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Según un trabajo de la consultora Analogías, 63 de cada 100 encuestados consideraron que las condiciones no están dadas para el retorno, especialmente por la falta de compromiso con el cumplimiento de los protocolos de protección contra el coronavirus.
La consultora Analogías llevó adelante entre los días 23 y 27 de enero un estudio sobre la situación sanitaria y la modalidad presencial en el sistema educativo, dos de los temas más candentes de la actualidad. Las vacunas continúan en el foco de atención y los desencuentros entre el gobierno argentino y el ruso sobre la producción de las mismas parecieran no tener fin. Por otro lado, la educación se encuentra en un prolongado suspenso, envuelta en un tire y afloje entre las autoridades bonaerenses, nacionales y porteñas que pretendían la vuelta a las clases semi presenciales el 17 de febrero, y los gremios docentes que consideran que las condiciones no están dadas y significan un riesgo sanitario para los docentes.
Según el estudio de Analogías, el 63 por ciento de la sociedad manifestó que las condiciones están “poco o nada” dadas para el retorno a las clases presenciales. Además, el 43 por ciento aseguró que el principal limitante para ello es la dificultad para cumplir los protocolos, el 15 por ciento la situación edilicia de las escuelas y el 12 por ciento el temor de las familias.
A pesar de que los reclamos gremiales hacen tapa en los principales medios nacionales, sólo el 24 por ciento de los encuestados consideró que la resistencia sindical tenga algo que ver con la negativa a retomar las clases presenciales. Focalizada la atención de la encuesta en segmentos de opinión política, resulta evidente que los opositores al gobierno consideran a éste la principal causa de la dificultad.
En líneas generales, la opinión de la sociedad es que el nivel de cumplimiento de las pautas de prevención se ha relajado demasiado, en la mayoría de los casos con el consentimiento o la complicidad de las autoridades políticas de diferentes gobiernos. En éste sentido, más del 74 por ciento de los encuestados consideró adecuado que sean los gobernadores quienes marquen el ritmo de apertura de actividades.
