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La secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, afirmó que no hay ninguna razón que avale las afirmaciones de varios periodistas y políticos opositores que sostienen que el gobierno pretende avanzar sobre las libertades civiles y aplicar el estado de sitio con aval legislativo.
Ante las acusaciones instaladas a través de medios opositores sobre la pretendida inconstitucionalidad de la prohibición de las reuniones sociales, Ibarra aseguró que “el gobierno en ningún momento evaluó el estado de sitio. Está descartado. En marzo, cuando se dictó la primera etapa del aislamiento, se prohibieron las reuniones sociales en todo el país. Eso fue aprobado en el Congreso con voto de la oposición. Es decir que inconstitucional no es”.
El “primer decreto decía lo mismo que este”, que fue promulgado una semana atrás. “Ahora estamos en una situación peor. Hay más casos de contagios y además hay más muertos”.
Pero la restricción de ciertas actividades a las que se señala como principales difusoras del COVID-19 es algo muy distinto a promover la instalación del estado de sitio, subrayó la secretaria Legal y Técnica. “El estado de sitio se puede dictar porque hay conmoción interior o ataque exterior. En la Argentina no hay ninguna de las dos, con lo cual no hay ningún fundamento para dictar el estado de sitio”, aclaró.
“El estado de sitio suspendería las garantías constitucionales. El presidente no quiere detener a nadie. Quiere que si alguien rompe una norma intervenga un juez o una jueza y que en el proceso estén todas las garantías constitucionales”, explicó.
“Este decreto es por quince días, es proporcional a la situación, y es para el cuidado de la salud pública”, recordó. "Los epidemiólogos nos dicen que uno de los grandes focos de contagios son las reuniones sociales. Cuando nos encontramos con nuestros afectos bajamos la guardia y es comprensible. Y como hay asintomáticos, no podemos saber si alguno está contagiando”. Y agregó: “Eso puede crear un foco de contagios que inmediatamente se vuelve un brote muy importante y de difícil control. Nosotros fuimos votados para cuidar la salud de los argentinos”, subrayó.
Ibarra terminó llamando la atención sobre la gravedad de la situación y la necesidad de impedir las reuniones sociales como mecanismo para tratar de garantizar la salud de todos los argentinos. “Estamos con un pico alto de contagios y queremos evitar llegar a puntos peores. Se puede ir a un restaurante porque ahí rige un protocolo y las autoridades pueden controlar que se cumpla. En las reuniones sociales no”.
Las declaraciones de Vilma Ibarra vinieron a cruzar frontalmente la estrategia de los denominados halcones de Juntos por el Cambio, que han decidido quemar las naves ensayando un oposicionismo sistemático a las iniciativas del gobierno nacional. Algo muy diferente a lo que sucede con los sectores de ese mismo espacio que tienen responsabilidad de gestión, y que marchan de manera acompasada con las decisiones del ejecutivo, con el que mantienen un fluido intercambio.
No debe olvidarse que las garantías propias concluyen cuando se afectan las ajenas. Es lo que diferencia a un sistema democrático de la anarquía. Proponer que cada uno haga lo que le parezca, prescindiendo de las consecuencias sobre los demás es una conducta suicida. Salvo que el que la propone se haya puesto a resguardo previamente.
(www.REALPOLITIK.com.ar)
