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Fuentes oficiales dijeron a EconoJournal que luego de 7 meses de trabajo el interventor ya debería haber concluido la auditoría y podría haber avanzado con la revisión de la RTI y la realización de la audiencia pública.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, le dejó claro a la misión del FMI que los subsidios económicos no seguirán creciendo el año próximo. Esa decisión supone avanzar con el descongelamiento de tarifas a partir de fin de año, como explicitaron el propio Guzmán y su secretario de Energía, Darío Martínez, quien ya trabaja en un esquema de segmentación junto con la Anses. Pese a ello, el fin de semana el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, volvió a insistir con que la suba no está definida y agregó que en caso de que finalmente se decida aumentar su implementación “insumirá varios meses”, dando por seguro que no habrá cambios en el corto plazo. De hecho, el funcionario ya les transmitió a las distribuidoras que al menos hasta marzo seguirá todo como hasta ahora. Fuentes oficiales dijeron a EconoJournal que, independientemente de la decisión que se tome, luego de 7 meses de trabajo el interventor ya debería haber concluido la auditoría y podría haber avanzado con la revisión de la RTI y la realización de la audiencia pública.
Otro desmarque
No es la primera vez que Bernal, hombre que responde a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se desmarca públicamente de una política oficial. Formó parte de la avanzada destinada a horadar al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, cuestionando en los diarios el Plan Gas que el funcionario estaba negociando, y luego de que Guzmán anticipara en septiembre su decisión de avanzar con el descongelamiento tarifario aseguró en El Cronista que esa decisión no estaba tomada y que existía la posibilidad de seguir incrementando los subsidios.
En esta oportunidad insistió en una entrevista con la agencia estatal Télam que la decisión de aumentar aún no está tomada y agregó que “en el caso de decidirse por tarifas de transición, las mismas no podrán entrar en vigencia el 19 de diciembre por una simple cuestión de tiempos, ya que su elaboración, incluyendo lo relativo a la convocatoria a audiencias públicas y sus respectivos plazos, insumirá varios meses”.
Malestar oficial
Dentro del gobierno, no son pocos los que expresan su malestar por la decisión de Bernal de salir a diferenciarse a través de los medios de comunicación. Esa postura incluso genera desconcierto entre las empresas y es disfrutada por la oposición.
Con respecto a las tarifas, desde el gobierno remarcaron a EconoJournal que la política tarifaria no la define el Enargas y ante la consulta sobre si la implementación de los aumentos demoraría “varios meses” respondieron que Enargas ya debería haber concluido con la auditoría y podría haber avanzado con el proceso de Revisión Tarifaria Integral y también con la realización de la audiencia pública para informar sobre cuál es la situación actual del mercado y recabar las opiniones de la ciudadanía y las empresas sobre cómo seguir en materia tarifaria.
Audiencia pública
La audiencia pública se suele convocar con un plazo que oscila entre 30 y 40 días y luego el ente se suele tomar otros 20 o 30 días para elaborar el informe con las conclusiones de esa audiencia. Lo que remarcaron a EconoJournal fuentes oficiales es que Bernal podría transitar ese camino y después será el presidente Alberto Fernández, con el asesoramiento de sus ministros y secretarios, el encargado de resolver qué aumento se aplicará.
Revisión Tarifaria
La ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, sancionada en diciembre de 2019, en su artículo 5 facultó al Poder Ejecutivo “a iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral vigente o iniciar una revisión de carácter extraordinario, en los términos de las leyes 24.065, 24.076 y demás normas concordantes, a partir de la vigencia de la presente ley y por un plazo máximo de hasta 180 días”.
En el caso del gas, el decreto 278/20 que designó a Bernal como interventor del Enargas, publicado en el Boletín Oficial el 17 de marzo, establece en su artículo 4 que “el interventor tendrá las facultades de gobierno y administración del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) establecidas en la Ley Nº 24.076, y aquellas asignadas en el presente decreto, que sean necesarias para llevar a cabo todas las acciones conducentes a la realización de los objetivos previstos en el artículo 5° de la Ley N° 27.541”.
Pese a ello, la intervención no terminó aún de realizar la auditoria y Enargas no explicitó formalmente si se avanzará en la renegociación de la RTI o se llevará adelante una revisión de carácter extraordinario.
La revisión tarifaria extraordinaria es una decisión administrativa del ente regulador unilateral contemplada en el artículo 47 de la ley 24.076. El texto dice que cuando el ente “considere, como consecuencia de procedimientos iniciados de oficio o denuncias de particulares, que existen motivos para considerar que una tarifa, cargo, clasificación o servicio de un transportista o distribuidor es inadecuada, indebidamente discriminatoria o preferencial, notificará tal circunstancia al transportista o distribuidor y la hará pública convocando a tal efecto a una audiencia pública dentro de los primeros quince días. Celebrada la misma, dictará resolución dentro del plazo indicado en el artículo 46 de esta ley”, fijado en 60 días.
La alternativa de la renegociación de la RTI, en cambio, implica, por ejemplo, pedir la anulación de lo acordado, pero a la vez requiere que el Poder Ejecutivo y las empresas se pongan de acuerdo en un nuevo esquema. Por lo tanto, avanzar por este segundo camino demorará más tiempo. De hecho, los reclamos cruzados que se habían cerrado cuando se acordó la RTI volverían a ponerse la mesa si se desconoce ese acuerdo sellado por un período de 5 años.
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