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En una nueva arremetida contra la propiedad privada, el kirchnerismo proyecta modificar la Ley de Manejo de fuego para prohibir los cambios en el uso de suelo en zonas afectadas por los incendios durante un plazo de 60 o 30 años, dependiendo del área afectada.
La propiedad puede ser reglamentada y sometida a ciertas restricciones para armonizarla con otros derechos en conflicto y para alcanzar ciertas finalidades de bien público. En particular, la necesidad de proteger al ambiente justifica algunas limitaciones más intensas. Pero tales restricciones deben ser razonables y no pueden conculcar los derechos reglamentados.
Esta iniciativa excede largamente esos parámetros y constituye, por lo tanto, una clara violación del derecho de propiedad. No se entiende cuál es la relación entre la necesidad de disminuir la ocurrencia de incendios y el virtual congelamiento del uso del suelo. Solo el fanatismo de la prohibición por la prohibición misma puede explicar semejante extravío.
Por otra parte, el proyecto vulnera el federalismo. El artículo 41 de la Constitución Nacional determina que corresponde a la Nación dictar las normas de presupuestos mínimos y a las provincias las necesarias para complementarlas. Por sobre esos presupuestos, comunes a todo el país, son los gobiernos locales los que deben decidir el ordenamiento ambiental de sus territorios, lo que esta iniciativa no permite.
En síntesis, el kirchnerismo avanza una vez más por dos caminos que suele recorrer: la violación de la propiedad privada y del federalismo. Y, lejos de promover una deliberación pública que permita llegar a las mejores soluciones concretas en cada caso, echa mano de otra de sus armas preferidas: las prohibiciones generales. De esa forma, da vuelta el principio liminar de nuestra Constitución. Llegará un día en que todo lo que no esté expresamente permitido estará prohibido, especialmente si se trata de actividades agropecuarias, las más dinámicas de la Argentina, a las que los Kirchner, por eso mismo, miran siempre como sospechosas.
