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La autoridad monetaria pidió a las entidades que informen datos personales de quienes operan o tienen divisas digitales y encendió las alarmas en el sector
Todavía dura el cimbronazo. La noticia filtrada por Franco Amati, referente de la comunidad local, señalaba que el Banco Central de Argentina está solicitando a los bancos que completen una planilla para identificar a los clientes que operen en el país y el exterior con divisas digitales.
El tweet estuvo acompañado por la captura de una planilla de Excel enviada por una cámara bancaria a sus miembros, en el que se pide nombre y CUIT, entre otros datos. Y desencadenó el temor de los ahorristas, muchos de los cuales apuraron a vender sus activos.
La medida fue confirmada por la autoridad monetaria, que argumentó que "es una práctica habitual pedir información a los bancos sobre distintos temas de interés antes de avanzar en la elaboración de regulaciones".
Dentro de la comunidad cripto local reina la incertidumbre. Pero mucho más entre los usuarios, quienes desconfían de que una intervención del Banco Central tenga fines meramente estadísticos.
Impacto
Silenzio Stampa. La frase que fuera marca registrada del director técnico Alfio Basile describe el clima de la escena cripto loca. Los ejecutivos consultados prefieren no hablar con el micrófono encendido por la sensibilidad del tema.
"Qué querés que te diga. No sabemos nada. Lo único que puedo decir es que hoy se me dieron de baja 100 cuentas: vendieron sus bitcoins y retiraron el efectivo", afirma con bronca un bróker local que opera suele varios millones de pesos por día. Y completa: "Mucha gente desarmó su posición. Encima, el mercado viene planchado desde hace 20 días".
"No se entiende. No creo que cambie nada para los exchanges, que ya informan al Banco Central y tienen sus operaciones trazadas", remarca uno de sus colegas para explicar su desconcierto.
En efecto, las casas de cambio de criptomonedas entran dentro del régimen de Proveedores de Servicios de Pago del Banco Central, por lo que reportan información a la autoridad monetaria y cumplen ciertos requisitos –aunque más laxos– que una entidad con licencia del organismo.
Al igual que otras fintech, como Ualá o Mercado Pago, estas compañías deben asegurar que el dinero de los usuarios esté en cuentas a la vista y demostrar que, si prestan dinero, lo hacen con fondos propios y no de depositantes. Es decir, no hacen "intermediación financiera".
En consecuencia, según la fuente, la norma termina perjudicando a los usuarios principiantes que recurren a empresas registradas en el país para comprar y vender estos activos, mientras que los bitcoiners avanzados suelen utilizar herramientas que escapan al control de las autoridades.
Estas últimas son las plataformas P2P (persona a persona), como Paxful, Airtm o Binance, que no reportan datos al BCRA pues no comercializan criptoactivos: son marketplaces que conectan compradores y vendedores a cambio de una comisión. Sin embargo, la mayoría de las operaciones se resuelve con transferencias bancarias.
Otro ejecutivo, que pasó por varias empresas del sector, afirma que "es muy común que el argentino guarde todo lo que queda bajo el colchón porque se acuerda de cuán poco confiable son los bancos y la moneda local: corralito, hiperinflación, confiscación de depósitos, etc.".
Por lo tanto, continúa, "muchos vieron en las criptomonedas una suerte de colchón 4.0 para protegerse de estas catástrofes, que todavía están muy frescas en sus mentes. Es un tema muy sensible sentirse monitoreado por usar criptomonedas y está el temor de que le retengan sus fondos".
Regulación
Más allá del plano local, el directivo remarca que "no hay que perder de vista el 'relato regulatorio' internacional para evitar el lavado y financiamiento del terrorismo, acelerado por el ingreso de inversores institucionales, que seguramente llevará a mayores controles".
En el sector muchos interpretan que la última medida del BCRA es una "misión exploratoria" como antesala del debate del proyecto de ley firmado por Liliana Schwindt y Marcos Cleri, del Frente de Todos, que podría tratarse en las próximas semanas.
El texto propone a la Comisión Nacional de Valores como autoridad de aplicación y obliga a las empresas de criptoactivos a ser "sujetos obligados" de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Es decir, sus clientes deben justificar el origen de fondos y reportar al organismo las transacciones sospechosas de lavado o financiamiento al terrorismo. Algo que, actualmente, hacen de manera voluntaria los exchanges.
