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Recrudece el fuego K contra la Corte

 La posibilidad de ampliar la revisión de cualquier fallo firme apunta a debilitar al Tribunal. El Presidente volvió a cuestionarlo. Moreau pidió la ampliación del número de jueces.

Mientras la pandemia sucede y hace estragos, Cristina Fernández no olvida sus objetivos políticos centrales. No fue casualidad que su ausencia estival haya coincidido con la feria judicial. La última semana retomó riendas. Mantuvo un dialogo con Sergio Massa, titular de la Cámara de Diputados. Participaron Máximo Kirchner, su hijo, y el ministro del Interior, Eduardo De Pedro.

Hubo repaso del año electoral. Massa recibió la venia para impulsar el proyecto que promueve una rebaja del impuesto a las Ganancias. Se analizaron puntos clave de la agenda parlamentaria. La vicepresidenta interrogó sobre el proyecto aprobado en el Senado que modifica el Ministerio Público. No preguntó casi nada sobre la reforma judicial que promueve Alberto Fernández.

No se trata de ninguna novedad. Cristina no tiene interés en esa reforma. No significa ninguna garantía en su afán de desarticular las causas de corrupción. La jefa pareciera dispuesta a tomar su propio camino. Ejecutar una reforma, tal vez acotada, aunque más expeditiva. Es lo que se ha visto estas semanas de febrero desde que volvió al Senado.

Las señales son, en ese aspecto, múltiples. Veamos el plano electoral. Alejo Ramos Padilla, que buscó dinamitar la causa de los Cuadernos de las coimas, fue designado juez de la Cámara Electoral de La Plata. Encargado de fiscalizar los comicios en Buenos Aires. El kirchnerismo edifica allí su proyecto político para 2023. Antes de eso, Alberto Fernández nominó a Daniel Bejas en la Cámara Nacional Electoral para ocupar el lugar vacante desde 2016 por el fallecimiento de Rodolfo Munné. Se trata de un funcionario ligado al gobernador de Tucumán, Juan Manzur. Tuvo una actuación discutida por la desaparición del soldado Alberto Ledo en 1976, que involucró a César Milani. El trío lo completan Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía.

Las huellas de Cristina están marcadas también en los asuntos de corrupción que la desvelan. La última novedad fue la decisión de un grupo de legisladores kirchneristas ─y aliados─ de la Comisión Bicameral de Monitoreo del Código Procesal Penal. Activaron seis artículos de la norma. Retazos. Con identificaciones inconfundibles. La cabeza de aquel grupo fue la senadora Anabel Fernández Sagasti. Es decir, la vicepresidenta. Todos los cambios apuntan a intentar beneficiar a kirchneristas condenados y presos. Debate que agita al Frente de Todos.

Se descubren, a propósito, ciertos hechos notables. Por caso, la abolición fáctica de la condena firme. Que podría ser revisada, incluso, luego de que la Corte Suprema deseche cualquier recurso de queja. La revisión siempre se haría bajo la condición de favorecer al condenado.

Esa figura jurídica existe desde finales del siglo XIX y fue aplicada en casos de comprobaciones fehacientes. Casi siempre ligados a condenas por crímenes o delitos de esa índole. Ahora se añade como motivo de revisión la existencia de alguna sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o de un órgano de aplicación de un tratado.

Detrás de la maniobra podría advertirse una intención. Quitarle a la Corte Suprema su condición de Tribunal superior y definitivo. Propósito que hizo público, en sintonía con los intereses de Cristina, la Junta Consultiva que comandó su abogado defensor, Carlos Beraldi. Aconsejó en su dictamen la creación de un órgano intermedio entre la Corte y la Cámara de Casación. Ardid para podar sus facultades. El propio Presidente acaba de opinar que el máximo Tribunal ha dejado de ser confiable. El diputado Leopoldo Moreau pidió la ampliación del número de miembros.

La maniobra kirchnerista dispara interrogantes. ¿Tiene aquella Comisión de Monitoreo de la Reforma del Código Penal aptitud constitucional para tales procedimientos? ¿Qué jueces y de qué fueros se deberían encargar de un pedido de revisión?, según establecen los artículos. Los vacíos resultan llamativos.

Otra pregunta enfila en distinta dirección. ¿Por qué fueron avalados esos seis artículos (y otros gravosos) en la reforma del 2014, votada a libro cerrado, que Mauricio Macri dejó en suspenso en 2016 y aprobó con 120 modificaciones en 2018 luego de negociaciones con el kirchnerismo? Quizá forme parte de una deuda en la mejora institucional que también se le achaca a Cambiemos.

La decisión de activar aquellos artículos, omitiendo la columna vertebral de la reforma, respondería a una presión fuerte que atraviesa al kirchnerismo. Se debate sobre la chance de una amnistía a Amado Boudou y Milagro Sala. Pero el temor estaría en otro lado. El protagonismo público que ha aumentado Julio De Vido. Cargó contra Alberto. La semana pasada embistió contra Massa. Esperaría alguna señal. ¿Si no la hay? Crece el temor de que el ex ministro de Planificación se pueda desbocar. Conoce como nadie la matriz de corrupción que amasó el kirchnerismo. Estuvo los doce años (2003-15) junto a Néstor y Cristina Kirchner.

