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Los datos duros de la recesión económica que la crisis del dólar no puede tapar

 Los datos que maneja el propio Gobierno hablan de la profundidad de la recesión que atraviesa la actividad económica. Y las dificultades para dejarla atrás.

Hablar de una caída en la facturación real mayor al 90% es como hablar del fondo de la olla, casi igual a decir que no se vende nada o directamente igual a decir no se vende nada de nada. Mezcla de Covid-19 y del método que el Gobierno aplicó para enfrentarlo, en esa situación ultra precaria aún se encuentra el 12,3% de las empresas, lo cual representa una mejora si se quiere modesta, aunque para algunos mejora al fin, contra el bajón promedio del 25,9% que hubo en abril. Esto es, cuando tambaleaba una de cada cuatro compañías.

Directa, la conclusión de quienes han hecho el relevamiento afirma: "La actividad en su conjunto todavía está considerablemente por debajo de los niveles prepandemia". Si bien bastante obvio, el comentario le pega de lleno al discurso oficial que, cada vez más empeñosamente, repiquetea con el regreso de la actividad económica a los registros previos a esta interminable cuarentena que va por las 8 cuarentenas.

Ahora menos distante del pregón del Gobierno, lo que sigue se basa en cifras oficiales sobre el consumo de energía eléctrica y cuenta que en septiembre la actividad industrial dejó atrás siete meses de caída sin freno y que, además, ya "estaría operando en niveles cercanos a los de la prepandemia". En verdad, los últimos datos de la misma fuente oficial muestran una película bien diferente: señalan caída del 8,1% en octubre respecto de la semana anterior al aislamiento social, preventivo y obligatorio y del 23,4% contra octubre del año pasado. Nada que coincida con las palabras "niveles cercanos".

Finalmente, ¿de dónde salen esas cosas?: salen nada menos que de un organismo que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, el Centro de Estudios para la Producción (CEP). Y allí hay más para este boletín sobre el impacto de la cuarentena en la economía real:

-- De vuelta al porcentaje de empresas sacudidas por el derrumbe de la facturación real declarada ante la AFIP, hundido en el quinto subsuelo encontramos al alojamiento, o sea, a la hotelería, con un registro que en agosto abarcó al 64,9% de las empresas; seguido de un 32%,8% para gastronomía, o bares y restaurantes, y del 26% en la construcción. En la industria, el apretón alcanza al 7,8% de las fábricas y en el comercio al 5,7% de los establecimientos, claro que ambos sectores vienen de un abril con agujeros del 29 y del 23,6% respectivamente.

-- Ahí mismo, en ese ranking de damnificados, Jujuy y Tierra del Fuego son hoy las provincias más afectadas por la caída de las ventas que generaron, sobre todo, los muy recientes rebrotes del Covid-19. El peso de la agroindustria explica que Santa Fe, Misiones y Entre Ríos figuren en el lote de las menos afectadas. Y ya al interior de ese enorme y variado conglomerado que es el AMBA, tenemos que, durante abril, el peor momento de la pandemia, un tercio de las empresas del Conurbano y de la Ciudad de Buenos Aires fue golpeado por el cimbronazo; sólo efecto recesión, en febrero la penuria se limitaba al 7%.

-- A propósito de cómo anda la producción industrial en su propio derrape, un índice del CEP ubica el piso de la curva entre mediados de marzo y mediados de abril: dice retroceso del 40%, nada menos. Y dice de hecho que, sobre una lista de 24 países desarrollados y subdesarrollados, sólo los súper complicados India e Italia anotaron cifras peores a la nuestra.

-- Un cantar parecido suena este año cuando se proyectan algunos PBI de la región: el de la Argentina caerá más o bastante más que los de Brasil, Chile, Colombia y México.

Por donde se mire, en el trabajo salta a la vista que, medida como un todo, la actividad económica aún está muy por debajo de los números que registraba en los meses previos al combo pandemia-cuarentena. Peor todavía: está muy lejos de números que son lo menos parecidos a una pinturita y que cuadran, redondos, con los de un país sumergido en un largo proceso recesivo.

