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El oficialismo se alzó con el dictamen para el proyecto que grava las grandes fortunas

 Al cabo de cinco reuniones de trabajo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el proyecto de ley de aporte solidario y extraordinario consiguió este viernes 27 firmas y está listo para ser debatido en el recinto.


El bloque del Frente de Todos avanzó este viernes con el dictamen de mayoría del proyecto de aporte solidario y extraordinario, anunciando los cambios introducidos a la iniciativa desde su presentación, entre ellas la confirmación de que no serán gravados las tenencias en el país de los no residentes.

El dictamen de mayoría obtuvo 27 firmas: las de los miembros del Frente de Todos y los representantes de Córdoba Federal y el Frente Renovador de la Concordia, de Misiones.

El interbloque de Juntos por el Cambio, por su parte, presentó un dictamen de minoría que plantea directamente el rechazo al proyecto del oficialismo.

En el inicio de la reunión, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, confirmó haber recibido este mismo viernes un análisis de la estimación del impacto recaudatorio del proyecto. El informe elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso en líneas generales convalida el contenido del informe de la AFIP, estimando que efectivamente la recaudación probable de este aporte estaría en el orden de los 307.000 millones de pesos, equivalente a 1,1% del PBI.

Al detallar las modificaciones aplicadas al proyecto, Heller explicó que modificaron el criterio de la fecha de aplicación del cálculo para determinar el valor del aporte, originalmente fijado en el 31 de diciembre del año pasado. “Lo hemos puesto a partir de la promulgación de la presente ley -aclaró Heller-. En función de eso hemos agregado en el artículo 8° cuando las variaciones operadas en los bienes sujetos al aporte durante los 180 días inmediatos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de esta ley hiciera presumir, salvo prueba en contrario, una operación que configure un ardid evasivo o esté destinado a eludir su pago, la AFIP podrá disponer que aquellos se computen a los efectos de su determinación”.

“Esto es para no tomar un valor retroactivo sino a partir de esta ley, pero como hace 6 meses que venimos discutiendo esta ley, y podría haber generado situaciones individuales de actitudes no ajustadas al cumplimiento de las obligaciones impositivas, para evadir el pago del tributo, entonces resolvemos así la cuestión”, explicó el presidente de la comisión.

Por otra parte, Heller anunció que “descartamos el tema de los no residentes, circunscribiendo solamente a los residentes; y también descartamos la posibilidad de que las empresas multinacionales que actúan en el país pagaran por las personas supuestamente dueñas que en algún lugar de la tierra están. Creímos conveniente no incluir esa ampliación”.

Por consiguiente, Carlos Heller sostuvo que “están perfectamente limitadas las personas alcanzadas y las características”. Así las cosas y con la información disponible enviada por la AFIP, sobre la base de las declaraciones juradas ya presentadas al 19 de septiembre, se podría llegar a una recaudación superior a los 300 mil millones de pesos.

Según las propuestas del proyecto oficialista y sobre la base de la proporción de los fondos que están afuera y que algunos podrían estar interesados en repatriar, la estimación alcanzaría presuntamente a 9.298 personas. “Porque hay 7.438 declaraciones juradas con bienes superiores a 200 millones, y 1.860 que con las proyecciones sobre las declaraciones juradas de 2018 se estima que deberían estar alcanzados”, indicó Heller, que estimó que eso daría 307.897 millones de pesos de recaudación prevista.

Al detallar la composición del aporte, el presidente de la comisión explicó que en la escala más alta, la que ocupan quienes tienen más de 3.000 millones, hay

253 personas humanas, que aportarían 153.855 millones de pesos: casi la mitad del total estimado que produciría este aporte. Si se le suma el tramo que va de 1.500 a 3.000, se sumarían 372 personas más, con lo que se llegaría a 625 personas, que estarían aportando casi 180 mil millones de pesos, delos 307 mil estimados.

En el extremo inferior de la pirámide, quienes tienen bienes de hasta 400 millones, entre 200 y 400, son 4.178 personas las que aportarían 30.100 millones de pesos del total. “Efectivamente el aporte estaría soportado en su principal tramo, el 60%, por un universo de seiscientas y pico de personas”, informó Heller, quien luego remarcó que este aporte “es por única vez, está dicho en todos lados, con fines determinados, específicos, y por lo tanto no hay ninguna posibilidad de que no sea por única vez”. Y concluyó: “Un reducidísimo grupo contribuiría a llevar un enorme alivio a una gran cantidad de personas que tendrían alivio a través de los beneficios que podrían obtener con este aporte”.

