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Ambrosini se reúne ahora con las empresas de telecomunicaciones

El titular del Enacom mantiene una reunión con los representantes de las distintas empresas.

El titular del Enacom, Claudio Ambrosini se reunirá esta tarde con las empresas de telecomunicaciones para “hablar de la reglamentación del DNU 690”, medida por el cual se estableció que los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el acceso a las redes de telecomunicaciones pasa a ser “servicios públicos esenciales y estratégicos”, según pudo confirmar Ámbito en fuentes oficiales.
En el sector aún no terminó de asimilar el shock que enfrentaron el 21 de agosto pasado se enteraron que “no solo no podían aumentar las tarifas” tal cual habían acordado con las autoridades en su momento, sino que sus servicios pasaban a ser considerados “públicos esenciales”.
Cabe recordar que el DNU además estableció el congelamiento hasta fin de año de las tarifas de sus servicios y no se toma en cuenta el aumento que las empresas tenían previsto aplicar desde este mes.
La decisión presidencial avanza y mañana el Senado de la Nación justamente discutirá varios Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) firmados por el Poder Ejecutivo, entre los cuales se encuentra la derogación de la estatización de la empresa Vicentin y el DNU 690 del sector de las telecomunicaciones.
En las empresas de telecomunicaciones reconocen que siempre tuvieron un buen diálogo con Ambrosini, titular del Enacom. Una vez conocida la decisión oficial el funcionario afirmó públicamente que el ánimo de la medida es lograr que “la gente siga conectada, que tenga previsibilidad en los pagos y que las empresas no pierdan plata”.
La reglamentación del decreto estará a cargo del Enacom y la reunión de hoy es justamente para ir avanzando en la definición de la creación de un servicio básico, inclusivo con una tarifa social con alcance real y regular al mercado en competencia. En este sentido, Ambrosini, afirmó en su momento que “la idea no es que las empresas pierdan plata, ni que desinvierta, ni estatizarlas, ni nada que se le parezca”.
La decisión presidencial afecta a los negocios de las empresas Claro, Directv, Telecentro, Telecom y Telefónica quienes en su momento emitieron un comunicado conjunto advirtiendo que “"Semejante cambio de reglas intempestivo e inconsulto produce un profundo impacto negativo para todos los actores del sector TIC, inversores, sus cientos de miles de empleados en todo el país…”
En el comunicado muestran la sorpresa por la decisión argumentando que “que siempre mantuvimos el diálogo de buena fe con todas las autoridades, incluso para buscar alternativas que lleven alivio a quienes más lo necesitan”.
También recuerdan que durante 15 años (1999/2015) tuvieron el congelamiento de las tarifas de la telefonía básica (teléfonos de línea fija). Asimismo explican que el servicio llega a través de las distintas modalidades -fijo, móvil o satelital- a cubrir hasta el 95% de la población del país.
El propio Alberto Fernández explicó en diversas notas periodísticas que lo que lo llevó a tomar la decisión fue una charla que tuvo con el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en la que supo que "había 6 mil chicos" que por falta de conectividad tenían que volver a las escuelas.
También el jefe de Estado sostuvo que estas empresas “funcionaban sin ningún tipo de regulación estatal" y que si bien los precios estaban sujetos al mercado al ser muy pocas empresas esta situación propicia una "muy alta facilidad de cartelización". Esta "condición dominante en los mercados exige algún tipo de regulación".
En tanto, las cooperativas y empresas de telefonía más pequeñas confían en que tendrán por parte del gobierno un tratamiento diferencial por lo cual no participan en el reclamo de las empresas líderes del sector.
En fuentes de la Casa Rosada afirman que la decisión está tomada y que no habrá marcha atrás. En el sector empresario también tienen la misma impresión pero aspiran a que la reglamentación aligere la incertidumbre que generó esta medida. Sin embargo, esto no evitará que sigan, en el caso de algunas compañías, el reclamo vía judicial.



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