De ese cuadro también habla el estimador económico de agosto que el INDEC difundió estos días. De un saque, dice caída del 11,6% contra agosto de 2019 y del 12,5% desde enero y canta, además, 27 de los últimos 29 meses barranca abajo.

Arriba de esta estructura quebrada, que es también un muestrario de variables clave notoriamente desalineadas, se monta una crisis cambiaria tan profunda como interminable y hasta ahora ingobernable. Dos problemas fuertes que se potencian mutuamente y una crisis sobre otra crisis.

Ha dicho Martín Guzmán, en plan tranquilizador: "Tenemos una brecha cambiaria muy elevada, pero también se da una circunstancia en la que tenemos superávit comercial, no hay pagos de la deuda externa en el corto plazo y tenemos 41 mil millones de dólares en el Banco Central. No va a haber devaluación".

Ni tanto ni tan poco, o en realidad tirando a bastante poco.

Más que muy elevada, la brecha entre el dólar blue y el tipo de cambio oficial resulta impresionante: canta un 150% que, en un raid rasante, ya quintuplica al 29% que había a principios de este año.

El superávit comercial acumuló US$ 11.562 millones entre enero y septiembre y superó en 2.065 millones al que se anotó en el mismo período de 2019. Va camino de cerrar el año en torno de los US$ 15.000 millones, pero no todo es pura ganancia productiva sino pura caída de las importaciones: 21% en lo que va de 2020 informan las cuentas del INDEC. Y la gran apuesta a las exportaciones por ahora dice 12,6% negativo, es decir, menos que nada.

Finalmente, el embrollo con las reservas de US$ 41.000 millones, que para empezar son brutas y no netas ni líquidas. Según la consultora LCG, descontando entre otras cosas los encajes por los depósitos en divisas de los ahorristas, el swap-préstamo de China y las tenencias de oro, los activos de "rápida disponibilidad" pegan la vuelta y quedan en menos 600 millones de dólares.

Otros estudios advierten que el Banco Central ha empezado a usar los encajes, como se hizo durante 2015, al final del segundo mandato de Cristina Kirchner. Hay, claro está, una diferencia grande: a Alberto Fernández le faltan todavía tres años largos de gobierno.

Cuesta encontrar cómo el ministro Guzmán puede transmitir tranquilidad, cuando mandan la desconfianza, la incertidumbre, cierto desgobierno y el evidente intento de pisar cuanto dólar sea posible. Y cuando resulta cada vez más notorio, por derecha o por izquierda, el racionamiento de las importaciones.

Consejos de consultores, en esta impredecible economía del día a día: "Cuidar la caja; hacer stock y vender cuando la ganancia sea fuerte y segura; no arriesgar plata en inversiones y, definitivamente, cuidar la salud del negocio".

Delicias de esta Argentina escasamente deliciosa, el gobierno K apura un acuerdo con el Fondo Monetario como quien busca ahí un salvavidas. Y el FMI pide algo que Alberto F. desestima, porque no lo tiene: un plan económico, una hoja de ruta donde conste adónde quiere ir, con qué y para qué.

Por muy amistosa con Guzmán que sea o se muestre, no parece muy probable que Kristalina Georgieva tenga pensado pisar el acelerador. Cerca del propio Fernández manejan la hipótesis de que el FMI aguardará saber quién es el nuevo presidente de Estados Unidos antes de mover los alfiles, esto es, si será Donald Trump o Joe Biden el que bajará línea desde un lugar decisivo en el directorio del organismo.

Según el calendario norteamericano, a comienzos de enero, cuando haya concluido el recuento de votos de los electores, se conocerá definitivamente quién ha sido el triunfador. Si nada cambia, tendremos que seguir empujando este barco desvencijado hasta entonces. O, como dicen en el Gobierno, hasta marzo-abril, cuando comiencen a entrar los dólares de la siempre bendita soja.

Final con una pregunta medio insidiosa: ¿se desmontarán los planes sociales y laborales creados para enfrentar el Covid-19, empezando por el IFE y el ATP, como dice el Presupuesto 2021 y figura en una partida donde se ahorran $ 473.000 millones? Un antecedente: el ajuste que Ecuador pactó con el FMI.

Alcadio Oña