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El juez de lo Mercantil 1 de Sevilla considera válido el plan de rescate de Abengoa que puede denunciado por los accionistas minoritarios que aún pueden apelar la decisión
Abengoa recibe una bombona de oxígeno para evitar la quiebra tras el auto de Javier Carretero, juez del Juzgado Mercantil 1 de Sevilla, que rechaza la suspensión cautelar del plan de reestructuración presentada por la plataforma Abengoashares.
El dictamen de Carretero aún es recurrible por parte de Abengoashares, que aglutina el 14,5% del capital social según sus cifras.
El auto expone que da lugar a una suspensión pues la tutela y la demanda del acuerdo están garantizadas. Eso sí, no impone ningún tipo de multa, sanción o costas temerarias.
Por tanto, al ser favorable a los intereses de Abengoa, no se produce la caución de 1.000 millones de euros que la compañía solicitaba en casos de que se produjese la paralización del rescate.
La posición de Anbengoashares tras conocer la decisión judicial es que el “el partido no se ha terminado” por el hecho de que aún se puede recurrir la decisión ante la Audiencia Provincial y siguen apostando porque la junta general extraordinaria que solicitaron podría tumbar los acuerdos para Abenewco 1.
La pelota en el tejado de la Junta
“Volveremos a pedir a Abengoa una nueva negociación de nuestra situación tras la negativa de la Junta de Andalucía de participar en su plan de reestructuración”, señalan desde la plataforma de minoritarios.
Con estas palabras hacen referencia a las declaraciones de este martes del consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, en las que aseguraba en una entrevista en Canal Sur Radio que Abengoa debe demostrar “seguridad jurídica y garantía de viabilidad”.
El temor del gobierno regional es acabar sentado en los juzgados como sucedió en el pasado por lo que exige a Abengoa “máxima transparencia”.
El Gobierno esperaba la decisión del juez
Por las declaraciones de Bravo se entendía que la ayuda del ejecutivo andaluz estaba supeditada al auto judicial: “Ahora mismo hay un proceso judicializado por la denuncia de los minoritarios y mientras el juez no levante la suspensión y se pronuncia sobre las peticiones de los minoritarios, disponemos de algo más de margen”, declaró Bravo.
El gobierno de Juanma Moreno tiene ya la decisión del juez sobre la mesa, aunque podría esperar a los recursos de los minoritarios pues también entiende que el plazo del 30 de septiembre impuesto por Abengoa como ultimátum al Gobierno no es vinculante.
Mientras, la oposición presiona y el portavoz de Hacienda del PSOE en Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, solicitó al presidente andaluz que expliqué “por qué esta dispuesto a hacer fracasar el plan de reestructuración”.
Para De Arellano es una “extrañeza” y una “sorpresa” las reticencias del Gobierno de Andalucía para no aportar los 20 millones de euros solicitados por una empresa en la cual la mayoría de sus 2.5000 trabajadores se encuentran en esta autonomía.
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