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Alberto en nación, Máximo en provincia La desperonización del PJ y el lawfare K

 Aunque la Argentina atraviese la peor crisis de su historia moderna en materia económica y social, la vicepresidenta ha decidido que el plan del gobierno de Alberto Fernández tenga como objetivo principal y excluyente la lucha contra el lawfare que afecta el pecunio de Cristina y pone en riesgo su libertad y la de su hija.


Si bien la Justicia argentina es cualquier cosa menos transparente –y por eso se ha ganado en buena ley la condición de poder más descalificado ante la opinión pública-, y hay pruebas muy determinantes de la manipulación judicial con fines políticos, hay una cuestión que llama la atención y es el hecho de que, cuando esa Justicia beneficia a la ex presidenta o a su entorno, a través de acciones o sentencias de cuestionable legalidad, nadie denuncia la existencia de un lawfare inverso.

La renovación de autoridades del PJ es un caso testigo de esta valoración diferenciada cuando las decisiones juegan a favor del gobierno nacional. Cuando Alberto Rodríguez Saá decidió presentar una lista propia para la renovación de autoridades, la Junta Electoral partidaria decidió que no cumplía con los requisitos estatutarios. Esto pese a que esa lista había presentado más de 65 mil avales, contra los apenas 22 mil que respaldaron al actual oficialismo.

La cuestión es aún más grave porque, desde hace décadas, la manipulación de las afiliaciones impide regularizar e incrementar el padrón partidario, y la última elección interna data de la década de 1980, cuando Carlos Menem venció a Antonio Cafiero. A partir de entonces no hubieron más elecciones competitivas, se impidió la presentación de listas opositoras y se impidió el sufragio de los afiliados. Curioso caso el de un partido que se reclama popular, pero que en la práctica implementa todos los trucos y trampas de la política anti-popular.

El lunes asumió Alberto Fernández como nuevo presidente partidario, encabezando una lista única compuesta por funcionarios en su casi totalidad. Para encontrar a un peronista en los puestos superiores de la lista debe descenderse hasta la vicepresidencia cuarta, entregada a Juan Manzur, un gobernador que no consiguió controlar la interna del PJ y del Frente de Todos en su propia provincia. Más de una vez Alberto afirmó que era “socialdemócrata” o “liberal de izquierda”, que estimaba más a Bob Dylan que a Perón, y que –para peor- diez días atrás le presentó su renuncia a la primera magistratura de la Nación a Cristina, quien se la devolvió revoleándole un plato por la cabeza.

La ceremonia de asunción fue casi a las escondidas, en el Club Defensores de Belgrano, y Alberto demostró que está más a tono siendo el presidente del partido PARTE que del PJ. De Perón sólo rescató sus políticas ambientalistas, atacó a Mauricio Macri, trató de hacerles un guiño a los empresarios, hasta que finalmente invitó a cerrar formalmente el acto entonando la Marcha Peronista. Inmediatamente –y mientras sonaban los primeros acordes- se calzó el barbijo, por lo que no quedó claro si lo hacía porque no sabía la letra o para que no lo filmaran haciendo propios los versos de un movimiento al que desprecia.

Alberto pudo asumir gracias a que la Justicia mantiene cajoneada la presentación que la lista censurada por la Junta Electoral realizó oportunamente. Pero aquí no se trata de lawfare para el cristinismo, sino simplemente de disciplinamiento de los que piensan distinto. Látigo y bolsa, para que lo tengan en claro quienes aún esperaban alguna señal de democracia dentro del oficialismo.

Un día después, la Cámara Nacional Electoral rechazó el recurso presentado por Fernando Gray -vicepresidente del PJ de la provincia de Buenos Aires- para suspender las elecciones partidarias. Fue con votación dividida: los jueces Santiago Corcuera y Raúl Bejás, rechazaron la presentación de Gray, mientras que Alberto Dalla Via la avaló. Llamativamente el fallo no se pronunció sobre el fondo de la cuestión, sino solamente sobre el otorgamiento de la medida cautelar. Así queda el camino despejado para que Máximo sea presidente el PJ bonaerense con una lista única alcanzada aplicando las democráticas prácticas de chantajear a los intendentes con obras públicas y amenazarlos con causas judiciales.

Apenas un par de días atrás, la UCR dió una excelente muestra de calidad democrática interna en la provincia de Buenos Aires y en la CABA, en unas elecciones en las que participaron más de cien afiliados en la provincia y más de 110 mil en la Capital. Una semana atrás se había votado en Córdoba.

¿Por qué los afiliados radicales tienen el derecho de elegir a sus autoridades y los justicialistas no? Y, sobre todo: ¿Cómo hace la Justicia para avalar esta flagrante destrato sin caer en la sospecha de existencia de lawfare?

En poco tiempo se concretarán dos hechos inéditos: un PJ nacional y un PJ provincial encabezados por presidentes que no son peronistas, pero que dispondrán de la lapicera para impedir –una vez más- que los afiliados se expresen en las PASO.

Este lunes el PJ nacional dejó de ser peronista. Pronto llegará el turno del bonaerense. ¿Aceptará la militancia este maltrato constante, o se revelará en las urnas?. 



(www.REALPOLITIK.com.ar)