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La cerealera Bunge vuelve a estar en el centro de la escena después de varios años de permanecer en un segundo plano. En esta ocasión, no se trata de la presentación de un plan económico ni de la asunción de uno de sus directivos como ministro del gobierno nacional, sino de una circunstancia más ligada a lo judicial que a lo político o económico.
La multinacional es el eje de una denuncia por “defraudación contra la administración pública, lavado de activos y/o evasión agravada”, impulsada por el fiscal Carlos Stornelli, a raíz de la presentación de Fernando Míguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina. La presentación guarda vinculación con los constantes cambios en la política tributaria del país y las maniobras que determinadas empresas realizan para aprovecharse de ellos, valiéndose tanto de su poderío económico como de la información de la que disponen. O para decirlo con las palabras de Míguez, “un ardid para obtener una ventaja patrimonial minimizando el pago de retenciones”. En su denuncia, Míguez solicita que se investigue la presunta participación de los directivos de Bunge Adrián Chueco, Guillermo Marcotegui y Ramón Fernández Asenjo, además del ex ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, quien también fuera presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y activo participante de la Mesa de Enlace. En concreto, la denuncia de Míguez indica que Bunge aprovechó el lapso existente entre las Primaria Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la asunción del actual gobierno para acelerar la declaración de exportaciones, de manera de no tener que hacer frente al pago del aumento de las retenciones que por entonces se descontaba que la nueva administración iba a instrumentar. No se trataba de un adelanto real de exportaciones sino de declaraciones “fantasma”, esto es supuestas operaciones ficticias para eludir el pago de los derechos de exportación que, finalmente, fueron incrementados mediante un decreto de necesidad de urgencia publicado en el Boletín Oficial el sábado 14 de diciembre, horas después de la asunción presidencial de Alberto Fernández. Pero además, Miguez señala que Bunge falseó exportaciones de premezclas (a las que se le aplicaban alícuotas menores de retención), cuando en realidad realizó operaciones con harina de soja sin mezclar con otros componentes, lo que representa una importante diferencia si se tiene en cuenta que las alícuotas en cada caso son del 5% y del 30%, respectivamente. En este caso, Míguez describe una maniobra entre Bunge y empresas controladas. En el requerimiento de Stornelli se indica que Bigsur S.A. y Tradesur S.A., firmas que serían controladas por la denunciada, realizarían la “fasón” (tercerización) que habría consistido en “premezclar harina de soja y de trigo al 3% y luego exportar la misma eludiendo un 25% de retenciones”. “Tales exportaciones -añade Stornelli- no irían finalmente a poder de un tercero sino que habrían sido adquiridas por TRADE CARIBE, BUNGE SINGAPUR, BUNGE CHINA y BUNGE EGIPTO como harina de soja y no como ‘premezcla’”, en una operatoria cuestionada por Míguez por entender que “las empresas que ordenaron el fasón no habrían tenido la capacidad económica para ordenar tal actividad”. El repaso de los informes del Centro de Exportadores de Cereales (CEC) deja en evidencia una evolución en las liquidaciones de ventas al exterior de las empresas del sector que permite presumir algo más que las esperadas variaciones estacionales.
La facturación en las diecisiete semanas transcurridas entre la realización de las PASO y la asunción de subió abruptamente respecto del período anterior, hasta más que duplicarlas, pero a partir de enero de 2020 acusan una caída de más del 90%.
La comparación de los montos de liquidaciones hace presumir que las maniobras no fueron privativas de una sola compañía, pero en la denuncia impulsada por Sotornelli se pone la mira en el proceder de Bunge. En ese sentido, el fiscal puso de manifiesto que “entre 13 y el 31 de agosto de 2019 se habría acelerado la declaración de exportaciones por 1.400.000 toneladas; en septiembre 1.650.000 toneladas, en octubre 1.140.000; en noviembre 1.135.000 y en diciembre de 2019 1.500.000 toneladas, acumulando en los meses posteriores a las PASO declaraciones por 7.125.000 toneladas”. La sospecha de Míguez es que “tales declaraciones habrían tenido por finalidad evitar el pago de las retenciones futuras, pero falseando la existencia de los granos que decían poseer en condiciones de exportar”. Al respecto, el denunciante hace una comparación: “en todo 2018 la empresa habría declarado exportaciones por 6.9 millones de toneladas –entre trigo, soja, maíz y harinas-, y entre el 13 de agosto y el 31 de diciembre de 2019 habría acumulado 7,1 millones de exportaciones”, es decir en cuatro meses y medio más que en todo el año anterior. Míguez advirtió que, en base a cómo cayeron las liquidaciones en 2020, el boom liquidador posterior a las PASO no se trató de un repentino cambio de tendencia: “en octubre de 2019 las declaraciones juradas de Bunge marcaban un incremento anual del 1500%, mientras que a enero de 2019 mostraban una caída del 99% respecto de las de igual mes del año anterior”. Para el denunciante, “claramente se ‘declararon’ falsamente supuestas toneladas de granos que no existían en poder del exportador, afirmando tenerlas para poder ‘congelar’ las retenciones y una vez confirmada la alícuota salir a buscar las toneladas ‘fantasma’”. “De tal modo, la declaración jurada de exportación no refleja la realidad imperante e implica ‘subfacturar’ la operación”, completó Míguez la explicación. Pero la maniobra denunciada tuvo para Míguez consecuencias en la recaudación: “el ardid detallado implicó la pérdida de ingresos para el fisco nacional, ya que la fuerte caída en la recaudación de derechos de exportación de la primera mitad del año habría obedecido exclusivamente a esta maniobra”. Stornelli agregó que según el denunciante “los granos declarados no habrían existido en poder del exportador sino que habría afirmado tenerlos para poder congelar las retenciones para luego salir a buscarlos, una vez confirmada la alícuota, de modo que la declaración jurada de exportación no habría reflejado la verdadera tenencia de los granos en manos del exportador”. La investigación judicial recién comienza. Y el cruce de datos entre los números de Bunge y el total de liquidación por exportaciones permite inferior que podría haber otras empresas en lo que Míguez denomina “ardid”.
NA