En algún punto, el kirchnerismo y el macrismo vacilaron cuando debieron avanzar con la aplicación de la reforma del Código Procesal Penal. La importancia del sistema reside en la aplicación de un sistema acusatorio y con oralidad que potenciará el poder de los fiscales en detrimento de Comodoro Py. Ahora los jueces cumplen dos funciones. Llevan la investigación y se controlan a sí mismos. El corazón de la reforma establece que los fiscales serán los encargados de conducir la investigación. Los jueces velarán para que se respeten las garantías de las personas investigadas.

Macri tuvo sus reparos. Hasta finales del 2017 la procuradora general fue la kirchnerista Alejandra Gils Carbó. Articuladora de un andamiaje de fiscales propios y otros nominados ad hoc. ¿Podía pensar el ingeniero en implementar el cambio de sistema con esa realidad? ¿Podía hacerlo sin ganarse, al mismo tiempo, los recelos de Comodoro Py? Tampoco debe omitirse el contexto: en 2018 arrancó la crisis económica que terminó en debacle y derrota electoral.

Al gobierno kirchnerista parece sucederle ahora algo similar. Activa tramos de la reforma que puede favorecer a sus presos. Jamás avanzaría con la cuestión de fondo porque en un año no logró resolver la situación de la Procuración General, que ejerce Eduardo Casal desde que se fue Gils Carbó.

Cristina tiene la media sanción del Senado de la nueva ley del Ministerio Público que allanaría sus problemas. Por esa misma razón no logra consenso en Diputados. Ni siquiera de hombres pejotistas. Tampoco puede progresar con el desplazamiento de Casal. La cuestión del procurador, por otro lado, revela una interna persistente entre el Presidente y la vicepresidenta.

Alberto propuso a Daniel Rafecas como candidato. Tendría hoy los votos necesarios de la oposición para consagrarlo con los dos tercios. Incluso recibió elogios públicos de Elisa Carrió. Pero Cristina resiste. No le perdona al juez haber participado en el inicio de la causa Ciccone en 2012 contra Boudou. Que desencadenó la renuncia del entonces procurador, Esteban Righi.

Resulta tan ostensible la inquina de la vicepresidenta con el juez que alcanza para entenderlo con repasar la agenda del Senado. Hubo un llamado a audiencias para el tratamiento de los pliegos de 15 jueces. Entre ellos Roberto Boico, designado en la Sala II de la Cámara Federal junto al regresado Eduardo Farah y Martín Irurzun. Se trata de un ex abogado defensor de Cristina en la causa del Memorándum de Entendimiento con Irán. Hay dos llamados de audiencias previstas para fin de mes. En ninguna figura el procurador. Rafecas no renuncia a su candidatura. El Presidente tampoco retira el pliego.

La tenaz batalla kirchnerista para borrar la corrupción de la década pasada tuvo otro coletazo. El Tribunal Oral Federal 4 decidió postergar para fin de mes el final del juicio por la ruta del dinero K. Que ya tiene varios pedidos de condena contra Lázaro Báez. Los magistrados son María Gabriela López Iñíguez, Adriana Palliotti y Néstor Costabel.

Los tres poseen entre manos la brasa que arde. La condena a Báez representaría el delito precedente de la causa de la obra pública, que se reinicia esta semana. La vicepresidenta figura como jefa de una asociación ilícita. Los jueces acumularon pruebas sobre la existencia de lavado de dinero. El problema para ellos sería determinar el origen de los fondos. Si convalidan la hipótesis de la obra pública estarían dando un empellón a Cristina.

López Iñíguez, Palliotti y Costabel trabajan en algún punto de acuerdo. La idea de una posible absolución se convertiría en un escándalo. No sólo porque el fiscal, Abel Córdoba, solicitó una condena de 12 años para el empresario K. Hasta la Oficina Anticorrupción, a cargo del kirchnerista Félix Crous, reclamó 8 años y 6 meses de cárcel.

Repasando la instrucción de la causa que hizo el juez Sebastián Casanello, aquellos jueces podrían hallar un atajo. Avalarían la certificación del lavado y la condena, sin necesidad de identificar técnicamente el delito precedente. Eso les permitiría trasladar la responsabilidad al Tribunal Oral Federal 7, que lleva la causa de la obra pública.

Cristina aguarda que en esa cuestión la Corte Suprema se pronuncie sobre alguno de los recursos que presentó su defensa. E interrumpa el juicio oral del que participa. Los cinco jueces del Tribunal (Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Juan Maqueda, Elena Highton y Horacio Rosatti) se pronunciaron en contra, en situación similar, contra Sala y dejaron firme su condena en una causa por amenazas.

¿Mala señal para Cristina? Los magistrados vienen evitando el acoso público de los K. Prefieren, como se decía antiguamente, hablar sólo a través de sus fallos.

Eduardo van der Kooy