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El ahorro que implica el arreglo con los acreedores es sobre un dinero que nunca estuvo en las arcas nacionales, por lo que Alberto Fernández y Martín Guzmán comienzan a fijar la mira, nuevamente, en el Fondo Monetario Internacional.
El alivio financiero provocado por el acuerdo con los bonistas es real, e implicaría un ahorro para el país de 4.500 millones de dólares en los próximos cinco años. Sin embargo, no es dinero que el gobierno podrá utilizar para otros fines, dado que nunca estuvo en poder de Argentina.
En efecto, especialistas argentinos en deuda aclararon que ese dinero nunca fue parte de las arcas nacionales, sino que corresponde a dólares que debían pagarse en parte este año y el resto en los cuatro años siguientes. “El país no tiene ese dinero y, con toda seguridad, no pensaba pagarlo en el futuro”, aclaró el economista Camilo Tiscornia en una reciente entrevista periodística.
De este modo, el gobierno se enfrenta a la salida de la cuarentena y a la primera ventana de reactivación económica sin dinero para arrancar la máquina productiva. Todo lo que queda es invertir a través de sacrificar otros gastos, como un nuevo ajuste en las jubilaciones o un aumento en las tarifas públicas que permita una reducción significativa en los subsidios.
El plan de reactivación planteado por el equipo de Martín Guzmán comienza a quedarse sin nafta, y todavía no comenzó. En este escenario, la estrategia a llevar adelante por parte del gobierno de Alberto Fernández es utilizar la carta del acuerdo con los bonistas, lo que le da aire para salir en busca de un nuevo crédito.
Con un escenario de inflación, inestabilidad económica y una brecha del dólar descontrolada, el gobierno saldrá a negociar con organismos de crédito y tendrá la mira puesta fundamentalmente en el Fondo Monetario Internacional (FMI), con quien ya estaría avanzando en un nuevo acuerdo.
