BANCO HIPOTECARIO

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=3ab76eea9c&view=att&th=1648a6d4d6c2fa40&attid=0.1&disp=safe&zw

Un Proyecto de ley para que el estado no asista a las firmas con offshore

 Un Proyecto de ley para que el estado no asista a las firmas con offshore Diputados. El kirchnerismo amplió las restricciones a un dictamen que ya tenía apoyo opositor; advierten que desalentará inversiones

El oficialismo avanzó en el dictamen de un proyecto de ley que prohíbe toda asistencia estatal -subsidios, transferencias, exenciones impositivas, beneficios fiscales, facilidades crediticias- a aquellas empresas radicadas o vinculadas a firmas offshore o bien que hayan sido constituidas en el exterior.

La iniciativa, que se debatió en la Comisión de Presupuesto, fue duramente criticada por el bloque de Juntos por el Cambio. “Este proyecto es un ejemplo de lo que no se debe hacer si se quiere atraer inversiones. Va a ser difícil encontrar alguna empresa que no quede incluida: incluso aquellas firmas con promoción industrial o que gocen de alguna exención impositiva estarían contempladas”, advirtió el radical Luis Pastori.

“Este proyecto es un ejemplo de lo que no se debe hacer si se quiere atraer inversiones

“Además, les estamos diciendo a todas las empresas en el exterior que ni se les ocurra venir a la Argentina, porque no les vamos a dar ni un vaso de agua”, sentenció.

El dictamen sorprendió a Juntos por el Cambio: sucede que la iniciativa original se limitaba a prohibir la asistencia económica y financiera a aquellas empresas domiciliadas en paraísos fiscales o de probada evasión fiscal.

El proyecto contaba con el apoyo de todos los bloques opositores -incluido Juntos por el Cambio-, pero cuando fue llevado al recinto, hace tres semanas, la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos propuso ampliar las restricciones.

Esto suscitó la desconfianza generalizada de todas las bancadas, lo que motivó que el proyecto regresara a la Comisión de Presupuesto tras los reclamos de los diputados Jorge Sarghini y Graciela Camaño, de Consenso Federal.


Con el paso de los días, y luego de varios intercambios de borradores, Camaño, Vallejos y el autor del proyecto, el kirchnerista Pablo Carro, llegaron a un acuerdo que se plasmó en un dictamen de mayoría.

“A partir de esta norma, los “vivos” que, sobre la base de su poder económico, se valen de recursos contables, financieros y jurídicos para evadir sus responsabilidades fiscales; escondiendo sus ganancias y patrimonios en guaridas; ya no van a poder seguir aprovechándose de los recursos públicos, que no solo son limitados; sino que es imperioso que lleguen a quienes realmente los necesitan”, destacó Vallejos.

“No estamos hablando de sanciones o castigos, sino de quitar la posibilidad de un beneficio”


Ante las críticas opositoras, el diputado oficialista Itaí Hagman enfatizó que esta iniciativa no es un “ataque a las empresas ni al sector privado”. “No estamos hablando de sanciones o castigos, sino de quitar la posibilidad de un beneficio, un privilegio”, añadió el legislador.


Camaño coincidió. “No es justo que quienes buscan subterfugios legales para eludir pagar impuestos en el país puedan acceder y tener los beneficios impositivos o asistencia del Estado. Los escasos recursos deben ser distribuidos inteligentemente”, sostuvo la diputada.


Juntos por el Cambio dijo que insistirá en la propuesta original. “A nosotros nos parecía razonable que el Estado no diera asistencia a aquellas empresas radicadas en paraísos fiscales”, sostuvo Luciano Laspina, de Pro. “Pero el dictamen es muchísimo más amplio; incluye a las empresas extranjeras y la prohibición incluye todo tipo de beneficio estatal”. Y opinó que, así planteado, lo que se propone es que el Estado ya no dé ningún tipo de ayuda a los inversores extranjeros directos.

El proyecto incluye no solo a las empresas vinculadas con paraísos fiscales, sino también a las “sociedades constituidas en el extranjero”

El proyecto incluye no solo a las empresas vinculadas con paraísos fiscalessino también a las “sociedades constituidas en el extranjero” que “no se hayan adecuado íntegramente a la legislación argentina”, a los procesados por delitos contra la administración pública, el orden económico y financiero o por corrupción, y a aquellos con deudas con el fisco o la seguridad social.

La iniciativa obtuvo dictamen, ayer, en la Comisión de Presupuesto