El proyecto además faculta al Banco Central para que realice "monitoreo financiero de la actividad" y supervise "la información sobre las transacciones en criptoactivos en el mercado local y por residentes nacionales en mercado extranjeros", además de elaborar informes de impacto y relevar detalles sobre operaciones. Cuestiones casi "calcadas" en los argumentos que esgrimió el BCRA tras conocerse la noticia.
"Que un mensaje de ADEBA pida monitorear las criptomonedas es tan esperable como que se filtre un mensaje de Camioneros contra Mercado Libre", bromea en un chat de Whatsapp en experimentadísimo trader, quien asegura que toda la movida regulatoria terminará alimentando el mercado paralelo.
"Ahora, ya tenemos precios blue y de exchanges. El blue siempre estuvo arriba y ahora puede subir más porque es un mercado chico", remarca. Por lo tanto, no descarta que la cotización informal se dispare.
En este sentido, Guillermo Navarro, abogado especializado en derecho y tecnología del estudio Bildenex, afirma a iProUP que esta medida "desalienta la opción de comprar bitcoin en blanco". Y coincide en que subirá el paralelo.
"Lo único que va a hacer es que compren en P2P (persona a persona). La plata viajará en mano a Paraguay, Chile, Bolivia, Brasil, y se va a convertir allá a cripto. No lo van a poder controlar", adelanta.
Para el letrado, la medida es vaga y muy discutible desde lo legal. "Salieron a pescar información. Y está dañando una industria creciente que invierte en el país", asegura.
Vía judicial
"No hay una normativa clara. Un argentino puede comprar o vender, sin estar sujeto al régimen de información. Es una medida desperada. No dice si debe informar si compró o vendió Bitcoin, Ether o DAI. No es racional", señala.
En este sentido, afirma que la autoridad monetaria no pide listados de quienes compraron dólar Bolsa, tienen en su poder obras de arte de valor ni compraron otros activos, como oro. Y asegura que el BCRA debería desglosar al menos dos cuestiones:
- "Saber de qué manera obtuvo el usuario sus criptoactivos. Podría no haberlos comprado o haber recibido un pago por un servicio"
- "Si los compró en blanco, deberá tributar lo que deba tributar"
El abogado Víctor Castillejo fue más lejos y presentó un habeas data contra el Banco Central para frenar esta medida que, según indica a iProUP, "presenta varios problemas, pues no tiene potestad para regular criptoactivos. Se está extralimitando porque es un acto privado que pertenece a lo íntimo de mi identidad".
De esta forma, espera que el juez justifique la acción de clase, es decir, que permita que se pueda hacer una demanda colectiva. "Si no lo hace, cada individuo deberá hacer su habeas data. Si entiende que soy un representante adecuado, le pedirá al BCRA presentar nuevos datos y pedir adhesiones", completa.
De acuerdo con Castillejo, la Ley de Datos Personales fija que el pedido de información debe tener en cuenta la finalidad, la calidad, la pertinencia o el objetivo planteado, aunque el BCRA sólo habla de "regulación".
"Si el objetivo es regulatorio, lo que te interesaría es el volumen y la cantidad de transacciones, no la identidad de los usuarios. Ni siquiera lo puede hacer para vigilar, porque no figura como fin dentro de su Carta Orgánica", remarca.
Según Castillejo, los usuarios titulares de esa información "tienen derechos protegidos en la Ley de Datos Personales" y remarca que "el conocer esas transacciones tiene un alto poder discriminatorio".
"Imaginate que cada vez que alguien compra con tarjeta, el BCRA sabe que comprás un gin-tonic. Se podrían hacer perfiles públicos de usuarios e interpretar que esa persona es alcohólica. Le costaría conseguir empleo, por ejemplo", grafica.
El abogado trae a colación este caso por la "mala fama" que se adjudica a los tenedores de divisas digitales. "Hay una asunción errónea de que se usan para lavar dinero. Según Chainalysis, en 2020 el 0,32% de todas las operaciones estuvieron vinculadas a delitos. Es decir, la vasta mayoría son transacciones legítimas", argumenta.
El miércoles termina el plazo para que los bancos informen al organismo que dirige Pesce un listado de los usuarios que tienen divisas digitales. Mientras tanto, al menos 900.000 criptoahorristas argentinos esperan poder seguir contando con el único refugio que les queda ante la crisis.
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