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BANCO HIPOTECARIO

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Las necesidades fiscales del Gobierno dominan la agenda y avanzan varios proyectos en el Congreso

 La prórroga de las sesiones ordinarias aceleró en el Congreso una serie de proyectos que tienen clara vinculación con las necesidades fiscales del Gobierno. Y en la misma línea, pero a escala provincial, también es consagrado el nuevo consenso fiscal, que permitirá a los gobernadores mantener la presión tributaria en sus distritos.

El proyecto de “aporte solidario” más conocido como impuesto a la riqueza o las grandes fortunas tiene su turno en el Senado, que lo convertiría hoy mismo en ley. La iniciativa, que en principio había sido presentada como un recurso para hacer frente al sistema sanitario, involucra a otros rubros presupuestarios y sería un alivio de coyuntura para las cuentas del Gobierno. El texto, polémico, podría terminar judicializado.

El Senado, bajo la conducción de Cristina Fernández de Kirchner, también avanza con la reforma del sistema de movilidad jubilatoria, que sería votada la semana que viene en sesión virtual. Ese ajuste fue amortiguado en parte por el propio bloque del oficialismo. La bancada kirchnerista dio marcha atrás con la virtual caída del último aumento de haberes – 5%, considerado un adelanto a cuenta, según el texto original-, entre otras modificaciones que significaron un costo político inesperado para Alberto Fernández.

La semana que viene, además, irá al recinto el proyecto de recorte de fondos a la Capital, modificado en Diputados y de regreso en la Cámara alta. En ese caso, junto a la disputa política con Horacio Rodríguez Larreta, el Gobierno puede contar con  fondos que pueden ser derivados a otras áreas. Ya ocurrió con la primera poda de recursos, que fueron para el gobernador Axel Kicillof con el fin de levantar la protesta de la Policía Bonaerense.

Fuera del Congreso, también hoy, el Presidente formalizará el acuerdo de consenso fiscal con  los gobernadores. En resumen, permite que las provincias eludan el compromiso de bajar los impuestos locales, asumido con  el Pacto Fiscal en la gestión macrista. A cambio, durante un  año los jefes provinciales no podrán realizar demandas contra el Estado nacional.

Esto último es señalado por las autoridades porteñas como una limitación imposible porque ya tiene decidido insistir que los reclamos ante la Corte Suprema por los recortes de ingresos impulsados por el oficialismo nacional.