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El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, convocó a un acuerdo extraordinario para el martes próximo para que máximo tribunal se expida sobre el desplazamiento de los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y el juez Germán Castelli.
“He convocado a un acuerdo extraordinario para el martes 29 del corriente mes, para que la Corte Suprema se expida sobre los planteos de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli”, anunció Rosenkrantz tras un zoom que compartieron los miembros del máximo tribunal.
“La atribución de realizar una convocatoria extraordinaria es una facultad que, como Presidente del Tribunal, me confiere el artículo 71 del Reglamento para la Justicia Nacional y que ha sido empleada en algunas ocasiones”, señalo el preisidente de la Corte y agregó: “La Corte tiene la responsabilidad, en casos como este, de dar certidumbre a la ciudadanía sobre el trámite que se impondrá a los planteos de los jueces involucrados. Como dije hace una semana, la Corte tiene la autoridad final cuando está en juego la constitucionalidad de los actos de otros poderes del Estado”.
Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, y el juez Germán Castelli, del Tribunal Oral Federal 7, tuvieron o tienen relación con causas que preocupan a Cristina Fernández de Kirchner, en especial el caso de los cuadernos de las coimas. El gobierno encaró una ofensiva en el Consejo de la Magistratura y luego en el Senado para rechazar los traslados de los tres magistrados realizados durante el gobierno anterior, que recibieron en su momento el aval de la Corte. La maniobra culminó con un decreto del Poder Ejecutivo que confirmó su desplazamientos.
El oficialismo, con impulso del kircherismo duro, busca acelerar la designación de reemplazantes de la Cámara Federal. Si la Corte no le diera la razón pero la decisión se postergara largamente, podría ocupar las vacantes y apostar a un hecho consumado. Por supuesto, eso entraría en crisis si el máximo tribunal se pronuncia antes y rechaza los desplazamientos.
En esa línea apuntarían las presiones y los mensajes del oficialismo a través de contactos con al menos dos integrantes de la Corte, según versiones del ámbito político.
Los últimos “banderazos” tuvieron como principal consigna la demanda de Justicia y la condena de la corrupción. Y en paralelo, un par de peticiones reunieron unas 250 mil adhesiones en una plataforma digital.
También corren los tiempos respecto de una de las vías dispuestas por el Gobierno para recortarle fondos a la Ciudad de Buenos Aires. Se trata del decreto que dispuso una quida de más de un punto de coparticipación, que representaría unos 40.000 millones de pesos al año.
Esa medida ya entró en vigencia. Y por esa razón, el gobierno porteño motorizó un amparo ante la Corte, además de un planteo sobre la cuestión de fondo. Por otro andarivel comenzó a transitar el proyecto de ley para establecer una mayor poda y un ajuste para los fondos destinados a seguridad, fuera de la coparticipación e integrado al Presupuesto. Esa iniciativa tuvo su primera reunión de comisiones, con cruces entre oficialismo y oposición, que podrían derivar en otra judicialización de la disputa política. Esta vez, por las normas de funcionamiento de la Cámara, que JxC considera vencidas.
