, para agregar que todo ha empeorado y que si algo ha desaparecido en su país, eso son los derechos humanos.

Según datos de la ONU, de enero a marzo de este año las fuerzas policiales venezolanas cometieron más de 200 asesinatos. Y denuncian que el concepto de “enemigos internos” y opositores al régimen se extiende a personas y ONG que realizan tareas humanitarias.

El informe 2021 de Human Rights Watch (HRW) refiere más de 19 mil asesinatos a manos de policías y agentes de seguridad entre 2016 y 2019 por supuesta “resistencia a la autoridad”. Y habla de más de 2 mil personas asesinadas durante “operaciones de seguridad” sólo entre enero y agosto de 2020 y de matanzas y torturas a residentes de zonas de bajos ingresos, “sembrando el miedo y así ejerciendo control social” sobre ellos.

En marzo, Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela destacó que seguían los procedimientos penales en más de dos tercios de los 110 casos de detenciones arbitrarias contra disidentes políticos y militares investigados en el informe previo de la Misión, de septiembre de 2020 “donde se denunciaron múltiples violaciones humanitarias cometidas por agentes estatales venezolanos, algunas a gran escala y constituyentes de crímenes de lesa humanidad”.

El trabajo de HRW también hace responsable al gobierno de Maduro y sus fuerzas de seguridad de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas por períodos breves y agrega: “Han encarcelado a opositores, juzgado a civiles en tribunales militares, torturado a detenidos y reprimido a manifestantes. Se han valido del estado de excepción impuesto en respuesta al Covid-19 como pretexto para arremeter contra opositores e incrementar su control sobre la población”.

Señala que el gobierno “puede suspender sitios web bajo el impreciso supuesto de ‘incitación’, procesar penalmente expresiones ‘ofensivas’ acerca de altos funcionarios públicos, revocar licencias a medios ‘cuando lo juzgue conveniente a los intereses de la Nación’, y bloquear sitios web. Ahora acaba de embargar la sede del diario “El Nacional”, como “indemnización” por “daño moral” en una demanda presentada por Diosdado Cabello, número dos del régimen de Maduro.

Los derechos humanos, como se ve, muy bien, gracias.

Silvia Fesquet