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El Gobierno evalúa reducir los beneficios a los biocombustibles a base de soja y maíz

 Es porque subió la cotización de esos granos y provocaría inflación. Intentan dejar a salvo los producidos con azúcar y desechos orgánicos. Apuran una ley para contener a las petroleras.


El Gobierno estudia una nueva ley de promoción a los biocombustibles con menos beneficios para los producidos a base de soja y el maíz, debido a que la suba de sus cotizaciones en el mercado internacional podría elevar los precios en los surtidores.

Esa es la idea que llegó a los despachos de los diputados de provincias productoras de hidrocarburos, quienes junto a las compañías del sector pusieron el grito en el cielo cuando en octubre el Senado prorrogó por unanimidad hasta 2024 la ley que incentiva la generación de biocombustibles con mejoras impositivas y cupos de uso obligatorios. 

Fue sancionada en 2006 con el objetivo de reducir el impacto ambiental y la demanda de los fósiles, pero esta vez los petroleros se resisten. Sostienen que 2020 fue el peor año en mucho tiempo por la caída estrepitosa del barril de crudo y que a diferencia de la pampa húmeda producen en zonas que no tienen otra actividad de reemplazo. Y que, por si fuera poco, si los commodities siguen en alza los bio aumentarán el precio de la nafta y dispararán la inflación, tal vez el mayor temor de la Casa Rosada. 

Alberto y su ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas excluyeron la ley del temario de sesiones extraordinarias, que finalmente casi ni se trató por la parálisis de la Cámara de Diputados ante la ausencia de un acuerdo entre el oficialismo y Cambiemos para continuar con las sesiones remotas.El Gobierno decidió hacer una nueva ley de biocombustibles

Los legisladores de provincias productoras de biocombustibles la reclamaron, pero el presidente prometió una ley nueva que todavía elabora con Kulfas. Y según los anticipos que llegaron a los despachos del Congreso, extendería los beneficios que vencen en mayo sólo por un año y luego los dejaría sujetos a la cotización de los granos utilizados para la producción.

El principal es la soja, cuya cotización superó los 500 dólares la tonelada y es la materia prima del biodiésel, que la ley vigente obliga a usar en un corte del 10% en las naftas. "En ese año el precio del crudo estaba en alza y al poco tiempo pasó los 100 dólares. Hoy es una pérdida producir con granos", señalan en las provincias extractivistas. Y acusan a los exponentes del bio de usar la infraestructura de las grandes petroleras para exportar. 

Alberto enviará una ley para incentivar la producción hidrocarburífera y recién después una de biocombustibles. La actual vencen en mayo si no llega a tiempo con otra podría prorrogarla por un año. 

Una nueva ley restringiría también la producción del bioetanol a base de maíz, con mucha presencia en Córdoba y un corte del 12%. Pero alentaría el que se elabora a base de azúcar, convertido en una fuente de ingresos de los 21 ingenios, 15 de ellos con sede en Tucumán. El gobernador Juan Manzur se lo reclamó a Alberto la última vez que lo recibió. 

 Otras variantes de los biocombustibles son los compuestos con desechos orgánicos y algas marinas como el biogás, que son los que más interesa incentivar para no perder el foco en la búsqueda de una menor emisión de gases de efecto invernadero, acorde a los estándares internacionales. 

La prórroga de la ley original hasta 2024 surgió como una compensación a los senadores tucumanos cuando se aprobó la ley de etiquetado frontal, que obliga a informar los contenidos de azúcares en los productos y desalienta su consumo, por ser una de las principales causas de enfermedades no transmisibles. 

Fue promovida por los mendocinos de todas las fuerzas políticas, interesados además en potenciar el aceite de uva de su región, pero no tuvieron en cuenta que esta vez las petroleras que operan en su provincia no estaban dispuestas a aceptar beneficios a sus rivales ecológicos. 

Los productores de biocombustibles refutan que en estos 15 años colaboraron con exportaciones por 14 mil millones de dólares con valor agregado a la producción primaria, uno de los desafíos eternos de Argentina. 

Manzur con Alberto, en Tucumán. 

Además, dicen que el corte no siempre se cumple y que aún así Argentina sigue siendo importador de crudo. "Cuando la cotización baja las petroleras reclaman un precio local para no echar gente. Y ahora quieren frenar el bio, que aporta valor agregado y empleo", protestan los oficialistas de la pampa húmeda. 

Los más activos son los senadores santafesinos del Frente de Todos María de los Ángeles Sacnun y Roberto Mirabella, quien presentó un proyecto aún más ambicioso, con cortes mínimos más altos (30% para el bioetanol y 27% al biodisel) y alivios impositivos por 15 años. 

Aunque también incorpora una agresiva promoción a las producciones alternativas. "Esto volverá el mercado local más competitivo porque al diversificar la materia prima, armoniza con las normas de la Unión Europea y sortea las barreras pararancelarias. El beneficio adicional, subyacente y tal vez de mayor valor, se vincula al cuidado del medio ambiente", destacó.

Pero como suele ocurrir cuando hay una pelea de titanes, el gobierno maneja sus tiempos sin urgencia. El martes, Alberto le anticipó en un desayuno a Sergio Massa que una de sus próximas leyes que enviará al Congreso será la de hidrocarburos, que según explicó en la apertura de sesiones apunta a beneficiar "en forma integral" a un sector que produce y exporta cada vez menos. 

Uno de sus redactores es el flamante secretario de Energía Darío Martínez, oriundo de Neuquén, una de las provincias productoras de hidrocarburos, con el prometedor yacimiento de gas no convencional de Vaca Muerta. Su tratamiento podría llegar junto al de una nueva versión de la ley de bio, con el objetivo de unir las partes.