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YPF hoy vale 1.600 millones de dólares, una octava parte de lo que hemos pagado a través del tiempo por hacernos de la petrolera.
Allá por el año 1922 nacía Yacimientos Petrolíferos Fiscales bajo la administración de Hipólito Yrigoyen con una particularidad: sin tener en cuenta la Unión Soviética, YPF fue en sus comienzos la única petrolera estatal en todos sus eslabones (extracción, refinación y comercialización).
Las siguientes décadas tampoco colaboraron con un éxito petrolero estatal: buena parte del resto del Siglo XX estaría signado por crisis energéticas e imposibilidad de lograr el autoabastecimiento petrolero.
A partir del año 1989 (casi siete décadas después de su creación) YPF comienza a dar sus primeros pasos en lo que fue un sinfín de desencuentros con la normalidad.
Por aquellos años, YPF Sociedad del Estado se transforma en YPF Sociedad Anónima, dándole paso a la serie de reformas que encararía a partir de allí el recién asumido Presidente de la Nación Carlos Saúl Menem. Desde aquellos años y hasta 1999 el Estado argentino se fue desprendiendo en etapas de todo su capital accionario transformándose finalmente en Repsol YPF (quienes se hicieron acreedores del último 24% del paquete accionario retenido por el Estado para luego comprar el resto de las acciones en poder del sector privado).
En diciembre de 2007, el Grupo Petersen, conglomerado argentino de empresas al mando de Enrique Eskenazi, compró el 14,9% de YPF S.A., pasando al año siguiente a tener un 15,46%. El 4 de mayo del 2011 aumentó su participación accionaria en la compañía en un 10%. Para el 31 de diciembre de 2011 el Grupo Petersen poseía el 25,46% de YPF, la compañía Repsol el 57,43%, el 17,09% restante estaba en manos de inversores privados, flotando en bolsa, y un 0,02% en poder del Estado argentino, que conservaba la acción de oro (un mecanismo que permitía al Estado vetar acciones importantes o decisiones estratégicas que pueda tomar la compañía independientemente de su participación accionaria).
La familia Eskenazi también poseía participación en diferentes negocios tales como el Banco de San Juan, el Banco de Santa Fe y el Banco de Entre Ríos (entre otros).
Un 16 de abril del año 2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió un proyecto de ley al Congreso Nacional denominado «De la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina» para expropiar las acciones de YPF, equivalentes al 51% de su capital social. Desde allí, la petrolera YPF volvió a manos estatales.
Este proceso de estatización no iba a costarnos nada, o al menos fue lo que en su momento declaró quién poco tiempo después sería designado Ministro de Economía de la Nación: don Axel Kicillof.
No solo que no fue gratis sino que todo fue bastante más caro de lo que pretendíamos: 4.000 millones de dólares en bonos que tenían implícito intereses por otros 4.000 millones de dólares. Aunque allí no terminó todo: como la oferta por las acciones solo se le hizo a Repsol y no al resto de los accionistas minoritarios (aunque legalmente debieron haberlo hecho) esto disparó juicios en el exterior para compensar el descuido.
Extraño caso el nuestro donde (sin tener en cuenta cuestiones judiciales) abonamos en aquel descuido kirchnerista, prácticamente el doble del valor que tenía YPF en el mercado) que por aquel entonces rondaba los 4.500 millones de dólares).
En medio del desaguisado que representa toda la historia de la petrolera más famosa de Argentina, YPF y la familia Eskenazi fueron noticia: el 1 de Marzo la Justicia de EE.UU. citó a declarar a Sebastián Eskenazi por la expropiación de la petrolera.
La familia comenzó la compra de acciones a través del Grupo Petersen allá por el año 2007 (pleno auge kirchnerista) prácticamente sin dinero: todo lo adquirieron a través de préstamos con diferentes fondos y entidades financieras avalados por la garantía de pago que se ofreció por los mismos: el giro de utilidades futuras de la petrolera (en resumen, con las ganancias que YPF generaría en proporción a dicha participación accionaria).
Cuando irrumpe por aquellos tiempos el proceso de estatización, con él se prohíbe el giro de utilidades de la petrolera, por lo que las promesas de pago del Grupo Petersen a sus acreedores se apagaban definitivamente.
Las empresas del Grupo que se crearon para comprar YPF (Petersen Energía y Petersen Inversora) presentan la quiebra en España la que es comprada por un grupo inversor que hoy reclama a la Argentina otros 3.000 millones de dólares por el reclamo devenido del proceso de estatización.
Por este tema, mañana habrá una audiencia por la expropiación de YPF en el juzgado de la Jueza Loretta Preska, la sucesora del temible Thomas Griesa. A la misma están invitados: los abogados de Argentina; de las empresas Petersen; de YPF y de Burford Capital con el objetivo de poner fin a las disputas por ambos Discoveries.
YPF hoy vale 1.600 millones de dólares, una octava parte de lo que hemos pagado a través del tiempo por hacernos de la petrolera. Incluso su actual deuda en dólares cuadruplica su valor de mercado y a duras penas pudo reestructurar parte de su deuda (con vencimientos en 2021 y 2022).
Es evidente que YPF ha sido siempre un gran negocio, aunque este haya sido solo para algunos pocos.
Manuel Adorni es econonimista y periodista de Radio Rivadavia