Un dictamen de rechazo

A continuación, el diputado radical Luis Pastori anunció que Juntos por el Cambio presentará un dictamen de minoría que aconseja el rechazo del proyecto del oficialismo. “Aunque reconocemos que el dictamen final ha mejorado varios aspectos, como por ejemplo lo que tenía que ver con la retroactividad, y algunos otros aspectos, sin embargo subsisten otros servicios que nos obligan a ir con otro dictamen. Primero, la denominación de aporte, intenta privar a la obligación de su naturaleza tributaria para dejarla al margen de las garantías y principios constitucionales que imperan en la materia”, señaló.

El diputado misionero agregó que “el propio informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso nos da la razón, cuando al comienzo, en su introducción, habla claramente que se trata de un impuesto”. Y si bien aclaró que los informes de la Oficina de Presupuesto del Congreso “no son vinculantes, claramente esta comisión está para asesorarnos. Eso me exhime de mayor abundamiento del tema”.

Pastori aclaró a continuación que subsisten algunas cuestiones que no nos satisfacen”, y mencionó en primer lugar “la confiscatoriedad que se puede dar por la múltiple imposición; los bienes gravados son los mismos, unido esto al impuesto sobre Bienes Personales, sobre la totalida de los bienes en el exterior. La acumulación de ambos gravámenes puede tornar manifiestamente confiscatoria”.

Para Pastori, este proyecto del oficialismo “también afecta el principio de igualdad en lo que tiene que ver con los bienes en el exterior, ya que por el solo hecho de estar en el exterior tienen una alícuota superior. Esta discriminación no se da en función de la mayor capacidad contributiva, porque a igual capacidad contributiva, por el solo hecho de tener un bien en el exterior, ya tiene una alícuota muy superior. Es como un castigo, por más que estén lícitamente hechos, sin embargo van a tributar una alícuota superior”.

Pastori observó además el criterio de nacionalidad, que no veía que hubiera quedado salvado, porque insisten con gravar aquellos ciudadanos argentinos que están viviendo por ejemplo en un paraíso fiscal. Para no ir tan lejos, puso el ejemplo de Paraguay y Bolivia, países no cooperantes y de baja tributación. Se los considera como si fueran residentes y eso es, a juicio de Pastori, “una ficción que crea la ley, una mentira legal”.

Va a ser además, afirmó, “de muy difícil cumplimiento en la práctica, porque ¿qué facultad tiene la AFIP para perseguir a alguien que no vive en la Argentina. Me parece que aquí se está equivocando el dictamen de mayoría”.

El legislador radical dio entonces una serie de consejos: “Me parece que deberían corregir los 200 millones de pesos de base, que eran equivalentes a 3 millones de dólares cuando ustedes anunciaron el proyecto, a principios de abril, con un dólar a 65,75 pesos. Hoy está casi a 80, y estos ya no son 3 millones, son unos 2,5 millones. Para tener una relación razonable, esa base tendría que estar al menos en 240 millones para arriba”, sugirió.

Además, continuó, “la tabla también tiene problemas, porque superando los 200 millones, paga 2%; hasta 200 millones paga 0. El que tenga 200 millones y un peso, por un peso más va a pagar el 2%, o sea 4 millones de pesos… Por un peso de diferencia”. Eso se podría solucionar, dijo, estableciendo un mínimo no imponible que sea razonable a partir del cual comiencen a tributar.

“Y no me queda claro si las empresas del exterior que sean accionistas por ejemplo de una sociedad argentina, si quedan afuera o adentro del impuesto, porque no tiene nada que ver y eso sería gravar la inversión extranjera, por si algo le faltaba a la inversión extranjera encima la estemos gravando con un impuesto… Si alguno todavía tiene la intención de invertir en el país con este impuesto lo vamos a estar definitivamente corriendo”, concluyó.

El presidente de la comisión aclaró que el proyecto no alcanza a las acciones de empresas extranjeras que estén en el país. Y en cuanto a los consejos, los agradeció, pero aclaró que eso vale para “cuando estamos construyendo consenso. Cuando usted nos anuncia que van a presentar un dictamen de  minoría, le diría que deje que los contenidos lo resolvamos entre quienes vamos a firmar el dictamen de mayoría… Es medio contradictorio pretender que cambiemos el dictamen de mayoría presentando otro”.

Uno de los oradores que tuvo la reunión fue el diputado Paulo Cassinerio, de Córdoba Federal, quien anunció el acompañamiento del proyecto, confirmando así el apoyo clave de los diputados de esa bancada, que serán fundamentales para garantizar la aprobación de la iniciativa en el recinto. No obstante, hizo una objeción al hablar de una situación de “inequidad” entre empresarios argentinos y la situación de los empresarios de las multinacionales. Dijo entender que se busca “no asustar a futuros capitales, que necesariamente vamos a necesitar que vengan a nuestro país, pero es una situación que nos inquieta y la vamos a plantear en la Cámara, debido a que es una inquietud que nos han hecho llegar empresas de Córdoba”.




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